ASTURIAS necesita un nuevo Estatuto de Autonomía. Esta es la conclusión más nítida y el mensaje más rotundo que cabe extraer del dictamen emitido por el Consejo Consultivo respondiendo a las preguntas formuladas en su día por el Gobierno de nuestra comunidad autónoma. Pues bien, a este mismo convencimiento habíamos llegado hace ya algún tiempo en Izquierda Unida-Bloque por Asturies y así tuvimos ocasión de decirlo en un artículo publicado en este mismo periódico en abril de 2004 que titulamos precisamente 'Ahora un nuevo Estatuto'. Y pedíamos un nuevo Estatuto para Asturias, cuando el resto de las fuerzas políticas declaraban estar muy a gusto con el actual, porque estábamos convencidos de que una mera reforma cosmética de unos pocos artículos sólo significaría persistir en el error de quedar al margen del debate sobre la definición del modelo de Estado que las fuerzas políticas mayoritarias llevan cometiendo desde hace veinticinco años, permitiendo que los demás y desde fuera dispongan lo que sólo a nosotros nos corresponde decidir. El Consejo Consultivo llega a afirmar que: «la idea de afrontar el cambio como una reforma más (...) no se corresponde con la concepción al nuevo proceso de reformas estatutarias. Parece más adecuado emprender la revisión orientándola como una reforma total del Estatuto».

Y ese nuevo Estatuto ha de servir para proclamar de manera solemne la voluntad de las asturianas y asturianos de ejercer su autogobierno reafirmando su identidad como pueblo y como comunidad en el marco del Estado. En definitiva, nuestra nueva norma fundamental, más allá de las nuevas competencias que establezca o de la regulación concreta de los organismos que conforman nuestra arquitectura institucional, ha de consagrar de una vez el derecho de autogobierno de un pueblo con tanta o más historia que cualquier otro de los que conforman el Estado.

En este sentido, he señalado en más de una ocasión que los asturianos no somos más que nadie pero tampoco menos. Así opina también el Consejo Consultivo cuando aconseja no desaprovechar la oportunidad que permiten, no ya sólo las reformas estatutarias, sino las del propio modelo de Estado, estando ausente esta vez de lo que han denominado «condicionalidad del proceso de desarrollo estatutario» entendido éste como la imposición de los contenidos y los límites de lo que se puede o no se puede hacer por acuerdo de los dos grandes partidos de ámbito nacional, contenidos y límites a los que, por cierto, no se sometieron algunas comunidades autónomas que podríamos considerar privilegiadas.

Los contenidos concretos del nuevo Estatuto están por discutir. El Consejo Consultivo no duda, por ejemplo, que éste debe incorporar una declaración de derechos de los asturianos y asturianas que habrán de ser garantizados por los poderes públicos de la comunidad autónoma y así lo afirma en el citado dictamen. Yo comparto también ese criterio porque pienso que en una sociedad moderna los valores de justicia, libertad, igualdad y cohesión social, así como los derechos individuales y colectivos, deben quedar proclamados en la norma básica que rija su convivencia.

Además, esa proclamación, unida a la incorporación de los mecanismos para su eficaz ejercicio, reforzaría los vínculos entre los ciudadanos de Asturias y su primera norma, alejando la idea que algunos quieren transmitir de que este debate está muy alejado de sus intereses e inquietudes. A mi juicio, el nuevo Estatuto debe incorporar también nuevas competencias que, además de reforzar nuestra capacidad de autogobernarnos, sirvan para mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan y la eficacia y la eficiencia de la actuación de los poderes públicos.

Pero no todo son coincidencias con el dictamen. A la hora de abordar el alcance jurídico de la regulación estatutaria de la lengua asturiana y sus desarrollos normativos, así como el grado de protección normativa que se dispensa a las modalidades lingüísticas propias de la zona occidental, el Consejo Consultivo cae en lugares comunes y comete errores de bulto que son impropios de tan elevada institución. Y lo hace porque en una parte de su análisis me temo que sus componentes hablan de lo que no saben o, mejor dicho, hablan «de oído» como tocan los malos músicos. No es cuestión de extenderse aquí en rebatir su argumento que, por otra parte, ha sido muchas veces desmentido en lo que se refiere a la falta de implantación social de la lengua por las encuestas sociolingüísticas del profesor Llera.

Más se deslizan aún sus vocales por la pendiente del desatino cuando ponen en cuestión la misma existencia de la lengua asturiana, afirmación que provocaría la hilaridad o la estupefacción de cualquier filólogo que se haya parado a estudiar la realidad lingüística de nuestra comunidad autónoma y olvidando y desconociendo, quizás lo que es más sustancial aún, como es el consenso de todas las fuerzas políticas que representan a los asturianos y asturianas en nuestro Parlamento en cuanto a la consideración del asturiano como lengua como se expresa en el Plan de Normalización aprobado unánimemente en la Junta General del Principado y como se reconoce en la legislación y en multitud de normativa del Principado y de otros ámbitos institucionales.

Sin embargo, cuando los miembros del Consejo Consultivo recuperan su condición de juristas abandonando la de ciudadanos con prejuicios, vuelven a hacer afirmaciones llenas de sentido también relación con la lengua asturiana. Así indican en su informe que «la cooficialidad (del asturiano) otorga una garantía de equiparación del estatus con las demás lenguas oficiales ante el Estado ». Ante esta afirmación yo me pregunto, ¿qué maldición atenaza a Asturias para impedirnos hacer aquí lo que es normal en otros territorios que tienen la suerte de contar con su propia lengua? ¿Qué delito cometimos las asturianas o asturianos que nos hace ser menos que los gallegos, los vascos, los navarros, los catalanes, los valencianos o los mallorquines cuando nuestra lengua no es menos que la suya? Como yo creo que no hemos cometido ningún delito y que debemos estar tan orgullosos de nuestra lengua como ellos de la suya y todos de la lengua común, el castellano, defiendo que el nuevo Estatuto de Autonomía reconozca la oficialidad del asturiano o bable, como algunos lo llaman, modulando los derechos y las obligaciones derivadas de este reconocimiento, tal y como reconoce el Consejo Consultivo que puede hacerse.

El informe del Consejo Consultivo deja abiertas todas las puertas. Después del informe jurídico es la hora de la política, de la toma de decisiones que encaren nuestro futuro.

Es el tiempo de Asturias y confío plenamente en la sagacidad de nuestra sociedad para percibir esta necesidad histórica porque se trata de reconstruirnos como pueblo que quiere sentar las bases para avanzar en un camino de prosperidad y de progreso junto al resto de los pueblos de España. Otras comunidades ya han iniciado ese camino con el respaldo o la participación de todas sus fuerzas políticas. No hay ninguna razón para que nosotros no sigamos la misma senda. Conocemos el camino, sólo tenemos que tener la valentía de recorrerlo.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA VALLEDOR. CONSEJERO DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES.