Con cierta asiduidad oímos hablar de la competitividad de la economía catalana y de los importantes retos a los que debe hacer frente para paliar la deslocalización de algunas actividades industriales. Políticos, sindicatos y organizaciones empresariales nos brindan discursos grandilocuentes sobre el hecho de que las empresas que no sepan desarrollar su actividad en un entorno cada vez más marcado por el uso de las tecnologías de la información en sus procesos productivos tendrán que enfrentarse con serias dificultades para mantener sus cuotas de mercado y competir en una economía globalizada.

Se defiende que para garantizar la competitividad de las empresas es preciso asegurar las condiciones que permitan desarrollar actividades con elevado valor añadido que utilicen trabajo cualificado y se pretende aplicar, por tanto, una política industrial que favorezca el incremento de la productividad y de la competitividad a través de la innovación empresarial y del conocimiento, puesto que nuestro país no puede competir en costes con los grandes exportadores asiáticos ni tampoco con los países emergentes.

Sin duda existen diferentes factores que pueden explicar la capacidad de una economía para atraer nuevos proyectos empresariales y evitar la deslocalización de actividades productivas, entre los cuales las tecnologías de la información y la innovación empresarial desempeñan un papel sumamente relevante. No obstante, sorprende que cuando se habla de la competitividad de la economía catalana no se preste una atención especial a la situación de los polígonos industriales, puesto que la dotación de suelo industrial para usos productivos con unos buenos servicios es un factor determinante de la capacidad de crecimiento de una economía.

Es asombroso que hoy no exista un censo exhaustivo de estos polígonos y que fuentes distintas proporcionen informaciones diferentes sobre una cosa tan básica como es la identificación de los polígonos existentes en un determinado territorio. También a menudo, surgen distintas ofertas a pocos kilómetros de distancia que no responden a un planteamiento de carácter supramunicipal, pues los municipios actúan de manera individual y competitiva.

Sin duda, los legítimos intereses de cada municipio son un escollo para conseguir una oferta eficiente y racional de suelo industrial de calidad.

¿Cómo podemos ser competitivos si ni siquiera conocemos los polígonos existentes en Catalunya o los servicios que ofrecen, que en algunos casos son muy deficientes, a los empresarios que buscan un enclave para instalar una empresa? Finalmente, debe tenerse en cuenta que no existe ninguna norma jurídica que regule específicamente su conservación y las relaciones entre los propietarios de las parcelas y las diferentes administraciones, especialmente las locales. Sería interesante, por tanto, fomentar la creación de asociaciones representativas en cada uno de ellos, con el objetivo de que los empresarios puedan tener una voz única ante las administraciones. Con ello, podrían analizar de manera conjunta les necesidades reales y, en la medida de lo posible, encontrar soluciones consensuadas a los mismos.