Rabia, eso es lo que siento ante ese accidente del metro de Valencia, en la línea 1. Cuarenta y dos personas muertas por el descarrilamiento de un convoy. Las noticias se van sucediendo en los medios de comunicación y va saliendo a la luz la falta de mantenimiento de esa infraestructura ferroviaria, la falta de técnicos en electrónica para cubrir los 138 kilómetros de la red, los sistemas de seguridad obsoletos y un largo etcétera de reivindicaciones que los sindicatos llevan haciendo desde hace años.
Una se pregunta por qué los modernos sistemas de frenado automático no se incorporaron a todas las líneas; no puedo entender la discriminación en la seguridad del transporte, por qué unas líneas son más seguras que las otras; quién ordenó esas prioridades y por qué. Una se pregunta incluso por qué se han inventado esas medidas de frenado automático y una llega a la conclusión de que conduciendo un tren por un túnel es posible que, al no existir los puntos de referencia del exterior, se aminore la sensación de la velocidad. Tal vez sea por ello que se inventaron esos sistemas de frenado automático. Y entonces también una se pregunta por qué unas líneas lo tienen incorporado y otras no. Resulta que el dinero para esas inversiones es público, es decir, es el dinero también de todas las personas que viajaban en el metro. Y entonces, inevitablemente, saltan las comparaciones entre los gastos de fasto en la ciudad - por ejemplo, varios millones de euros para la visita del Papa, del que tan sólo unos cuantos son creyentes en un Estado aconfesional como es España- y la falta de seguridad de algunas líneas del metro por falta de inversiones en mantenimiento.
Una ya sabe que los políticos, por lo general, no cogen el metro. Ellos dicen que es por cuestión de tiempo y de agenda, pero eso no se lo creen ni ellos, ya que el metro es el sistema más rápido para cruzar la ciudad. Entonces es inevitable pensar que la seguridad en el transporte les importa relativamente a algunos políticos que deciden lo que se hace con el dinero público. En este caso, los de la Comunidad Valenciana.
De aquellos polvos, estos lodos. El accidente se hubiera podido evitar si los sistemas de control automático de velocidad hubieran estado donde debían y su funcionamiento hubiera sido óptimo. Pero para ello hubiera hecho falta que las partidas presupuestarias de mantenimiento de las infraestructuras hubieran sido las adecuadas para instalar todas esas medidas y el personal necesario para mantenerlas eficientes.
El dinero público es, antes que nada, para que la gente pueda vivir tranquila pensando que las infraestructuras que los sostienen funcionan. Nadie en su sano juicio desea poner por delante fastos, innecesarios por otra parte, al mantenimiento de la seguridad de su transporte cotidiano. Y ahora, no vale lamentarse, ello ha sucedido por una seria negligencia en el mantenimiento de los ferrocarriles. Debe haber responsables y debe haber dimisiones.
Todos los ciudadanos decentes sentimos el dolor de esa pérdida y la rabia por el hecho de que se hubiera podido evitar tan sólo cambiando el orden de prioridades políticas en inversiones; antes que nada son las personas, su seguridad y su asistencia, y si los políticos no están por la labor de manera comprobada, hay que cambiarlos antes de que suceda otro desastre más.
Parece que en su visita a Valencia, el Papa viene a cuestionar las nuevas formas de familia que se están creando a tenor de las circunstancias cambiantes que producen los tiempos. Sería un detalle por su parte si también denunciara los fastos innecesarios que gastan el dinero que se necesita para mantener la vida de las personas en condiciones óptimas de seguridad.

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