SI juzgamos a partir de lo que nos cuentan los grandes cronistas de la actualidad y dejamos al margen ese mundo -¿irreal?- que con tanto garbo nos describe Rosa Belmonte, debemos concluir que, a diferencia con el pasado, ya no quedan en nuestro entorno «minorías selectas», grupos -de sangre, de pensamiento o de fortuna, que eso importa menos- capaces de orientar con su conducta la del resto de las personas. La masificación nos aplasta y va costando trabajo ser uno mismo sin dejarse llevar por los aludes de las modas y los bien organizados torrentes de la industria cultural.

Las únicas «minorías selectas» que nos concedemos como válidas y presentes son eventuales y discontinuas. Son minorías construidas por elección y con el deliberado propósito de que solo tengan vigencia durante el suspiro que dura una legislatura parlamentaria. De ahí que, por razones de origen y representatividad, debiéramos ser especialmente respetuosos con los 350 padres de la Patria, muchos de ellos ignotos, que, instalados en el Congreso de los Diputados, son, hoy por hoy y mientras se recupera el mundo de las ideas, muestra única «minoría selecta» -quizás solo «seleccionada»- disponible.

La parte de esa minoría que constituye la mayoría parlamentaria, el PSOE y sus incondicionales, acaba de rechazar una propuesta del PP en la que se solicitaba la presencia en un pleno extraordinario de los ministros de Medio Ambiente, Interior y Agricultura. Un magnífico editorial de este periódico y la aguda reflexión de Luis Ignacio Parada ya se han ocupado del asunto y han subrayado que el Parlamento es un estorbo para el Gobierno cuando la finura democrática no integra la primera capa de su propia cebolla, de su naturaleza ideológica y programática. Aún así quisiera insistir en uno de los matices del caso.

Diego López Garrido, el pregonero socialista que mejor traslada los recados de José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que el Gobierno no se niega a explicar en sede parlamentaria lo sucedido en Galicia, pero lo hará cuando sea «útil» y «adecuado». Concediéndole al guiñol Garrido, y a quienes le mueven por el escenario, la gracia polisémica de la palabra «adecuado» tenemos que alarmarnos, para que no se nos encallezca el espíritu democrático, con la palabra «útil».

Útil, ¿para quién? Lo será, de serlo para alguien, para un Gobierno que, convertido por una forzada mayoría en juez y parte de los acontecimientos, se perdona todas las tardes los errores y desmanes de todas las mañanas. Pero que quede claro, es el Gobierno quien debe serle útil a la Nación. El concepto utilidad no cabe en el Parlamento que es, y debe ser, litúrgico, esclarecedor, vigilante, representativo más que nada, pero no útil.
Justamente es su vaporosa realidad, bien diferenciado su poder de los restantes del Estado -obligatoriamente útiles-, la que nos permite valorar la calidad de una democracia. La mala calidad de la nuestra.