¿Historia desde el poder?, de Francesc de Carreras en La Vanguardia
Si un perro muerde a una persona no es noticia. Sí lo es, en cambio, que una persona dé un buen mordisco a un perro.
No sé si este ejemplo clásico se utiliza todavía en las clases de periodismo para ilustrar el concepto de noticia. En todo caso, podría aplicarse a la condena del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 que dio origen a la guerra civil española. Así, la noticia hubiera sido que el Parlamento Europeo elogiara el golpe de Estado encabezado por Franco. Ahora bien, esta condena, tan obvia, que no añade nada al conocimiento de la historia, sin ninguna consecuencia práctica y que no debería ser noticia, cobra interés debido al debate suscitado en España sobre la llamada "recuperación de la memoria histórica".
Este debate se ha avivado este año por varias razones. Deun lado, por cumplirse 75 años de la proclamación de la Segunda República y 70 del comienzo de la Guerra Civil y, de otro, porque el nuevo Estatuto catalán incluye un artículo sobre la memoria histórica y porque los gobiernos español y catalán han elaborado sendos anteproyectos de ley sobre esta materia que parece están a punto - por lo menos el español- de ser aprobados. Ante la inmediatez de las medidas, alguna reflexión sobre su conveniencia o inconveniencia deberíamos plantearnos.
Antes que nada, hay que saber a qué nos referimos cuando hablamos de memoria histórica.
El artículo 54.1 del nuevo Estatut establece en su primer inciso que "la Generalitat y los demás poderes públicos deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Catalunya como patrimonio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas". Los comentarios a este precepto pueden realizarse desde muchos puntos de vista. A nuestros efectos, nos limitaremos sólo a dos: a la idea de memoria histórica y a la función de los poderes públicos respecto de ella.
Por un lado, cabe recordar que, según el diccionario, "la memoria es una facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado". La psique es el alma humana entendida en el sentido en que empleaban esta palabra los filósofos griegos, la cual sólo era poseída por las personas individuales. Atribuirla a las personas colectivas, a familias, clases sociales, comunidades, pueblos o naciones, es cambiar su significado e imponer a las personas individuales que componen estos entes colectivos algo contrario a su libertad.
Todo ello se complica si añadimos al término memoria el adjetivo de histórica.La historia, entendida como ciencia que estudia el pasado de las sociedades humanas, es algo que llevan a cabo unos especialistas llamados historiadores, los cuales aplican diversos métodos al estudio de este pasado. En el mundo académico de hoy no es historiador cualquiera que trate del pasado, sino sólo aquel que utiliza unos métodos homologados como válidos por aquellos que forman parte de la comunidad científica de los historiadores. En definitiva, la historia la hacen los historiadores.
Otra cosa es que personas individuales no especialistas en la materia tengan recuerdos de la época que les ha tocado vivir y los cuenten: serán entonces los historiadores quienes determinarán el valor histórico de estos recuerdos. Por tanto, son los historiadores quienes elaboran la historia y de sus diversos puntos de vista, de sus distintos métodos de trabajo, del diálogo que entre ellos se establezca, se construirá la verdad histórica de una época, una verdad que siempre será plural y provisional. Por tanto, lo que no tiene sentido es hablar de la memoria histórica como patrimonio colectivo,según expresa el citado artículo del nuevo Estatut, ya que ello implica que se trata el pasado como algo establecido de una vez para siempre, no como algo diverso, continuamente revisable, sometido siempre al debate crítico.
Pero todavía es menos aceptable que la determinación de este llamado patrimonio colectivo esté al cuidado de los poderes públicos, como también dice el citado artículo. La memoria histórica así establecida es algo impropio de una democracia y propio, en cambio, de un régimen, es decir, de un sistema político en el que el Estado, además de obligar a cumplir las leyes nacidas de la voluntad de los ciudadanos, les impone determinadas verdades oficiales nacidas al margen de esta voluntad. En este caso, establece la verdad oficial sobre un determinado MESEGUER momento histórico.
El Estado liberal y democrático es un ente instrumental cuya única misión es garantizar la libertad y la igualdad de las personas, no determinar lo que deben pensar los ciudadanos. Un Estado de esta naturaleza ya no es democrático, sino que, en mayor o menor medida, revela tendencias totalitarias. En este mismo sentido se expresaba el historiador Santos Juliá cuando sostenía en El País del domingo pasado: "Es absurda y contradictoria la idea misma de una ley de memoria histórica (...) No puede elaborarse un único relato sobre el pasado porque ningún pasado puede conservar idéntico sentido para todos los miembros de una misma sociedad".
Recelemos, pues, de la memoria histórica dictada desde el poder político y confiemos sólo en la historia, los diversos puntos de vista sobre la historia, nacida del libre debate entre los historiadores.
