El debate que estamos viviendo en España acerca de las naciones, las realidades, los vestigios norteafricanos o celtas de este o aquel territorio es algo cercano a una suerte de perturbación mental colectiva. En alguna ocasión he propuesto que Asturias ofrezca una muestra de su sensibilidad literaria afirmando que disfruta de «aroma nacional». Ya en serio, me parece que, para quien conozca la historia del concepto de nación, una convicción se impone: las ideas que alimentaron las naciones y el nacionalismo han dejado de mover las turbinas de los tiempos europeos y además han perdido su función de servir de legitimación al poder. Los ciudadanos actuales tienen raíces en sus pueblos y en sus comunidades, pero también disponen de alas: para volar a otros continentes e integrarse en otros espacios. Y si de la nación vamos a los estados, advertimos que, a la vista de las mudanzas económicas que los han transformado en el siglo XX, sus elementos tradicionales, población, territorio y poder se han alterado sensiblemente. ¿Alguien imagina con la cabeza fría que puedan ser capaces de ofrecer alternativas hoy en el escenario mundial de una economía abierta?¿Es que se ignora que el Fondo Monetario Internacional controla la política económica de al menos la tercera parte de los estados «soberanos» de la tierra? ¿Alguien piensa seriamente en una economía española o francesa independientes? ¿Y adónde nos llevaría imaginar una bávara, flamenca, sajona, catalana o vasca? Por ello la «independencia» de territorios españoles como Cataluña o el País Vasco -con la que sueñan orates tenidos por progresistas- conduciría sin más a firmar la rendición incondicional, es decir, la «dependencia» ante los monopolios sabiamente organizados del mercado mundial. Se trata por ello de un sueño reaccionario que se convierte en una pesadilla para toda persona amante del progreso.
Porque son los mismos estados grandes los que se hallan en manos de grupos empresariales poderosos, pues sin ellos son incapaces de prestar servicios o de usar determinadas tecnologías. Es decir, la mayoría de ellos carecen de garantías reales de independencia, de suerte que, si nos empeñáramos en seguir recreando naciones y nuevos estados pequeños o sucedáneos de los mismos, no haríamos sino emprender una alocada carrera destinada a poblar el espacio de entidades frágiles y de dudoso crédito. Poco serias, en suma.

No quiero decir con ello que el Estado tradicional, llegado hasta nosotros en Europa, vaya a desaparecer. A mi juicio, transformado ese Estado, es preciso proclamar bien alto un ¡viva el Estado!, pues no puede ni debe convertirse en un fantasma melancólico que vague sus soledades por los espacios. Antes al contrario, se necesita un poder fuerte y democráticamente organizado que legitime decisiones y medidas de gobierno que afectan a millones y millones de ciudadanos, que cree espacios de acuerdo, que tenga siempre a punto y engrasado un marco que permita depurar los conflictos sociales evitando su degeneración en un polvorín que ponga contra las cuerdas el delicado orden de la convivencia -la vieja «pax publica»-. Ésta es una de las funciones más importantes del Estado, insistimos, del Estado democrático. Y retengamos este adjetivo, pues es verdad inconcusa que lo poco de democracia que en el mundo existe se halla precisamente en el Estado, hucha donde se guardan los ahorros de la legitimación del poder.

El neoliberalismo ha pretendido arrinconarlo y someterlo a una implacable cura de adelgazamiento, deslegitimándolo y creando su propia fuente nutricia de legitimación. Se trata de reivindicar justo lo contrario, el Estado fuerte, pero para que emerja y se consolide ese Estado fuerte es preciso que sea transnacional, que abandone la rumia «nacional», que se ponga otras gafas y pierda esa «miopía» que le impide identificar con puntería el entorno en el que ha de desenvolverse. Este objetivo sólo puede conseguirse por medio de la cooperación entre estados, creando espacios de soberanía cooperativa. Ulrich Beck ha subrayado esta perspectiva. El Estado, por consiguiente, ha de «deslocalizarse», al igual que han hecho los grandes monopolios y las grandes unidades del poderoso tejido económico presentes a escala mundial, para moverse y avanzar de forma rítmica.

Porque la economía mundial y sus agentes más importantes, los gigantes de la producción de bienes y de servicios, gozan de un poder arrollador que se hace cada vez menos controlable en un mercado donde son muy fluidas las relaciones en ámbitos decisivos como el comercio, los flujos financieros y la comunicación. ¿No estamos viviendo acontecimientos como la fusión de bolsas europeas con la de Nueva York o la de fabricantes de equipos de redes de telecomunicaciones? ¿No hemos comprobado cómo el capital atraviesa continentes sin inmutarse en la opa de la empresa Mittal sobre Arcelor? El desplazamiento de las grandes industrias desde sus tradicionales lugares a otros de reducidos costes es un ejemplo bien elocuente. Tal poder se refuerza cuando se conjuga con las características específicas de determinadas industrias: piénsese en la farmacéutica cuya capacidad para actuar en los mercados mundiales pone en riesgo la autoridad de quienes han de comprar masivamente sus productos como son los estados (del bienestar) a través de sus instituciones sanitarias. Todo ello implica una creciente disminución del peso de las instituciones públicas locales y nacionales en beneficio de los grandes conjuntos empresariales de alcance internacional con sedes privilegiadas en las capitales europeas, americanas, asiáticas...

Nadie ignora que el desafío al que se enfrenta el mundo contemporáneo sigue siendo el de la distribución social de la riqueza. Igual que siempre, porque la Historia se empeña en dar vueltas como cangilón de noria. Procede repasar recetas y, a la vista de ellas, los socialdemócratas (o socialistas) sostenemos que, si no existen instituciones públicas robustas que se ocupen de la asignación y redistribución de la renta, el futuro de la sociedad europea y de amplias capas de las poblaciones que la conforman se hallará seriamente comprometido. Con consecuencias explosivas. Restablecer la «autoridad» de esas autoridades públicas se impone como simple tarea de supervivencia, de salud social que a todos debe importar porque a todos implica.

De ahí la importancia de una Europa fuerte, de unos estados fuertes, de unas regiones fuertes (¡no de dieciséis comunidades autónomas!) y de unos municipios fuertes (con la broma de los ocho mil municipios españoles urge acabar). Es decir, de un poder público fuerte legitimado democráticamente que ha de luchar contra aquellas resistencias sociales que son cápsula donde anidan y se enrocan las injusticias sociales, hoy de alcance y dimensiones globales. Y de ahí, lógicamente, la reaccionaria aberración que suponen los «estaditos», las «regioncitas» y los «municipitos».

Para los complejos mundiales sometidos a «unidad de dirección», consorcios que atraviesan fronteras como la luz la superficie de un cristal y contemplan el planeta como una inmensa finca sin parcelar, para todo ese mundo moderno y agresivo, nada resulta más beneficioso que disponer, como interlocutores, de poderes públicos «enanos», de gobiernos y administraciones públicas «bonsais», con competencias falsamente «blindadas», fáciles de conducir al huerto de sus propias aspiraciones e intereses.

La lucha por ese sagrado trofeo que es el interés general exige, tal como ocurre en toda lucha, contar con armas parejas.

Francisco Sosa Wagner es catedrático y escritor.