El PP presentará este lunes el recurso contra el Estatuto Catalán ante el Tribunal Constitucional, de Federico Quevedo en El Confidencial
El Partido Popular presentará este mismo lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto Catalán aprobado el pasado 18 de junio en referéndum y publicado en el BOE hace una semana para su entrada en vigor el próximo 9 de agosto. Con toda probabilidad, serán los dos ponentes del PP en la Comisión Constitucional, Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, quienes llevarán el recurso al máximo órgano judicial.
Fuentes del PP confirmaron este extremo a El Confidencial. El recurso está preparado desde hace varias semanas por los servicios jurídicos del principal partido de la oposición. La intención de los ‘populares’ era haberlo presentado en la primera quincena de julio, pero el retraso en la publicación en el BOE del texto del nuevo Estatuto ha obligado a posponerlo hasta este próximo lunes. El PP dudó, incluso, de que pudiera presentarlo antes de agosto.
El Estatuto que fue aprobado en referéndum con los votos de solo uno de cada tres catalanes el pasado 18 de junio, ha provocado durante toda su tramitación un intenso debate y el distanciamiento de los dos partidos mayoritarios en un asunto en el que, hasta ahora, el consenso era máximo: el modelo de Estado. El PP considera que el Estatuto es una reforma encubierta de la Constitución dirigida a modificar el actual modelo autonómico por otro más próximo a la idea confederal.
El PP entiende que el Estatuto supone una trasgresión de los principios de solidaridad interterritorial e igualdad entre todos los ciudadanos del Estado, y constituye en sí mismo una forma de construcción del Estado distinta a la enunciada en la propia Constitución Española. Este será, de hecho, el argumento central del recurso que el PP llevará el lunes al TC. De ahí que el recurso alcance desde el Preámbulo de la norma hasta la última de sus disposiciones.
Cataluña no es una ‘nación’
Según el recurso del PP, prácticamente todos los títulos del Estatuto son objeto de inconstitucionalidad, porque en todos ellos se vulnera algún artículo de la Carta Magna. Es más, en la mayoría de los casos el PP se basa en sentencias del propio TC para argumentar su posición sobre la inconstitucionalidad del texto, comenzando por el reconocimiento de Cataluña como “nación”.
La desaparición de la Constitución como fuente de la que emana el poder de la Generalitat, el reconocimiento de los ‘derechos históricos’, o la exigencia de saber el catalán forman parte de los motivos del recurso. En este último aspecto, por ejemplo, se incluye una sentencia del TC del año 1986 en la que se rechaza el deber de conocer una lengua autonómica.
El recurso también incluye como anticonstitucional el capítulo de derechos y deberes, el hecho de que la Administración de la Generalitat se convierta en la única administración presente en Cataluña, la limitación de competencias del defensor del pueblo, la invasión de competencias del Tribunal de Cuentas y la merma de la autonomía de los entes locales en Cataluña.
Justicia, uno de los títulos más controvertidos
El recurso pone especial atención en el Título II que afecta a la Justicia. La configuración del Tribunal Superior de Justicia como réplica del Tribunal Supremo, la figura del Fiscal Superior de Cataluña o la creación del Consejo de Justicia de Cataluña al que se adscriben competencias propias del Consejo General del Poder Judicial, y el hecho de que la Generalitat se arrogue competencias que son propias de la Administración de Justicia del Estado, son inconstitucionales.
Finalmente, el PP considera que también pueden ser calificados como tales los blindajes de competencias-subvenciones y la vulneración del reparto competencial contenido en la Constitución –como, por ejemplo, la competencia exclusiva sobre Cajas de Ahorros que se otorga la Generalitat- y, sobre todo, la consagración del principio de bilateralidad que hará que el Gobierno autonómico participe en los nombramientos en los consejos de organismos del Estado y miembros de los órganos de dirección de instituciones y empresas públicas.
