Se pretende eliminar al presidente de la Sala de lo Penal de ese puesto clave en la Justicia en este momento - Además del recurso contra su elección, la Fiscalía quiere que testifique en el juicio contra un terrorista - La defensa del etarra tratará de provocar una respuesta que permita recusarle como juez en otros procesos.

Si todo fuera lo que hemos visto, ya sería bastante. Pero aún va a haber más. Pocas veces un juez de la Audiencia estuvo tan señalado y tan perseguido por algunos de sus propios compañeros como Javier Gómez Bermúdez, sin que consten en su actuación como juez ninguna de esas equivocaciones clamorosas ni tampoco errores técnicos de principiante con los que tan frecuentemente nos han obsequiado algunas de la señorías que han labrado durante años su brillante imagen pública, ya que no acreditada carrera profesional, en los despachos de la Audiencia Nacional.

Al actual presidente de la Sala de lo Penal se le sigue persiguiendo por su elección por la mayoría del CGPJ para ese puesto y ahora, después de la interposición de un primer recurso, por su reelección. Tras este segundo recurso ya resulta demasiado evidente que lo que se está buscando, bajo la capa de nuevas objeciones de forma, es la eliminación de este magistrado de un puesto clave en la Administración de Justicia en estos momentos. Pero, dado que este señor cuenta con un acreditado currículo y medio centenar de sentencias recogidas en el Aranzadi, cosa que otros no pueden decir, y dado que Bermúdez ocupa un puesto determinante, es imposible no darse cuenta de que estamos asistiendo a una brutal batalla por el control de ese poder. Esto es lo que hay y ya no es posible seguir disfrazándolo.

Es evidente que Bermúdez no gusta porque no es el más conveniente para lo que se necesita que ocurra con los juicios a los terroristas que han de verse en la Audiencia, ahora que estamos metidos de lleno en el llamado proceso de paz. Ya resultó chocante la interposición del primer recurso contra su designación como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y chocante fue que la Sala Tercera del Supremo empezase a aplicar su nuevo criterio de motivación de los nombramientos, muy acertado por otra parte, precisamente sobre este puesto tan importante y tan delicado. Podían haber empezado a aplicarlo en puestos menos estratégicos o incluso en los últimos nombramientos que se hicieron de magistrados de su propia Sala.

Pero lo que pasa de lo chocante y se convierte en escandaloso es este segundo recurso, que no puede deberse -no entra dentro de lo razonable- a un frenesí obsesivo y persecutor de un juez frustrado en sus expectativas personales sino a un diseño mucho más amplio y más hondo de estrategia de control de los puestos claves de la Administración de Justicia ante los difíciles tiempos políticos que se avecinan.

Esta insistencia contumaz en la impugnación del nombramiento de Gómez Bermúdez ni siquiera está en condiciones de sostenerse mínimamente sobre la base de una dudosa cualificación profesional del interesado. Otros nombres que compitieron con él en este trance están objetivamente muy por detrás del elegido. Hablo, claro, en términos profesionales, no de fama y popularidad. Resulta ridículo decirlo pero, visto el panorama, no hay más remedio: para la Sala de lo Penal de la Audiencia no se necesita nombrar al mejor conferenciante de España, ni al rostro más conocido, ni a la figura internacionalmente más prestigiosa. Este no es ni un concurso de habilidades ni un casting para promocionar la imagen de España en el mundo. Ni siquiera se elige al mejor juez instructor, aunque si hubiera sido ése el caso, mucha más tela habríamos tenido entonces que cortar.

Pero no: se trataba y se sigue tratando de poner al frente del cometido que da su auténtico sentido a la existencia de la Audiencia Nacional -el que se ocupa del terrorismo, del narcotráfico, de las extradiciones, en definitiva de la criminalidad organizada de hondo calado- a un juez independiente que sea profundo conocedor del Derecho Penal, que haya puesto cuantas más sentencias y de mayor calidad mejor y que sea capaz de resistir las presiones de los intereses del poder político.

Y aquí está el quid de una cuestión que quedará despejada en cuanto la sala Tercera del Supremo vuelva a pronunciarse sobre este segundo e insólito recurso contra el juez Gómez Bermúdez. Porque, dado que en esta ocasión su nombramiento sí estuvo motivado y, dado que no es el Tribunal Supremo quien debe decidir si le gusta más un magistrado que otro, sino únicamente si está razonablemente fundamentada la elección de que se trate, veremos a ver qué clase de objeciones se alzan de nuevo contra este señor que, insisto, sentencias en mano, está en condiciones de competir con evidente ventaja con el resto de los componentes del grupo de elegibles. Todo lo demás que se añada es literatura y disimulo.

Recordemos que la traducción judicial de la lucha antiterrorista pasa inexorablemente por sus manos. Recordemos que éste es el hombre que, junto con el resto de los magistrados de su Sala, tiene que juzgar y absolver o condenar al margen y por encima de las conveniencias políticas de los gobiernos de turno. Recordemos que él es quien tendrá que examinar y decidir sobre todos los recursos que tengan que ver con los presos terroristas, y que es él quien ejerce el control íntegro de las medidas de Vigilancia Penitenciaria si éstas son recurridas.

Y ahora recordemos algo más, que ilustra definitivamente las sospechas de que lo que en realidad se está procurando es su apartamiento de ese puesto judicial estratégico o, al menos, el debilitamiento de su figura. En el último juicio que se va a celebrar contra el etarra De Juana Chaos, por el que el fiscal pide 96 años de cárcel por los delitos de integración en organización terrorista y amenazas, la propia Fiscalía ha propuesto como testigo, en tanto que objeto de las amenazas que el etarra vertió en el periódico Gara contra él y contra varios directores de distintas prisiones, nada menos que al presidente de la Sala de lo Penal, el juez Gómez Bermúdez.

¿Declarará Bermúdez en este caso como testigo de hechos resultantes de su actuación judicial? Porque ocurre que este magistrado ha estado al frente del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y que, en cuanto tal, se habrá entrevistado quizá en alguna ocasión con el terrorista. Si el juez declara que se ha sentido amenazado por De Juana, el siguiente paso es que el etarra le recuse en cualquier proceso que se siga contra él. Por eso, lo sorprendente es que el fiscal haya decidido pedir que el juez se someta al interrogatorio de los abogados defensores del terrorista que, naturalmente, intentarán provocar una respuesta del magistrado que les dé pie después para sucesivas recusaciones.

Y en esto no caben más que dos hipótesis: o el fiscal Alonso es un mal fiscal que no se da cuenta de lo que hace, cosa altamente inverosímil, sobre todo porque ésta es una decisión que sin duda ha sido previamente consultada con sus superiores jerárquicos o, posibilidad B, ésta es otra encerrona al juez Bermúdez que, sumada a los insistentes recursos contra su nombramiento como presidente de la Sala de lo Penal, están queriendo poner los mimbres para eliminarlo de su puesto o, al menos, minar su posición lo suficiente como para asestar cuantos golpes sean necesarios a su prestigio y a su trayectoria cuando las circunstancias lo aconsejen.

Lo que queda de todo este espectáculo es la terrible impresión de que el poder político está decidido a arrasar todo aquello que ose oponerse a sus designios, Poder Judicial incluido. Trágico.

victoria.prego@elmundo.es

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