Los González Mejía le acusan de "burlar el contenido obligacional de un fallo judicial firme".

Los dueños de la finca ‘El Quiñón’, terrenos donde Francisco Hernando, más conocido como El Pocero, está construyendo 13.000 viviendas en Seseña (Toledo) se van a personar hoy en la querella presentada por Izquierda Unida en la Fiscalía Anticorrupción contra el constructor.

Los hermanos González Mejía, propietarios de los terrenos, acusan al Pocero de “burlar el contenido obligacional de un fallo judicial firme, mediante la ejecución de un plan expresamente concebido para hacer inútil y baldío el proceso judicial iniciado en el año 1991, obteniendo así un beneficio económico sin precedentes, tan cuantioso como ilícito. En el seno de ese proceso los aquí comparecientes [los hermanos] tenían legítimamente reconocidos el derecho de recibir la finca ‘El Quiñón’, mediante condena de transmisión forzosa, lo que no se ha cumplido”.

Según los González Mejía, los terrenos de ‘El Quiñón’, donde se levantan ahora más de 13.000 viviendas por obra y gracia de Hernando, son de su pertenencia según una sentencia del Tribunal Supremo que el Pocero nunca cumplió.

Tal y como relata el escrito de los abogados de la familia, el padre de los González Mejía, arrendatario histórico de la finca, ejercitó el derecho de adquisición forzosa que preveía la ley en aquel entonces. El titular registral del terreno se opuso, hubo juicio y la primera sentencia fue favorable para los González.

El titular recurrió ante la Audiencia Provincial y, durante la tramitación del recurso, la finca fue transmitida a una entidad mercantil, entonces llamada ‘Promoción Comunidad de Pantoja’, que repartió la finca entre tres familias. Como la segunda sentencia confirmaba la propiedad de los González, la empresa que había comprado el terreno presentó un recurso de casación ante el Supremo. Y en 1997, el Alto Tribunal ratificó que la propiedad le correspondía al padre de los González Mejía.

Sin embargo, la empresa Pantoja cambió de nombre y dos terceras partes de la compañía fueron vendidas a Hernando. Desde ese momento ya fue imposible que el Pocero devolviese la finca. Según la querella, hay diversos delitos cometidos por Hernando. Desde el uso de información privilegiada hasta la ejecución de un plan de defraudación para evitar la ejecución de un fallo judicial firme y definitivo.

Un PAU polémico desde el principio

La personación en la causa de los dueños de la finca es la primera desde que Izquierda Unida presentara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la construcción del residencial Francisco Hernando en los terrenos del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) ‘El Quiñón’, una obra en la que se prevé la edificación de 13.500 viviendas y que aumentará la población de la localidad toledana de Seseña en un 500%.

Hernando presentó en noviembre de 2002, a través de la empresa Onde 2000, un PAU para los terrenos propiedad de la familia González Mejía que fue aprobado tan sólo seis meses después por el consistorio entonces presidido por José Luis Martín (que en aquellos momentos pertenecía al PSOE) en el último pleno municipal antes de la celebración de elecciones locales. Martín contó entonces con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, a pesar de que la comisión provincial de urbanismo había emitido un informe negativo sobre el PAU.

Con la celebración de las elecciones en mayo de 2003, el Consistorio pasó a manos de la coalición Izquierda Unida, opuesta desde un principio al proyecto, aunque su situación de minoría en la corporación municipal (cuenta con cinco ediles, frente a los cuatro del PSOE y otros tantos del PP) impidió que pudiera paralizar el desarrollo de estas viviendas en unos solares desolados, apartados del casco urbano y que siguen sin contar con accesos ni con servicios urbanos tales como el abastecimiento de agua.

En la denuncia presentada por el grupo político contra el constructor se señala con nombres y apellidos a importantes políticos de los dos principales partidos de ámbito nacional, entre ellos Eduardo Zaplana y José Bono, por sus relaciones con el constructor. El primero se encargó de aprobar una medalla al mérito en el trabajo para el empresario cuya iniciativa había corrido a cargo del entonces jefe del gabinete del subsecretario del ministerio, Marino Díaz Guerra, a la sazón consuegro de Hernando.

El expediente de concesión de la medalla comenzó a tramitarse el 19 de noviembre de 2002, el mismo día en que se aprobó el PAU ‘El Quiñón’. La querella de Izquierda Unida señala que, también en esa fecha, Eduardo Zaplana firmó la escritura de una hipoteca con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por 1,62 millones de euros para adquirir una vivienda en un exclusivo barrio de Madrid.

La conexión con Zaplana

La denuncia de Izquierda Unida hace hincapié en el hecho de que las oficinas de la CAM en Seseña se encuentran en locales propiedad de Hernando y que la cuantía mensual que debía pagar Zaplana por su hipoteca era de 8.000 euros, cuando su sueldo como ministro era de 6.000 euros al mes. La medalla fue finalmente concedida el 27 de marzo de 2004, cuando el ‘popular’ ya era ministro en funciones. Con posterioridad se han iniciado trámites para que sea ejecutada la revocación de la concesión.

El otro político citado con nombre y apellidos es el ex ministro de Defensa y ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono. La denuncia presentada por IU se acompaña de un vídeo en el que se demuestra que las máquinas de Onde 2000 realizaron obras en Hípica Almenara -una empresa de la que Bono es accionista - al tiempo que el PAU de Seseña recibía todas las bendiciones de la Junta de Castilla-La Mancha presidida por Bono.

Los trabajos efectuados por la empresa de Hernando en la empresa del ex ministro resultaron ser una excepción dentro de la actividad de la compañía, cuyas máquinas y obreros suelen trabajar exclusivamente en las obras proyectadas por el Pocero. Según han asegurado fuentes de la coalición de izquierdas, el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, recibió en su momento el aviso por parte del consejero de Relaciones Institucionales de la Junta, Emiliano García Page, de que la vinculación entre Bono y Hernando debía permanecer en la sombra si el consistorio toledano quería seguir recibiendo “trato de ayuntamiento socialista” por parte del Gobierno autonómico.