He leído con una cierta sorpresa y satisfacción el artículo que bajo el título de “Reforma o derribo” ha publicado en el diario El País, este pasado domingo, el profesor Ignacio Sotelo, quien desde hace ya muchos años ha ejercido desde su “exilio” académico en Berlín de conciencia crítica y democrática del PSOE. Partido en cuya máxima dirección participó en tiempos más idealistas y menos pragmáticos o electoralistas como los que vivimos camino hacia nadie sabe dónde. La tesis de Sotelo, que venimos defendiendo y denunciando desde hace muchos años un número reducido de analistas e intelectuales interesados en el debate nacional, es que España es una partitocracia, donde la cúpula de los partidos políticos suplanta la soberanía nacional y permite acumular los poderes del Estado, con la ayuda de una pésima ley electoral.
Llega a estas conclusiones Ignacio Sotelo partiendo de dos recientes acontecimientos que hoy marcan la agenda política española, como son las reformas autonómicas, que califica de “centrifugadoras” del Estado, y la negociación con ETA, afirmando que ambos acontecimientos —así se ha visto en el reciente referéndum del Estatuto catalán— han puesto en evidencia la distancia que existe entre la España real y la España oficial, por cuanto todo discurre en secreto, entre la clase política y al margen de la sociedad. Ahora con Zapatero y antes con Aznar, por ejemplo en la guerra de Iraq.
Aunque en el caso que nos ocupa tiene mayor trascendencia porque las consecuencias de una reforma autonómica mal hecha o de una negociación con ETA no consensuada van a proyectarse sobre el conjunto de los españoles de manera peligrosamente incierta. Y buen ejemplo del modelo partitocrático y de su acumulación de poderes se ha visto de manera fehaciente cuando el presidente, traicionado su propio compromiso de acudir al Congreso a pedir permiso para negociar, obvió el Parlamento a sabiendas de que en nuestro sistema político es sólo un apéndice del poder Ejecutivo. Incluso lo sometió a la triste humillación de “obligar” a todos los grupos parlamentarios a una sesión de espiritismo en el despacho del ministro de Interior, antes del anuncio oficial del inicio del diálogo con ETA.
Olvida Sotelo en su análisis, o lo deja para una segunda ocasión, que el centrifugado del Estado que está provocando la reforma autonómica, y que llegará a su punto más alto de dispersión cuando se aborde la reforma del Estatuto de Guernica, es una consecuencia más de la partitocracia porque cuando el sistema español se aplica a los territorios más pequeños dominados por nacionalistas, éstos acaban convirtiéndose en señoríos feudales donde han expandido, casi a la fuerza, sus doctrinas nacionales. Y todavía sorprende que en los treinta años de gobiernos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco el poder del PNV y de CiU no haya ido a más. Quizás esa distancia que separa la sociedad de los políticos nos ha salvado en algunos casos de males mayores a los ya planteados.
El profesor Sotelo escribe —en el periódico guardián de la partitocracia— que “más que una democracia, hemos construido una partitocracia en manos de sus cúspides”. Y añade que “fue el precio que tuvimos que pagar por el tipo de transición que parecía menos traumática”, y así fue. Y recuerda que la primera Restauración de la monarquía duró medio siglo, hasta que la derribó Primo de Rivera, a la vez que señala que esta segunda Restauración ya cuenta con treinta años de existencia que pueden acabar mal si no se produce a tiempo una reforma de corte democrático —con ley electoral incluida, como piedra angular— favoreciendo el advenimiento de la república.
Lo cierto es que, además de una partitocracia, el sistema político español ha facilitado el nacimiento de una autocracia con poderes presidencialistas —que emanan del partido— que, alejados de los controles democráticos, han favorecido la corrupción con González, el autoritarismo con Aznar y el populismo con Zapatero, que además se ha erigido en el dueño absoluto del PSOE, donde han sido decapitados o jubilados todos los dirigentes y barones —sólo queda José Blanco—, lo que obliga a su entrono, tanto el político como cultural o mediático, a seguir sus inciertos pasos porque no hay alternativa en el PSOE, y al otro lado sólo queda un derecha del PP cada vez más radical en su desesperación.
Concluye Soleto su análisis diciendo que si no hay una reforma democrática el régimen nacido de la transición acabará en el derribo y llegará la república. Pero es de temer que si eso es o fuera así el nuevo régimen republicano vendría con la partitocracia, otra vez, bajo su brazo, porque la bandera tricolor que ondean o insinúan desde el Gobierno tiene más que ver con el simple debate de izquierda o derecha, en referencia a la Guerra Civil, que con la democracia. Está agitada con guiños e intereses electoralistas y partidarios a favor de la III República, y no de la Nueva República democrática, como la alternativa al régimen de la transición. El que debería abordar su reforma en profundidad en pos de un auténtico periodo constituyente del que no disfrutó en la transición.
Pensar que los políticos profesionales, que viven de la política y no para la política, se van a hacer el harakiri de sus propios privilegios dando paso a un modelo democrático de separación de poderes, elección directa y control del Gobierno, eso al día de hoy en España es mucho más que soñar. Aunque la deriva que están tomando los últimos y más notorios acontecimientos quizá les ayude a reflexionar. O puede que, al final, esta clase política autista y aprovechada acabe con sus errores movilizando a la sociedad a favor de un sistema mejor si es que alguien —por ejemplo en el centro político, cada vez más ancho y deshabitado— osa levantar la enseña de la democracia como absoluta prioridad.

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