LO QUE planteo no es quién quema el monte, sino por qué se quema. Si bien la causalidad inmediata puede tener múltiples etiologías (venganzas, estulticia, desinterés, actuaciones criminales para ocultar otra tipología de delitos, motivos económicos), la razón última determinante de esta situación es el abandono del monte, la infrautilización en unos casos, que se convierte así en un polvorín.

Si bien es cierto que en unas breves líneas no cabe dar respuesta a un problema complejo, sí quisiera realizar unos breves apuntes sobre la materia.

1º No cabe identificar monte y terreno forestal. Sería un error muy notorio, y que puede generar trágicos equívocos. En efecto, lo que denominamos como monte es lo que tradicionalmente se ha venido denominando como inculto. El terreno forestal, el fruto del cultivo selvícola, el que es objeto de una ordenación dasocrática, es precisamente el más importante cortafuegos. Un monte ordenado, cultivado racionalmente, es muy difícil que arda. Por el contrario, una superficie abandonada, dejada a las propias fuerzas de la naturaleza, es el mejor caldo de cultivo de los incendios.

2º La política forestal y la de ordenación del territorio tienen que coadyuvar necesariamente a evitar que se generen situaciones como las actuales. Se hace imprescindible una salvaguarda del derecho de propiedad, cada vez más intervenida, y en la que el propietario no parece el titular de un derecho subjetivo, sino un funcionario que ha de cumplir una retahíla, cada vez más gravosa, de cargas y obligaciones. No abogo por una ausencia absoluta de regulación, pero sí por una regulación con una menor planificación imperativa, y mayor ordenación estratégica, que permita al propietario una utilización de su propiedad en la que, cohonestando la función social que está llamada a cumplir, satisfaga sus legítimos intereses individuales. Si una propiedad no es rentable, se produce, más pronto que tarde, su abandono.

3º Se hace precisa, de modo inmediato, una política de fomento que potencie nuestra riqueza forestal, que parece la línea lógica cuando otros sectores (en especial el agropecuario), se encuentran con muy difícil salida de sus excedentes. Pero no sólo lo forestal. En los terrenos no urbanos habrá de permitirse al propietario el desarrollo de otras actividades, como la de radicación de energías renovables, desarrollo de complejos turísticos, zonas para las actuaciones cinegéticas, localización de actividades industriales y, con las debidas cautelas y lógicas salvaguardas, residenciales.

4º Es necesario desarrollar una normativa coherente y racionalizada. Nos encontramos en este momento con una plural normativa, de rango y procedencia muy diversa. En el monte intervienen todas las administraciones de base territorial, incluso la local a través de ordenanzas, y se dictan también una serie de disposiciones sectoriales (urbanística, medioambiental, comunicaciones, infraestructuras) con decisiva incidencia.

Galicia, siendo el mayor productor forestal de España, carece de una ley de montes específica, con una legislación de montes vecinales en mano común obsoleta y dispersa entre normas estatales y autonómicas. Es necesaria una disposición que integre toda la dispersa normativa en la materia, que constituya un auténtico código forestal autonómico, suprimiendo duplicidades y ordenando el sector.