La avalancha de cayucos que estos días llegan a Canarias y la cotidiana y televisada tragedia de quienes no pudieron tocar las puertas de Eldorado han impedido apreciar la importancia de una reciente iniciativa parlamentaria conjunta de PSOE e IU en la que piden al Gobierno que extienda el derecho al voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes legales. Descontados los ciudadanos comunitarios, que disfrutan ya de ese derecho, la medida afectará a cientos de miles de inmigrantes que, convertidos en electores, podrían modificar la correlación de fuerzas de varios e importantes ayuntamientos.

Aunque enormemente beneficiosa para los inmigrantes, no se trata de una proposición del todo inocente. Desde hace meses, los socialistas vienen estudiando la repercusión que tendría la irrupción de estos nuevos votantes en el mapa municipal, en la creencia de que una mayoría de ellos pasaría a formar parte de su electorado natural. Al PSOE las cuentas le salen, pero eso no ha impedido que al PP la propuesta le haya parecido bien y haya adelantado su disposición a apoyarla. Quizás a los populares les pase lo que a Clara Campoamor quien, a diferencia de Margarita Nelken, luchó para que las mujeres tuvieran derecho al sufragio por una cuestión de principios, aunque luego votaran lo que el cura les dijera. O quizás hayan hecho sus propios cálculos.

En esta ocasión, han sido los nacionalistas catalanes los que han planteado objeciones. Pretenden que la Generalitat pueda establecer condiciones adicionales de arraigo al margen de la permanencia en el territorio y que los inmigrantes demuestren que saben catalán. Tendrían que explicar por qué el arraigo lingüístico de alemanes, británicos, franceses o de todos los que han podido votar hasta ahora sin que nadie les tomara la lección en la lengua de Ramon Llull les ha importado un pimiento. CiU, que también echa cuentas, sabe que Cataluña es la comunidad con mayor número de extranjeros –casi 900.000- y que la defensa de la identidad catalana no está entre sus principales preocupaciones.

Para hacer posible este voto inmigrante en las municipales de mayo de 2007, el Gobierno tendría que proceder a la firma de convenios con los países con mayor número de nacionales residentes, de manera que se cumpliera el requisito de reciprocidad que establece el artículo 13.2 de la Constitución. Ya existen firmados acuerdos semejantes con Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia que sería preciso ratificar, pero, sin duda, los que resultarían determinantes serían los que concedieran el derecho al sufragio a los naturales de Ecuador –que no permite constitucionalmente votar a ningún foráneo- y Marruecos, ya que representan el 24% del total de extranjeros, cerca de un millón de personas. Los casi 400.000 rumanos tendrían asegurado el voto con el ingreso de su país en la UE el próximo 1 de enero.

Esta extensión del derecho al voto implica otro reconocimiento de mayor calado: la condición de España como país receptor de inmigrantes, la constatación de que la uniformidad cultural y racial que diferenciaba nuestras ciudades de las grandes urbes del mundo es cosa del pasado, la aceptación sobrevenida de que hay españoles que nacen y otros que se hacen, porque es previsible que una parte significativa de los cuatro millones de extranjeros que nos rodean aspire en algún momento a la nacionalidad.

La posibilidad de elegir a los que gobiernan, aunque sea en esa primera esfera municipal, abre nuevas posibilidades a los recién llegados, especialmente la de decidir quiénes administran y en qué gastan sus impuestos. Si aún estuviéramos a tiempo, haríamos bien en evitar los errores que han cometido nuestros vecinos, que han hecho de los guetos su fórmula magistral de integración y que han extendido la xenofobia entre quienes siempre han creído que los derechos nacen en los árboles genealógicos.

Por el momento, y en ausencia de una extrema derecha estructurada, no hay político que no alabe en público las virtudes de esa inmigración que se pretende ordenada pero que está dispuesta a jugarse la vida en una partida de póquer con Neptuno. Somos una puerta en el campo. De los que han entrado esperamos que nos limpien las calles, nos paseen al abuelo y nos paguen las pensiones. A los que llegan medio muertos les envolvemos compasivamente en papel de albal y, si no podemos repatriarlos, les damos un plano del metro y los dejamos en la calle como quien suelta unas palomas. A algunos de estos malditos, sólo los que tienen papeles, les vamos a dejar votar. Tanta generosidad resulta conmovedora.

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