PARA establecer una política de inmigración eficaz hay que partir de una premisa poco grata: es menester ponerse desagradable. Los Gobiernos tienen que mostrar su ceño más hosco a los extranjeros, establecer condiciones de acogida rigurosas y expulsar con determinación a quienes no las cumplen. Aun así, se colará un número bastante mayor del deseable, porque el embudo nunca resulta lo bastante estrecho cuando empujan la miseria, la desesperación y el hambre. Desde el buenismo es imposible controlar los flujos migratorios, una tarea forzosamente despiadada que obliga a bajar la persiana del bienestar ante muchos seres humanos con quienes, desde la conciencia moral, nos gustaría compartirlo. Pero sabemos que nuestros recursos, aunque generosos, son limitados, y que es preciso acordar cuánta gente cabe bajo su amparo.
Conociendo, por ende, que siempre serán más de los que calculemos, porque no se le pueden poner puertas al mar ni al campo.

El Gobierno español está desbordado ante la crisis de los cayucos, pese a su buena voluntad y su manifiesto interés, porque tiene mal enfocada la cuestión de fondo, que es la del mensaje global que España emite sobre su política migratoria. Mientras se produzcan regularizaciones masivas, mientras los irregulares sepan que no van a ser devueltos, mientras les quepa una oportunidad o un resquicio, y no digamos mientras encima se les conceda derecho de voto, lo van a seguir intentando. Con cayucos, con pateras, en moto acuática o a nado, llegado el caso. Tienen la certeza de que, si logran saltar la barrera, al otro lado existe un futuro, un aliciente lo bastante serio para jugarse la vida.

En Francia, el Ministerio del Interior de Nicolas Sarkozy se dispone a reexpedir a 25.000 inmigrantes ilegales en pleno verano, aprovechando que las vacaciones suspenden el derecho de acogida para los «sin papeles» con hijos en la escuela. Caso por caso, el Gobierno galo va a estudiar con lupa los expedientes de solicitud y va a poner en aviones de retorno a todo el que no cumpla requisitos como haber aprendido el idioma o haberse integrado socialmente tras un periodo de estancia razonable.
La medida no resulta cuantitativamente significativa en una nación de altísima tasa inmigratoria, y además cuesta bastante dinero, pero Sarkozy quiere enviar un mensaje nítido: la ley se cumple, y las condiciones no son fáciles.España necesita hacer un gesto duro, difundir una señal áspera y desabrida que manifieste de manera inequívoca que esto no es un coladero. Una actuación decidida y resuelta sobre las condiciones de acogida será mucho más persuasiva, y a la larga más barata, que todos los blindajes fronterizos, siempre insuficientes ante la exasperada marea humana. Pero eso implica ponerse antipáticos, y casa mal con las sonrisas de las que este Gobierno ha hecho cuestión de estilo. O de talante.