En los albores de este siglo las ciudades europeas están adquiriendo nuevas dimensiones, la Europa de las regiones se esta transformando vertiginosamente en la Europa de las conurbaciones. Las ciudades en general, de ser el centro de atracción de las zonas rurales han pasado a ser el centro de atracción de los países subdesarrollados. Los nuevos flujos migratorios están acelerando e incrementando los cambios sociales, económicos, culturales y políticos desde el ámbito local. En consecuencia, la ciudadanía que habita las ciudades también está adquiriendo nuevas dimensiones, haciendo que se supere el concepto tradicional de ciudad, municipalismo y de la participación del ciudadano en las políticas locales.

Así, mientras los profesionales de la política debaten sobre las reglas por las que han de regirse naciones y estados, la ciudadanía promueve en el ámbito local nuevas demandas y relaciones que no disponen del marco legal adecuado y, en especial, la creación de nuevos espacios vitales donde converge la diversidad en barrios y ciudades.

París, la capital de Francia, es en lo que va de año una buena referencia de la explosión de esos cambios que se están produciendo en el ámbito local.

Aunque resulte paradójico, en la era de la aldea global y de las comunicaciones los cambios sociales más relevantes del momento actual se producirán en el ámbito local, entre otras razones, porque cada día más individuos desarraigados necesitarán identificarse y echar nuevas raíces.

La falta de respuestas desde los gobiernos municipales a las renovadas y diversas demandas sociales está obligando a que los ciudadanos se organicen de formas muy diversas e incluso violentas, consecuencia de su diversidad cultural, étnica, económica y política, lo cual esta superando las capacidades de las organizaciones dominantes de carácter político y sindical.

En estos nuevos escenarios, el territorio, y en especial el suelo y el vuelo, como materias primas fundamentales de los planes urbanísticos que conforman el espacio físico en el que se realiza el municipalismo adquieren cada día más importancia.

Desde siempre el urbanismo ha sido la esencia del municipalismo y entorno a él se han movido los diferentes poderes políticos y económicos, muchas veces coincidentes en sus intereses especuladores y otras pugnando por ellos. Históricamente se ha puesto en evidencia que el urbanismo ha «servido» fundamentalmente a los grupos de poder, tanto económicos como políticos.

En conclusión, desde que la ciudad existe los especuladores nos han estado usurpando las plusvalías que en ellas se generan.

Ahora estamos comenzando a vivir una nueva era, la de las conurbaciones. En ella, ciudad y urbanismo están alcanzando una nueva dimensión, sobre la que es necesario reflexionar, para controlar este fenómeno que puede llegar a producir aún mas cantidad de especulación, fraudes, desigualdades, y bolsas de marginación.

La delincuencia que está aflorando en torno al urbanismo no es una casualidad, son diversos los factores que la están alimentando, por supuesto contando siempre con personajes sin escrúpulos dispuestos a «servirse del bien común» y que encuentran en los partidos políticos un lugar donde atrincherarse para conseguir mas fácilmente sus miserables objetivos.

Desde el siglo XIX los trabajadores se organizaron para evitar ser explotados por la figura genuina del capitalismo, que era el empresario. En esa lucha los sindicatos han conseguido reducir el excesivo valor del producto del que injustamente se apropiaba el empresario: reducción de jornada, mejoras en beneficios sociales y salario.

En el siglo XX ha ido emergiendo una nueva figura de explotación del trabajador como ciudadano: la ciudad que él ha creado. A medida que la ciudad crece, explota más al ciudadano, generando más capas sociales ubicadas en anillos territoriales coincidentes con las plusvalías que se generan.
En la actualidad, una de las fuerzas más genuina del capitalismo más dañino, el especulador, se genera mediante el urbanismo. El mercado urbano es tremendamente selectivo. Es el mecanismo de explotación de los ciudadanos que habitan en las ciudades, más generalmente extendido y agresivo del mundo desarrollado.

La ciudad es así hoy, más que nunca, una fábrica de producción de plusvalías y en ella los ciudadanos debemos luchar contra la explotación a la que estamos sometidos por quienes dominan la ciudad y la exprimen para extraer más plusvalías y apropiarse indebidamente de ellas mediante la especulación.
Razón de más para exigir que se desarrollen las normas necesarias que acaben con la especulación urbanística que está expresamente prohibida en nuestra constitución y conseguir, además, que las plusvalías se distribuyan entre la comunidad que las produce, tal como se establece en el artículo 47 de nuestra Constitución:

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Las plusvalías urbanísticas están determinadas fundamentalmente por la localización del suelo y su capacidad de vuelo y su valor depende de la distancia al centro (coste del desplazamiento), el nivel de servicios (oferta) y la densidad de población (demanda).

Pero, ¿quién da valor al territorio, quién produce las plusvalías?

Nosotros, todos los ciudadanos, con nuestros impuestos financiamos los equipamientos, todos pagamos lo mismo por el agua, por el saneamiento, por la luz pública, por la viñeta, etcétera. Los más desfavorecidos pagan lo mismo con mucho más sacrificio y, a cambio, reciben menos servicios, tienen más problemas de movimiento y de acceso, tienen menos equipamientos y, encima, obtienen menos plusvalías. Al mismo tiempo, la ciudad es una fábrica que produce costes (contaminación, delincuencia), beneficios (servicios agregados) y plusvalías.

En consecuencia, en la ciudad se requieren políticas urbanísticas mas acordes con el momento actual. En primer lugar, se requieren políticas que permitan que la ciudadanía recupere mediante inversiones en servicios públicos el cien por cien de las plusvalías que se producen por la recalificación del suelo.

Y, además, para dar respuesta a los nuevos escenarios, el municipalismo debería renovarse e incorporar a sus objetivos:

a) Distribuir la ciudad, extendiéndola y ampliando el centro: promoviendo que los servicios administrativos, el comercio, empresas de servicios, etcétera, se extiendan por otros barrios, construyendo múltiples ciudades dentro de la ciudad, la de los residentes, la de los servicios, la del comercio, la de la Universidad, la de los grandes equipamientos: la del deporte, la de los congresos, la del ferial, etc.

b) Distribuir los equipamientos de forma igualitaria: que en todos los barrios exista el mismo nivel de equipamientos (polideportivos, escuelas, parques, calles, centros culturales, oficinas municipales, etcétera) para ser así los ciudadanos más iguales.

c) Reducir las diseconomías que se producen en la ciudad: consecuencia fundamentalmente de las contaminaciones ambientales y de las diferentes manifestaciones de la inseguridad (laboral, tráfico, sanitaria, delincuencia).

d) Nuevos servicios públicos: las nuevas ciudades generan nuevas necesidades, en especial como consecuencia de la incorporación de la mujer a la igualdad con el hombre y también como consecuencia de jubilaciones más tempranas y esperanza de vida más alta.

e) Introducir mecanismos fiscales de corrección del incremento del valor del suelo, para devolver a la sociedad en forma de equipamientos el valor del suelo que los propios ciudadanos han generado.

Desde la izquierda estamos obligados a buscar fórmulas que hagan la ciudad de los ciudadanos, no la ciudad contra la mayoría de los ciudadanos, como pretenden las teorías «liberales», donde la ciudad se transforma en una jungla donde los mas fuertes expulsan a los mas débiles a los arrabales, allí donde nunca llegan los equipamientos y los servicios porque la propia ciudad que hacen los poderes públicos los ha hecho mas pobres entre otras cosas porque disponen de menos plusvalías.

Desde la izquierda estamos obligados a realizar un esfuerzo por mejorar el futuro, avanzar hacia una calidad de vida igualitaria en las ciudades, donde se distribuyan de forma equitativa entre todos los ciudadanos las plusvalías y los servicios que en la ciudad se generan, haciendo que la ciudad sea de todos los ciudadanos por igual. Seremos más ciudadanos en la medida en que adquiramos conciencia de que la ciudad en la que vivimos es en parte nuestra y, en consecuencia, tenemos derecho a que se nos restituya bajo la forma de más y mejores servicios públicos, las plusvalías que en ella se generan. En las nuevas ciudades, todos estos objetivos sólo se podrán cumplir si se introducen mecanismos de participación permanente de la ciudadanía en todos los ámbitos y sectores de la política municipal, tanto en la definición de objetivos, como en la toma de decisiones y en el control de su realización. De no ser así, los políticos estarán más a resolver sus problemas que los de la ciudadanía que los ha elegido.