El Gobierno de Zapatero aprobará mañana una norma que desregulará más aún el negocio de las televisiones: podrán decidir qué nos van a ofrecer con solo 72 horas de antelación. Cada vez más, las obligaciones de los operadores son menores y las medidas para garantizar que el servicio que ofrecen tenga algún marco, aparte del económico, son menos visibles. Cuando Zapatero llegó al poder anunció que mejoraría los contenidos y crearía un consejo estatal del audiovisual. De todo aquello no se sabe demasiado, pero, en cambio, la visita a la Moncloa, hace un año, de los magnates de las televisiones privadas ha causado efecto: han arrancado una medida que les permite flexibilizar más aún un negocio que parece más a su servicio que al de la sociedad.

¿Qué ventaja tiene para el espectador que las televisiones solo tengan la obligación de presentar las programaciones con tres días de antelación? Andar de cabeza para saber qué se les ha ocurrido a última hora a las cadenas para seguir jugando a competir por el liderazgo de audiencia. Contraprogramar o modificar las parrillas en función de la competencia es un deporte económico. Que no nos engañen las televisiones cuando aseguran que la norma vigente hasta ahora de los 11 días, que respetan más o menos la mayoría de países europeos, es en beneficio de los periódicos y los suplementos especializados. Este es un detalle menor.

Lo que realmente se resiente de la imprevisibilidad de la programación es la coherencia y el espíritu de servicio de un medio que corre el peligro de convertirse en una máquina tragaperras en beneficio de unos pocos y en una caja de sorpresas para una mayoría que todavía pretende utilizarlo como servicio.

MÒNICA Terribas. Periodista.