La iniciativa política, de Carlos G. Reigosa en La Voz de Galicia
COMO ciudadano, uno quiere que la iniciativa política la lleve quien tiene que llevarla, conforme la Constitución nos enseña. Por lo tanto, soy un convencido de que la iniciativa en la búsqueda del final de la violencia etarra deben de llevarla las poderes públicos y, muy especialmente -sin desmerecer a nadie- el presidente del Gobierno. Por ello considero tan necesario que el PSOE y el PP, que supongo que pueden compartir este principio, anuden sólidamente entre ellos un entendimiento suficiente -y a poder ser inquebrantable- para ofrecer una posición trabada y consistente, firme e inmutable, que no permita ninguna extralimitación de ETA en su fase de desaparición. Lo contrario sería grave y podría convertirse en alimento para un terrorismo que, sin dejar todavía las armas -que no las ha dejado-, se siente argumentalmente vigorizado y, lo peor de todo, justificado históricamente. Como si en verdad no estuviera ante su derrota definitiva, sino ante una fase distinta de su lucha supuestamente irrenunciable.
La cuestión es clara. No se puede jugar irresponsablemente con unos tipos que todavía conservan sus armas como garantía de que, a la postre, se hará lo que ellos digan, si no queremos que vuelvan a asesinar. Es la aceptación de este matonismo lo que no se entiende cuando el Gobierno, en vez de exigir pasos de desarme por parte de ETA, los da hacia un mundo batasuno que todavía no ha condenado la violencia ni ha abandonado la vía armada hacia el separatismo y la exclusión. ¿Cómo fiarse de ellos? No se trata de ser optimista ni pesimista, se trata de hacer las cosas bien, sin añadir confusión a quienes viven de generarla y se retroalimentan de ella cada día.
No tiene razón el PP cuando condena toda iniciativa del presidente del Gobierno. Por el contrario, debería criticarlo cuando las iniciativas no son de él o no provienen del Ejecutivo. A cambio, la posición del Gobierno debe ser inteligible para todos, y los ciudadanos (también los batasunos) deben conocer los límites infranqueables que regirán el proceso. Hay que evitar ambigüedades y ocultaciones que debilitan al Estado y revitalizan a sus enemigos. Carecen de rentabilidad política y son peligrosas a la larga.
