Uno de los secretos de la pervivencia milenaria de la Iglesia católica tiene raíces lingüísticas: la Curia sabe latín, y con eso está dicho todo. Sin embargo, su sabiduría va más allá del quid quid latine dictum sit, altum videtur –cualquier cosa dicha en latín suena inteligente- y tiene que ver con el conocimiento íntimo de las cosas. Es lo que permite a monseñor Blázquez afirmar que la sociedad española está “apagada y moribunda” por haber reaccionado con indiferencia al matrimonio gay y al divorcio express, y lo que lleva al cardenal Rouco a pedir que se rece a destajo por España y por su unidad. En estas condiciones ha llegado Benedicto XVI, se supone que para evitar aquello de abyssus abyssum vocat in voce, porque es evidente que un pecado llama a otro pecado y porque ahora, al parecer, sobra público para justificar aquella frase atribuida a Jesús de “no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores”, o si se prefiere el latinajo: Non enim veni vocare iustos sed peccatores.

Ha venido el Papa a encontrarse con las familias y, de paso, abroncar a Zapatero, que es un completo paganus, un peligrosísimo infiel capaz de poner patas arriba el orden establecido, incluido ese enojoso asunto de la autofinanciación de la Iglesia que sus eminencias llevan toreando desde 1982. Para tema tan prosaico como el de los fondos la Iglesia tiene siempre presente a Vespasiano, que tras imponer un tributo por el uso de las letrinas públicas pidió a su hijo que oliera el dinero. Pecunia non olet, cuentan que exclamó Tito, su vástago. “Pues es producto de la orina”, contestó el emperador. Dicho en cristiano, Zapatero es un demonio, pero sigue llenando el cepillo.

No es por tanto casualidad que, pese a haber destruido “toda la jurisprudencia natural sobre el matrimonio” y haber causado “un gran daño a la sociedad”, Blázquez crea que entre la Iglesia y el Gobierno la situación “ha mejorado” y emplace a que el diálogo se traduzca “en decisiones concretas”. Y que dicho emplazamiento haya coincidido con la actitud del PSOE de reabrir el debate sobre la financiación para denunciar que pagani somos todos y que no es posible mantener por más tiempo un trato de favor inconstitucional de 144 millones de euros al año. Lo decía Cicerón: Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit. En definitiva, que no hay puerta que no se abra con dinero ni fortaleza que no se conquiste con metal tan vil.

Si se trata de aportar lux et veritatis, conviene explicar que la Iglesia ha incumplido sistemáticamente todos los plazos que tenían que conducir a su autofinanciación completa. Lo que debió haber sido un período transitorio de tres años de dotación presupuestaria directa a contar desde 1980 se prolongó durante nueve. En 1988 se empezó aplicar una fórmula mixta, que incluía dotación directa y asignación tributaria. Fue cuando se implantó la famosa cruz de la declaración de la renta, ese 0,5339%, que no sólo no alcanzó nunca las cantidades previstas sino que ha registrado una tendencia decreciente. Según lo previsto inicialmente, el Estado debía concluir sus desembolsos en 1992, pero ha seguido complementando año tras año las aportaciones directas de los fieles, triturando de paso principios constitucionales como la libertad religiosa, la neutralidad del Estado y la separación entre Iglesia y Estado, así como los de igualdad y no discriminación. De ser por los prelados el modelo continuaría ad calendas graecas, que era la manera chistosa que los romanos tenían de decir aquello de in saecula saeculorum.

Ni era ni es cuestión de molestar a Su Santidad con estas menudencias –Aquila non capit muscas-, pero los datos son testarudos. En un Estado aconfesional, laico según la doctrina imperante en el Tribunal Constitucional desde 2001, los españoles pagamos religiosamente los sueldos de más de 33.000 profesores de religión católica, frente a los 100 de religión evangélica y 20 de religión islámica que reciben un trato semejante. Ni un solo profesor de religión judía percibe su sueldo del Estado. Los sacerdotes católicos son los únicos autorizados a prestar sus servicios espirituales en las Fuerzas Armadas, en los hospitales y en las prisiones, y gozan del beneficio de estar acogidos al régimen de la Seguridad Social. Por lo visto, ventis secundis, tene cursu. El viento favorable se mantiene.

Conste que lo que está en discusión no es la obra social de la Iglesia, que tiene asegurados sus cauces financieros y que presta servicios impagables, sino la antigua retribución de culto y clero, que es aquella partida con la que se abona el sueldo de los obispos, se sufraga la acción pastoral, se sostiene la Universidad Pontificia y se arrima el hombro a los gastos de la COPE. En la secretaría de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, dirigida por Álvaro Cuesta, han hecho los cálculos: bastaría con que al menos un 20% de los 35 millones de españoles que se declaran católicos aportara 16,36 euros al año. Peccata minuta.

La experiencia muestra que sus eminentísimas han conseguido alzarse siempre con el santo y la limosna. Diabole virtus in lumbas est. A nadie habría de extrañar pues que con esas grandes movilizaciones de los últimos meses contra los impíos socialistas, nuestro sabio Episcopado haya querido astutamente ponerse la venda antes que la herida, de forma que el Gobierno se lo pensara dos veces antes de cortar el grifo de los dineros públicos para evitar ser acusados de perseguir con saña a los católicos.

Sin embargo, los tiempos del Tratado de Tordesillas, aquellos en los que el Pontífice podía imponer su santa voluntad con un simple aserto –Roma locuta est, causa finita est- han pasado. Si Roma nunca ha pagado traidores, va siendo hora de que dejemos de pagar a Roma contraviniendo nuestras propias leyes. La Iglesia sabe latín, pero los gentiles vamos aprendiendo el idioma. Dura lex, sed lex. Pues eso.

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