El nuevo Estatut de Cataluña proclama que la cultura es un derecho y señala las pautas sobre las cuales el Govern podrá desplegar las políticas necesarias para conseguirlo. Sin embargo, esta idea, como tantas otras que asociamos al desarrollo de los derechos y libertades individuales y colectivas, no esta exenta de contradicciones y dificultades.

Se trata de contradicciones que, sin cuestionar el interés del enunciado, nos ponen sobre aviso acerca del reto que supone alcanzar tal objetivo.

La sanidad, la educación, los servicios sociales son un derecho fundamental en las modernas sociedades occidentales porque justifican el papel del Estado, las políticas fiscales y la redistribución de la riqueza a la cual se asocian. Se trata de servicios que nos hacen iguales ante las leyes del libre mercado y su gestión va intrínsecamente asociada a la observación de las necesidades individuales de los ciudadanos. Son políticas que socializan necesidades objetivas y que por ello constituyen un derecho irrenunciable.

La cultura, en cambio, funciona de otra manera, casi a la inversa.En primer lugar, el propio valor de los contenidos culturales es opinable. A diferencia de un tratamiento sobre la gripe, o de la cobertura básica del desempleo, el concepto de cine o teatro, no constituye en sí mismo un bien absoluto. Habrá quien considerará positivo que varios millones de españoles acudan a ver El código da Vinci y habrá quien vea en ello un signo total de alienación cultural.

La cultura, al contrario que el resto de servicios sociales, nos hace distintos, nos individualiza, nos permite interpretar el mundo de tantas maneras diferentes como personas lo habitan.Visto así, la cultura más que un derecho es un ejercicio de libertad e incluye por ello el derecho a autoexcluirse de su consumo, o a elegir entre las posibilidades que la oferta cultural nos ofrece, aquellas que más nos convengan o que mejor apreciemos sobre criterios de difícil consenso.

Por eso, la gestión pública de la cultura es especialmente complicada.Si atendemos a los principios de la excelencia cultural derivamos hacia un elitismo sectario que poco tiene que ver con el principio que enuncia nuestro Estatut. Si atendemos a las demandas objetivas del público masivo, la cultura deviene un arma populista en manos de demagogos o iluminados. Guillem Martínez habla de ello en un excelente artículo que publica la no menos excelente revista Benzina: «si el Estado dictamina lo que es cultura, ésta publicita al Estado y en consecuencia, de manera ineludible, la doméstica, la hace previsible».

El desarrollo del Estatut en materia cultural solo será posible si el Govern incrementa sus inversiones en infraestructuras culturales, en educación y formación artística y limita progresivamente las ayudas a la producción cultural, no necesariamente reduciendo los recursos que actualmente aporta sino el porcentaje sobre el cual las ayuda. Si la cultura es un ejercicio de libertad requiere, en paralelo, una mayor autonomía y eso, aunque algunos lo expliquen así, no significa que el Gobierno paga y los artistas deciden.

Durante muchos años los niños franceses han destinado una tarde del programa semanal escolar a realizar actividades socioculturales en las Maisons de Jeunes et Culture. Es una manera plausible de entender la cultura como un derecho, con el objetivo de que una vez adultos perciban en la actividad cultural una posibilidad de libertad.

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