ACASO uno de los pocos desastres de los que no tenga la culpa -al menos toda la culpa- el Gobierno sea el de la trágica secuencia de las muertes en carretera. Instalados en lo que el sociólogo Robert Hughes llamó «la cultura de la queja», propia de sociedades tan acomodadas como débiles, los españoles tendemos con demasiada frecuencia a exculparnos de la responsabilidad de nuestros propios problemas, que descargamos sobre los poderes públicos sin acabar de entender que las sociedades modernas funcionan mejor cuanto menos se inmiscuyan en ellas las autoridades. En el caso de los siniestros de tráfico, resulta mucho más fácil culpar de manera genérica al Gobierno que aceptar la existencia de una conducta colectiva temeraria, desafiante y despreocupada.

Lo peor del caso es que el Gobierno, al menos este Gobierno, se siente interpelado por esa responsabilidad delegada, y acude encantado a intervenir porque le mola el intervencionismo en la vida pública. Sobre todo si es gratis, si no le representa un esfuerzo inversor. Así ha alumbrado el flamante carné por puntos, una ley discriminatoria -aparcar tres veces en doble fila, por ejemplo, tiene el mismo castigo que circular a todo trapo-, puntillosa y bastante represiva, que no cuesta un euro y permite ofrecer la sensación de un gran interés proteccionista por la vida de los ciudadanos. El verdadero campo de actuación de un Gobierno en la siniestralidad automovilística es el de la mejora de la red de carreteras, pero resulta muy caro y, además, muy lento; las autopistas reducen casi a la mitad el número de accidentes, pero suelen inaugurarlas los sucesores de los que las planifican. La política de infraestructuras ofrece poco rédito y requiere mucho dinero, aspectos que disgustan al zapaterismo, partidario de actuaciones sencillas con inmediatos retornos propagandísticos. Puro pensamiento débil aplicado a la gobernancia.

El Gobierno de Zapatero huye de las grandes inversiones porque tiene un sentido muy provisional y cortoplacista de la política. Necesita éxitos expeditivos, que no se logran construyendo autovías, ni ferrocarriles, ni trasvases hidráulicos. Por eso las nuevas leyes son de bajo coste, como las líneas aéreas emergentes: el matrimonio homosexual, el divorcio express, la prohibición del tabaco, ahora la seguridad vial. Bonito, barato... y rápido, porque los plazos de proyectos, expropiaciones y concursos no están pensados para impacientes. De modo que en vez de expropiar fincas para hacer carreteras, el poder expropia puntos para acojonar a los conductores.

Éste es un aspecto importante. Para mantener la cohesión del poder es menester conseguir que la gente se sienta vigilada y bajo control, incrementar el número de sospechosos habituales. Así, a los católicos, los de derechas, los constitucionalistas, los fumadores y hasta los heterosexuales, se suman ahora los automovilistas. Dan ganas de hacerse batasuno para convertirse en un ciudadano respetable y libre de toda sospecha.