El Gobierno acaba de remitir a las comunidades autónomas un borrador de la asignatura educación para la ciudadanía, creada por la ley orgánica de Educación (LOE) y cuya entrada en vigor está prevista para el curso 2007-2008. La nueva asignatura es, según ha afirmado la ministra de Educación, uno de los principales compromisos educativos del Gobierno, y responde a una recomendación de la Unión Europea para paliar el déficit democrático que observa en los países de la propia UE: en los del Este, por su escasa tradición democrática; en el resto, por la creciente apatía y desinterés de los ciudadanos hacia la cosa pública. Esta materia, que será obligatoria y evaluable, tiene como objetivo crear ciudadanos conscientes de sus derechos democráticos.

Pero la nueva asignatura, cuyo nombre completo es educación para la ciudadanía y los derechos humanos, aborda también la transmisión de valores morales y, dentro de ellos, y como eje central, la tolerancia y el respeto a la diferencia. La nueva asignatura explicará a los escolares, por ejemplo, que no existe un único tipo de familia, sino varios, incluida la homosexual. Este aspecto, justificado en el hecho de que la igualdad legal no es suficiente,ha sido hasta ahora el más polémico, provocando el rechazo frontal de sectores de la Iglesia católica y de la patronal de la enseñanza privada, que consideran que no corresponde al Estado la responsablidad en la transmisión de valores.

En cambio, los sectores laicos defienden que todas las sociedades transmiten valores, y que el Estado no está vacío de ellos, porque existen unos valores que están recogidos en la Constitución y por ella proclamados.

Por ello, justamente, el Estado debe introducir la educación cívica en el sistema educativo, para educar a los niños y adolescentes en un mínimo común ético dentro de una sociedad que es cada vez más plural desde el punto de vista moral, religioso y cultural. Es esta pluralidad la que conlleva la necesidad de un acuerdo sobre un patrimonio común de valores compartidos y asumidos por todos - en él se basa precisamente el concepto de patriotismo constitucional,acuñado por el filósofo alemán Jürgen Habermas.

Debería sorprender que, en el curso de la definición de lo que va a ser la nueva asignatura de educación para la ciudanía, cuyos contenidos se han pactado con las más diversas asociaciones e instituciones, no haya aparecido referencia alguna a la pluralidad lingüística y cultural de España, un valor proclamado por nuestra Constitución pero cuyo desarrollo por parte del Estado español ha sido, hasta ahora, prácticamente inexistente. Y, sin embargo, la reciente tramitación de la reforma del Estatut catalán, que ha llevado aparejada una preocupante catalanofobia que la derecha española no se ha cansado de alimentar, ha puesto de manifiesto la acuciante necesidad de que el Estado español se implique en la defensa de la pluriculturalidad española.

Un primer paso en esta dirección sería una asignatura de culturas hispánicas, que enseñara a los escolares de toda España que el plurilingüismo y la pluriculturalidad son un elemento constitutivo de la realidad española, y un valor que hay que asumir no sólo en Vitoria o Barcelona sino también en Valladolid o Sevilla. Una asunción que el propio Estado debería ser el primero en evidenciar con el uso institucional de los cuatro idiomas oficiales en España, en la línea de las sensatas propuestas que la Organització pel Multilingüisme defiende desde hace tiempo. De otro modo, va a seguir existiendo el déficit democrático que se quiere combatir. Y va a seguir siendo muy difícil sustituir el nacionalismo de Estado por el patriotismo constitucional,en un Estado como el español, que es, probablemente, el Estado unitario más descentralizado del mundo, pero que se encuentra todavía lejos del respeto a la diferencia que proclama en otros ámbitos.