LA pretensión de los alcaldes de participar en la gestión de los fondos que el Principado dedica a cooperación local, así como de ver recogida esta prerrogativa en el nuevo Estatuto de Autonomía, coincide en el tiempo con las permanentes disensiones de los sindicatos de la minería con el Gobierno regional sobre el destino de los fondos dedicados a la reactivación de las cuencas. Dos cuestiones distintas que tienen un nexo común: limitar la capacidad de decisión del Principado.

En la etapa autonómica, no hemos conocido en nuestra región el peso de una oposición parlamentaria clásica, dirigida por el principal partido de la oposición, aunque hemos visto zozobrar gobiernos en el Parlamento por el juego subterráneo de los aparatos de partido. En la actual legislatura, la Junta General del Principado es un mar de aguas tranquilas; el Gobierno de Areces trabaja sin el corsé de la oposición, pero al salir del Parlamento hay una oposición sin escaños que condiciona las acciones del Ejecutivo y es responsable del inmovilismo asturiano. Alcaldes y sindicatos mineros, cada uno por su lado, contribuyen a rebajar la jerarquía política del Principado. Forman una oposición atípica.

La mejor prueba de que alcaldes y sindicatos mineros constituyen el verdadero contrapoder en la región lo evidencia Ovidio Sánchez, presidente del PP y líder de la oposición parlamentaria, que asume en su discurso las demandas que proceden de los ayuntamientos y de la mina.

Como el rol peculiar de los sindicatos de la minería ha sido muchas veces analizado (para evitar equívocos, digamos que el sindicalismo asturiano, en general, se entromete en decisiones políticas de una forma desconocida en otras comunidades autónomas), conviene hacer una reflexión sobre el papel de los alcaldes y los ayuntamientos en la dinámica política asturiana.

Digamos, para empezar, que aunque el 'caso Marbella' esté en su apogeo, la imagen de los concejales y de los alcaldes es mucho mejor entre la gente que la de los diputados, consejeros, ministros o presidentes. Un discurso de perfil político más bajo, centrado en la gestión de asuntos cotidianos, relaja la desconfianza del ciudadano ante el cargo público. A eso hay que sumar la especificidad asturiana, que es la exacerbación del localismo, lo que da una autoridad natural, indiscutida, al representante municipal, que se le niega al consejero del Principado. Recordemos cómo hasta hace diez años se llamaba 'gobiernín' al Ejecutivo regional.

Con frecuencia, los políticos asturianos que llevan muchos años en la vida pública evocan su etapa de concejal o de alcalde, como «la más guapa», «la más interesante», de su trayectoria política. Al parecer, para buena parte de nuestros representantes, organizar el carnaval o gestionar el equipo de salvamento de una playa es más gratificante que participar en la elaboración de leyes. Como tantas veces en la vida, las aficiones y las querencias constituyen un test sobre el nivel cultural de los individuos.

Sobre todo este magma opera el mito de la proximidad, según el cual la cercanía, el supuesto roce con el vecino, da una pátina de autenticidad y rigor a las decisiones políticas de la que están excluidas las resoluciones de los parlamentos. Todo ello conduce a que el ciudadano asuma el ayuntamiento como algo suyo y vea como una lejana superestructura al Principado. La mejor evidencia de todo ello reside en que hasta los principales líderes políticos, empezando por el presidente Areces, se declaran defensores del municipalismo. En Asturias, el municipalismo es un signo de progresismo político, de enraizamiento en los intereses populares.

El corsé de los alcaldes

Más allá de la retórica, el transcurso de las legislaturas autonómicas nos ha enseñado que en nuestra región cuesta decidir sobre cualquier cosa por la oposición de los alcaldes. La famosa reordenación del territorio, una operación ya estudiada por los gobiernos de Pedro de Silva, no pudo llevarse a cabo por los estrechos intereses localistas. La tantas veces citada zona central asturiana, un conjunto de 3.000 kilómetros cuadrados habitado por cerca de 900.000 asturianos, que concentra el 85% del PIB regional, sigue sin gestionarse de una forma conjunta para no violar la autonomía municipal.

El nuevo Hospital Central de Asturias no se ubicó en la llanura de Siero para evitar que De Lorenzo se rasgara las vestiduras. Las más formidables inversiones universitarias se han realizado en municipios sin que se haya registrado un incremento de las matriculaciones superior a los cincuenta alumnos. Se construyen hospitales comarcales a diez minutos de otro hospital comarcal. Proliferan los auditorios y los edificios singulares dedicados a la cultura: Moya, Calatrava, Niemeyer. Termino con una anécdota simpática. En nuestra región tuvimos un presidente del Principado que fue pionero en la atención a la preparación física, en una época en que los hombres todavía creían de buen gusto fumar dos paquetes al día y poner dos alerones al coche. Como un ciudadano más participaba en la prueba atlética de final de año. Con la particularidad de que corría dos 'San Silvestre', una en Oviedo y otra en Gijón. Para gobernar a gusto de todos.

Las nuevas leyes de bases de régimen local, que ultiman los gobiernos de Zapatero y de Areces, han disparado las expectativas de los alcaldes. Es justo que aspiren a una mejora de las maltrechas finanzas municipales, pero por debajo de esta meta está el objetivo de redistribuir el poder político en la región. Como el localismo forma parte del pensamiento hegemónico regional, hay relevantes miembros del Consejo Consultivo que plantean la incorporación de los ayuntamientos a la iniciativa de reformar el Estatuto de Autonomía. Costó mucho esfuerzo apuntalar la estructura autonómica -el único formato válido para participar en el debate político español-, como para empezar a disgregarla y debilitarla. Ni los sindicatos ni los alcaldes pueden decidir sobre la sanidad, la educación o los equipamientos culturales de dimensión regional. El localismo, el municipalismo, a nuestra escala, reproduce los 'tics' del nacionalismo.