El último comunicado de ETA conocido ayer supone una reafirmación de las pretensiones políticas de la banda terrorista. El texto pone sobre la mesa dos mensajes precisos: que el proceso abierto con la tregua no tiene como fin buscar la desaparición de la violencia ni incorporar a la izquierda abertzale al sistema democrático y que si se vuelven a producir detenciones policiales o actuaciones legales, la banda responderá.

La difusión del texto etarra, dos meses después de la del último comunicado de la banda, ha estado precedida por varias semanas de discurso duro de los dirigentes de Batasuna, que han empleado argumentos similares a los que ETA suscribió ayer. Las advertencias de los dirigentes del partido ilegalizado y el contenido del mensaje de ETA reflejan la sintonía entre unos y otros y la actuación coordinada entre el grupo terrorista y su entorno político.

El contexto en el que se ha dado a conocer la declaración de la banda se caracteriza por la inminencia de la primera reunión entre el Gobierno y ETA. Aunque no se conoce cuándo se va a llevar a cabo esta cita, la primera con carácter oficial desde la tregua, en diversos sectores políticos se daba por hecho que tendría lugar a finales del mes de agosto. La banda, de esta forma, marca su impronta poco antes de la cita, repitiendo la misma operación que hizo en el mes de mayo, cuando ETA apareció haciendo unas declaraciones a Gara una semana antes de la fecha prevista para que Zapatero anunciara en un mitin que había decidido dar luz verde a los contactos con la banda.

En su texto de ayer, el grupo terrorista vuelve a recordar que la tregua tiene por objeto promover lo que llama el "proceso democrático", concepto cuyo significado explicó en el boletín interno de abril, el Zutabe 110. Dijo entonces que cuando habla de "proceso democrático" se refiere "al tránsito que tiene que hacerse del actual estatus político impuesto a un marco basado en la autodeterminación y en la territorialidad. Por tanto, no puede ser un proceso que acabe en el marco actual", añadía.

Y por ello, precisamente, dirige sus ataques contra el PSOE y el PNV, por considerar que ambos partidos pretenden "desvirtuar" el sentido del proceso en cuestión para que parezca que con él se busca llegar al final de ETA y a la integración de la izquierda abertzale. El comunicado ataca duramente a esos dos partidos, a los que responsabiliza de la "crisis" en la que, según la banda, ha entrado "el proceso".

Una segunda parte de la declaración es una respuesta a las actuaciones legales contra ETA y su entorno político. En su lenguaje, la banda sostiene que Francia y España "continúan utilizando toda su maquinaria represiva", situación que considera "incompatible con un proceso de diálogo". La banda, por vez primera desde el inicio de la tregua, formula una amenaza contundente: "Queremos advertir que si continúan esos ataques, ETA responderá". Y para ETA un ataque es tanto la detención de los miembros de la red de extorsión o del presunto colaborador de un asesinato, como las actuaciones judiciales contra Batasuna o sus dirigentes o, incluso, las medidas penitenciarias aplicadas a los reclusos miembros del grupo.

ETA no dice cómo va a "responder" si se produce una detención de un presunto etarra o si los tribunales prohíben la próxima manifestación de Batasuna, pero el contexto de la afirmación no lleva a pensar que será redactando otro nuevo comunicado.

Relacionado con este contexto, el escrito conocido ayer vuelve a insistir en la acusación a las "autoridades españolas" de no haber cumplido "sus compromisos de alto el fuego". ETA se ha referido ya en tres ocasiones a la existencia de tales "compromisos" previos del Gobierno y por el contexto en que se ha pronunciado cada vez parece deducirse que consistirían en una "tregua" judicial y policial.

El cese de los atentados de ETA tendría que ser correspondido no sólo con una ausencia de detenciones por parte de los cuerpos policiales españoles, sino también con una cancelación de todas las actuaciones judiciales abiertas contra las estructuras políticas afines a la banda. Esto último es algo que escapa, incluso, al poder del Gobierno, pues se trata de competencias específicas de los jueces.