Todos tenemos un papel en la sociedad. Según la terminología académica, los sociólogos, jueces, policías y fiscales seríamos agentes sociales. Y, por supuesto, los ladrones, antisociales, si bien nadie puede discutirles su cualidad de agentes. En todo caso, los cuatro gozamos de la condición de ciudadanos.

El sistema de actuación para perseguir y sancionar a los antisociales, en una sociedad democrática, tiene reglas nítidamente marcadas. El hecho delictivo surge, de forma inesperada, por quienes deciden traspasar los límites que el código penal marca, de forma imperativa. Pero la vida real es absolutamente imprevisible. El delincuente toma ventaja y actúa de las más diversas formas, sin que, en la mayoría de los casos, sea sorprendido o detenido in fraganti.

El policía dedica sus esfuerzos a la prevención, y también a la persecución de los posibles delincuentes. Actúa en vivo y en caliente. Arresta a sospechosos, detiene a los reclamados por los jueces y se interpone entre los agresores y los agredidos.

Muchas veces, cuando presenta al detenido, inicialmente sospechoso, ya que siempre le ampara la presunción de inocencia, el policía tiene sobre su cuerpo los golpes que ha recibido, y grabadas en su mente las sensaciones de peligro que ha pasado.Debe admitir, porque su formación profesional se lo exige, que, algunas veces, los datos que ha obtenido en sus tareas de investigación son imprecisos o hasta inconsistentes. Y debe conocer y asumir que el juez tiene otro papel que cumplir.

Esta natural y exigible contrastación del juez como filtro de la actuación de la policía a la luz de la legalidad nunca puede ser motivo de confrontación.

HE DEJADO pasar un cierto tiempo desde que surgió el conflicto con los ladrones de bancos que alcanzó cotas políticas e informativas que, modestamente, creo que fueron desorbitadas. Estas fricciones existen en todos los países. Para encauzarlas, lo más positivo es organizar seminarios o jornadas conjuntas para reflexionar y debatir sobre el papel que a cada uno corresponde.

Los jueces y fiscales somos conscientes de la labor que realizan los policías. La jerarquía de valores no se establece unilateral y arbitrariamente por nosotros. Las pautas las marcan la Constitución, las leyes procesales y las que regulan el funcionamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Los jueces nos equivocamos, como lo hacen fiscales y policías. Lo más grave es que ciertas modificaciones de las normas de la prisión provisional realizadas, no por razones técnicas sino para limitar el poder de los jueces de instrucción y de alguno en particular, contribuyen a crear y fomentar estos conflictos.

Es el peloteo entre el juez y el fiscal para que este disponga de la llave de la prisión y, si no pide cárcel, el juez no puede decidirla, aunque por el material previo que maneja estime que existen razones para acordarla.

Conviene recordar que, según la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la prisión preventiva entra en colisión con el principio de presunción de inocencia. Es evidente que en muchos casos es inevitable, si no se quiere dejar vacío de contenido el proceso investigador. Los principios constitucionales imponen la libertad como regla y la prisión como excepción.

Un tercer factor del conflicto tiene su origen en la moda de entregar a las televisiones imágenes más o menos espectaculares de brillantes o más modestos operativos de la policía, cuya espectacularidad es evidente, pero también su inadecuada difusión.

Cualquier información policial basada en soportes visuales o de análoga naturaleza solo tiene un destino permitido: el juez. Cualquier otra exhibición puede dar al traste con la investigación, anular las pruebas y facilitar al detenido la posibilidad de alegar que no ha disfrutado del derecho a un juicio justo al ser mostrado al público, como casi incuestionable autor, antes que al juez que ha de investigarle o al tribunal que debe juzgarle. El derecho a un juicio justo y con todas las garantías está en juego. Nuestros tribunales y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo han anulado más de un proceso por una prematura e inaceptable condena previa realizada fuera de los cauces legalmente establecidos que exigen un debido proceso con todas las garantías.

AL FINAL de la historia, tres de los sospechosos fueron detenidos en sus domicilios familiares o en las proximidades. Otros dos se entregaron voluntariamente. A la necesidad del debate y reflexión conjunta de jueces, fiscales y policías creo que, además, deben sumarse los profesionales de la información.

Quizá entre todos consigamos el necesario equilibrio entre los intereses de la información a los ciudadanos y los derechos de toda persona implicada y acusada prematuramente de haber participado en un hecho delictivo.

JOSÉ ANTONIO Martín Pallín. Magistrado del Tribunal Supremo.