Los pequeños comerciantes catalanes han disparado su actividad de lobby y multiplican estos días sus reuniones con políticos en Madrid y en Barcelona: el final del periodo transitorio previsto en la ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 supondrá la extinción de los contratos de alquiler indefinido de locales comerciales firmados antes de 1987 y obligará a alquilar de nuevo, pero a precios de mercado. Todo ello puede llevar al cierre a miles de comercios en zonas céntricas de Barcelona. Alejandro Goñi, responsable de Pimec-Comerç, señala: "Aproximadamente el 60% de los 35.000 comercios de Barcelona está en un local alquilado, y estimamos que cerca del 35% tiene aún contratos de renta antigua: miles de pequeños comerciantes están pendientes de que consigamos un cambio en la LAU o ayudas de la Administración a los afectados".

El periodo transitorio de esta ley acaba en el año 2014, pero los comerciantes han empezado ya a movilizarse, han mantenido reuniones con el Ministerio de Industria y Comercio y han creado una comisión para estudiar el caso con el Ayuntamiento de Barcelona. Según Miquel Àngel Fraile, secretario general de la Confederación Española del Comercio, "éste es un problema que afecta a toda España, la solución ha de ser política y acabará en manos del Parlamento". Fraile destaca que "no es demasiado pronto" para plantear el asunto, ya que cambiar una ley como la LAU "puede llevar años".

Luis Montes, director de agencia de la consultora Ferran, considera en cambio extemporánea la petición de los comerciantes de modificar la LAU y recuerda que la ley "previó un amplio periodo transitorio de veinte años para que todos los comerciantes tuvieran la oportunidad de adaptarse". La controvertida disposición preveía que los locales comerciales con contratos indefinidos sujetos a prórroga forzosa (anteriores a 1987) vieran actualizar sus rentas anualmente para recoger el IPC y se extinguieran finalmente en el 2014. Según Montes, pese a la subida de la inflación, esos contratos tienen alquileres "muy por debajo de los de mercado; hay por ejemplo locales que pagan 1.200 euros mensuales de alquiler en plena calle Pelai, cuando el precio actual sería de alrededor 48.000". Montes sostiene que esta situación "supone una competencia desleal para los propios comerciantes", que se encuentran con que un competidor que ocupe uno de esos locales puede ofrecer mejores precios porque tiene unos costes mucho más bajos. Otros, señala Montes, "están en ubicaciones privilegiadas y simplemente se hinchan a ganar dinero".

El experto de Ferran señala que "normalmente el coste del alquiler de un local comercial supone alrededor de un 11% de las ventas de un comercio". La excepción son algunas ubicaciones excepcionalmente caras, como el paseo de Gràcia, en el que muchas firmas alquilan grandes superficies para beneficiarse del "efecto escaparate" que supone ubicarse en un entorno exclusivo.

Montes destaca que cambiar la LAU rompería el principio de seguridad jurídica, ya que "la expectativa del final de esos alquileres desfasados se ha incorporado a los precios de los locales: muchos se han vendido como inversión, contando el comprador con que en pocos años podría alquilarlos libremente". Los alquileres de renta antigua están por toda la ciudad, afectan especialmente a sectores antiguos, como panaderías, colmados y bares, y son menos frecuentes en los superejes del entorno del paseo de Gràcia y Portal de l´Àngel. "Allí ha habido muchos traspasos en los que los propietarios o cadenas comerciales han pagado a los comerciantes de toda la vida para que dejaran el local", explica.

Alejandro Goñi señala en cambio que la extinción de contratos antiguos "llevará al propietario del local a beneficiarse del esfuerzo que han hecho los comerciantes para impulsar y dinamizar ejes comerciales" como la calle de Sants, Gran de Gràcia, Gran de Sant Andreu o similares. "Los comerciantes hemos hecho un gran esfuerzo por que se mejore la iluminación, se amplíen las aceras, se regule el tráfico o se hagan zonas peatonales, incluso hemos invertido en promoción, y esto es lo que ha impulsado el valor comercial de esas zonas y también el precio de los alquileres". Goñi propone que ese esfuerzo tenga un pago económico y que los comerciantes sean indemnizados cuando el local se alquile a un nuevo usuario, "algo similar al key fee que existe en países como el Reino Unido".