Con la campaña militar israelí contra Hezbollah y las infraestructuras civiles de Líbano en su tercera semana, empieza a parecer improbable que Israel alcance los objetivos no negociables que se había inicialmente: el retorno de los dos soldados secuestrados por Hezbollah el 12 de julio y la eliminación del arsenal de cohetes y misiles de Hezbollah antes del cese de las hostilidades, su desarme completo y su alejamiento de la frontera internacional, así como su exclusión del proceso diplomático subsiguiente. Aunque el primer ministro israelí, Ehud Olmert, a su salida de la reunión con la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, el martes 25 de julio, insistía en que la ofensiva iba a continuar, cada vez resulta más evidente que los dirigentes israelíes no pueden esperar obtener sus objetivos operativos y políticos de manera directa, mediante el uso masivo de la fuerza y sin recurrir a la diplomacia o la persuasión. El ministro de Defensa y líder del Partido Laborista, Amir Peretz, ha revelado este paulatino convencimiento al describir la acción militar como un medio "para alcanzar un acuerdo político más favorable, que conduciría al fin de la ofensiva".

El dilema para Israel es que, aunque el jefe del Estado Mayor, Dan Halutz, y otros altos cargos del ejército hablan de una campaña que podría durar varias semanas más, es posible que no dispongan de tanto tiempo. Aunque mucho menores, en cifras relativas y absolutas, que los daños causados a Líbano por la destrucción de sus infraestructuras y la pérdida de oportunidades de negocio, los costes directos e indirectos ocasionados a la economía de Israel por la pérdida de la temporada turística, el gasto de munición de alta tecnología y la movilización de reservistas (hasta ahora 18.000) son considerables, y se vuelven más onerosos cada día que pasa. Es especialmente significativo el desplazamiento de una buena parte de la población del norte de Israel, que las estimaciones cifran entre un 30% y un 50%, algo comparable al flujo de refugiados en el lado libanés; esto representa un grave desafío social y político, así como una carga económica añadida, ya que el Gobierno israelí se ha comprometido a abonar subsidios de desempleo a los trabajadores desplazados y a compensar a las empresas afectadas.

Por tanto, no es extraño que empiecen a aparecer los primeros signos de disensión entre los miembros laboristas del Gobierno de coalición israelí, que han expresado sin circunloquios sus dudas acerca de los objetivos y el alcance de la intervención militar en Líbano y exigen información exacta sobre el número y propósito de las tropas terrestres que están siendo desplegadas. La amarga experiencia de la invasión de Líbano de 1982 y sus secuelas - la matanza de refugiados palestinos en los campos de Sabra y Chatila y la costosa ocupación del sur de Líbano durante 18 años- continúan proyectando una larga sombra sobre el pensamiento israelí. En consecuencia, los líderes políticos y militares israelíes se han dejado la piel intentando convencer a la opinión pública de que el país no volverá a caer una vez más en la trampa libanesa.Pero cuanto más se prolonguen las hostilidades, mayor inquietud reinará entre la opinión pública israelí y los propios miembros del Gobierno y sus aliados, una inquietud que no hará más que intensificarse si Hezbollah no se desmorona y el mando militar israelí, para compensar su frustración, decide continuar la escalada de violencia y amplía el alcance de sus operaciones en Líbano en un intento de obtener ventajas decisivas a la vista de la creciente presión a favor de una intervención diplomática internacional.

Otro síntoma de que Israel empieza a sentirse acuciado por la falta de tiempo es el hecho de que los primeros esfuerzos diplomáticos, prácticamente inexistentes durante la primera semana de la crisis, están empezando a tomar forma, como la conferencia de Roma. Preocupados por la gran popularidad de Hezbollah en la opinión pública árabe e incómodos ante el alto grado de apoyo estadounidense a la acción militar israelí en Líbano, los gobiernos egipcio y saudí han acabado por asumir un papel más activo en la exigencia de consultas y mediación internacionales. Es significativo que Arabia Saudí, que inicialmente culpó a Hezbollah de haber desencadenado la crisis, sabiendo que detrás estaba la mano de Irán y temiendo el ascenso del poder y la agresividad chiíes en el vecino Iraq y en toda la región, haya empezado a pugnar por poner fin a la incursión israelí, aunque sea en el contexto de un acuerdo negociado más amplio, que también se ocuparía del poder militar y el estatus de Hezbollah en Líbano. Los efectos negativos de la crisis también son evidentes en Iraq, donde el primer ministro Nuri al Maliki ha expresado su desacuerdo con la política estadounidense y ha advertido del impacto desestabilizador de la ofensiva israelí en la región.

Dos posturas diplomáticas se han consolidado ya de forma preliminar. Por un lado, la posición norteamericano-israelí exige la eliminación sustancial del arsenal de cohetes en manos de Hezbollah y su retirada del sur de Líbano, donde sería sustituido por el ejército regular libanés, antes de cualquier alto el fuego, a lo que seguiría el desarme completo de la organización. Por otro, la posición del Gobierno libanés, respaldado por el otro mediador occidental importante, Francia, pero potencialmente también por otros gobiernos árabes y europeos, insiste en que el alto el fuego es un requisito previo incondicional y obvio, que sería seguido por una ronda de negociaciones entre los libaneses, con el fin de desarmar a Hezbollah y conseguir la retirada israelí de las Granjas de Cheba, la franja de los Altos del Golán ocupada por Israel en junio de 1967 pero reclamada por Líbano. A cambio de poder exhibir como mérito propio esta última concesión, Hezbollah estaría dispuesto a renunciar a una gran parte de su capacidad militar, o quizá incluso a toda.

El abierto apoyo del presidente estadounidense, George W. Bush, a la acción militar israelí, subrayado por las declaraciones públicas de Condoleezza Rice en las que descartaba apelar a un alto el fuego inmediato, indica que Israel dispone de una semana más, o quizá dos, para alcanzar sus objetivos por medios militares. Pero está claro que la ventana de la oportunidad se va cerrando, e Israel tendrá que alcanzar sus objetivos en el marco de un esfuerzo diplomático colectivo, que además deberá incluir a Hezbollah, si no directamente, al menos a través de un intermediario cercano, contrariamente a las exigencias de Israel.

Por lo demás, en ese contexto la ONU y la UE definirán sus posiciones de una manera más coherente y asumirán roles diplomáticos más activos, lo que dificultará a Israel proseguir su acción militar.

Pero eso no significa que se aproxime un fin de las hostilidades. Al contrario, el enfrentamiento militar entrará en una segunda fase, probablemente prolongada y dolorosa, en la que Israel y Hezbollah llevarán a cabo operaciones militares continuas a fin de condicionar la agenda del proceso diplomático e influir en su resultado. Y aquí nos hallaremos ante una llamativa paradoja. Israel sigue rechazando la idea de un alto el fuego antes de alcanzar sus principales demandas, es decir, el desarme y la retirada de Hezbollah, para lo que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, pero en realidad le resultaría más útil un alto el fuego inmediato, porque sólo así la diplomacia internacional y árabe y el debate interno libanés podrían poner el acento en la cuestión del desarme de Hezbollah. Por eso mismo Hezbollah, que insiste en exigir el alto el fuego y el intercambio de prisioneros antes de discutir cuestiones de mayor calado, saldría más beneficiado de la prolongación de los enfrentamientos, aunque ello represente un alto coste para la población civil y la economía de Líbano; una batalla de larga duración aumentaría su popularidad entre el público árabe y musulmán y amenazaría la política estadounidense en la región, además de permitirle a la larga retener una porción mayor de sus arsenales y su estatus singular en Líbano.

La consecuencia inmediata será la demora en el despliegue de una fuerza de estabilización internacional en el sur del país; en cualquier caso, aunque todas las partes reclaman ese despliegue (excepto Hezbollah, que se opone a él), sigue sin haber acuerdo acerca de su propósito principal. Lo que es más grave: el hecho de que el enfrentamiento militar vaya a prolongarse significa que Israel o Hezbollah pueden continuar la escalada de violencia, y que el proceso diplomático puede tambalearse o fracasar. La declaración en la Knesset israelí del viceprimer ministro Shimon Peres el martes en el sentido de que el conflicto con Hezbollah es una cuestión de "vida o muerte..., o ellos o nosotros", sugiere que el Gobierno israelí, que en la práctica ha dejado la determinación de la estrategia general en manos de la cúpula militar desde las primeras horas de la crisis, puede seguir prolongando las operaciones militares en busca de objetivos políticos irrealizables.

La dramática declaración de Peres puede ser útil como pantomima política destinada al consumo interno, pero lo cierto es que Israel se ha colocado en una posición en la que sus opciones se van desvaneciendo con el tiempo. Frente a la perspectiva de verse involucrado a largo plazo en otro conflicto libanés, quizá llegue a la conclusión de que la diplomacia representa un medio más eficaz de construir un consenso internacional, árabe y libanés a favor de la puesta en práctica de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prevé, entre otras cosas, el desarme de Hezbollah. Sin embargo, su incapacidad para alcanzar este resultado mediante la aplicación de presión militar directa también puede significar que Israel tendrá que convivir todavía por algún tiempo con la presencia ininterrumpida de un Hezbollah fuertemente armado y libre de ataduras. Por su parte, Hezbollah será estimulado a resistir por Irán y Siria.

Esto no significa que Hezbollah pueda librarse de hacer importantes concesiones, en especial en lo que respecta a su capacidad para mantener una fuerza militar cerca de la frontera israelí. Al precipitar la crisis con el secuestro de dos soldados israelíes, Hezbollah cometió un grave error de cálculo. No supo prever la intensidad y la extensión de la reacción israelí, y subestimó el grado de libertad de acción que la comunidad internacional - especialmente EE. UU., pero también un país árabe de primera fila como Arabia Saudí- iba a conceder a Israel para responder con una operación militar. Pero la confianza de Hezbollah en la posibilidad de conseguir el intercambio que pretende - los dos soldados israelíes a cambio del puñado de prisioneros libaneses que Israel retuvo como moneda de cambio tras su retirada del sur de Líbano en mayo del 2000, más un cierto número de prisioneros palestinos, posiblemente- sin perder por ello su fuerza militar autónoma y su estatus político especial en Líbano, quizá no esté del todo injustificada.

Por tanto, a falta de una intervención militar israelí mucho más extensa y prolongada, el resultado más probable del conflicto será un compromiso no concluyente, o por lo menos un proceso diplomático a largo plazo que reflejará una situación de estancamiento militar. Si esto sucediera, la decisión inicial de Israel de responder al secuestro de sus soldados dejando a un lado la diplomacia y recurriendo en su lugar a una ofensiva militar de amplio alcance habrá resultado ser un error estratégico. Entonces se verá que Olmert, que decretó el recurso inmediato a la fuerza, se aferró precipitadamente a la crisis provocada por Hezbollah precisamente porque carece de una estrategia política más amplia para la resolución de los principales problemas nacionales de Israel, tanto en el sur de Líbano, en Gaza o en el conjunto de los territorios palestinos como a escala de toda la región. En tal caso se verá afectada la estabilidad de su Gobierno de coalición y su capacidad para sacar adelante su anunciado (pero inconcreto) plan de convergencia para la retirada parcial de Cisjordania.