El jeque Nasrala cumplió sus promesas, pregonadas antes de esta guerra, y sus agentes ya han emprendido la evaluación sobre el terreno de la colosal devastación sufrida por la población libanesa. Iniciaron su trabajo, adelantándose a las indolentes organizaciones del maltrecho Estado. En Baalbek y otras localidades bombardeadas, en los devastados suburbios chiíes de Beirut, empleados de Jihad El Bina,popular sección de Hezbollah encargada de los trabajos de reconstrucción, que ya en anteriores ocasiones había dado muestras de su eficacia - en 1996 y 1998 durante las implacables represalias militares israelíes-, acudieron rápidamente a los lugares destruidos para ofrecer sacos de cemento, ladrillos o ayuda económica, a los que se quedaron sin casa o, por lo menos, resultó muy dañada.
En Baalbek donde tres mil viviendas están total o parcialmente destruidas, los agentes del Yihad el Bina visitan inmuebles y domicilios afectados, interrogan a sus dueños o inquilinos sobre los daños, anotan el valor de las pérdidas sufridas. Hezbollah, la arraigada organización comunitaria de los chiíes, se ha comprometido primero a indemnizar a las personas que quedaron a la intemperie y después a sufragar buena parte de los alquileres del mobiliario que deberán adquirir hasta que se reconstruya su vivienda. El Partido de Dios ha prometido, también, indemnizar a los que perdieron comercios, granjas y negocios.
Es evidente que estas inmensas sumas de dinero no pueden provenir de la tesorería de Hezbollah, ni mucho menos del Estado libanés, ni de los países que han ofrecido su contribución como Arabia Saudí o Kuwait, los ricos principados petrolíferos del Golfo. La financiación de la reconstrucción, auspiciada por Hezbollah, va a efectuarse - como declaró el jefe druso Walid Jumblat, hostil a la política del jeque Nasrala y de su desafiante acción del 12 de julio de capturar a dos militares israelíes-, por Irán, la gran valedora de esta organización chií libanesa radical.
Después de estos días de frágil cese de hostilidades ha vuelto a aflorar la profunda contradicción libanesa entre un Estado, congénitamente débil por sus características confesionales, y una motivada resistencia con base popular chií indiscutible. El Gobierno ha aplazado sine die una reunión en torno al tan debatido desarme de Hezbollah. Los dirigentes del partido integrista, pero no por ello menos asentado entre la población, han dejado bien sentado que no se desarmarán bajo presiones perentorias y que su arsenal pertenece a la defensa nacional de Líbano.
El ejército libanés enviado al sur, a bombo y platillo, no tiene una misión definida y de ningún modo se atreverá a buscar ni a incautarse de las armas de Hezbollah. Recibido en algunos poblados del sur con pétalos de rosa y arroz, es la primera vez que se despliega con tanta ostentación en la zona fronteriza con Israel. Pero las ordenes que le han sido transmitidas no son claras. Se refieren a que debe oponerse a cualquier manifestación armada, sin especificar su enemigo. Los hombres de Hezbollah, por su parte, afirman confiadamente que el ejército no "es extraño" a esta región - una mayoría de sus soldados son chiíes, como la población del sur de Líbano- y que la "resistencia sabrá protegerlo".
Algunos dirigentes locales advierten que las potencias extranjeras, a través de esta resolución del Consejo de Seguridad, han tendido una trampa al ejército para que se enfrente, si fuese necesario, a los combatientes de Hezbollah, advirtiendo que hay que evitar a toda costa un sangriento conflicto interior. El gobierno de Siniora y sus aliados Sadd Hariri y Walid Jumblat, postulan que el Estado debe ser un Estado fuerte, que no permita la existencia de otros contingentes armados en su territorio. Es la repetida historia desde 1943, año de su independencia. Es, también, la renovada fórmula de la solución a la libanesa que sólo trata de evitar encararse brutalmente con desbordantes problemas, para no precipitarse en más hogueras de muerte y horror.

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