EL PLENO parlamentario sobre la reforma del Estatuto de Galicia ha dejado, junto a importantes incógnitas, algunas cosas claras.

La primera de ellas es que el Gobierno gallego, a diferencia de lo que sucedió en Cataluña, va a abordar unido el proceso negociador sobre la reforma estatutaria. Así pues, el Partido Popular debe abandonar toda esperanza de poder alcanzar un acuerdo exclusivamente con uno de los dos socios que sostienen a la Xunta de Galicia. La segunda, que socialistas y nacionalistas no están dispuestos a asumir que Galicia tenga un nivel de autogobierno inferior al alcanzado por otras comunidades autónomas.

Finalmente, el debate ha demostrado que el PP no se resigna a ser el convidado de piedra en la función y que no confunde el consenso con un contrato de adhesión incondicional a las tesis del Gobierno.

El cónclave parlamentario ha puesto también de manifiesto que salvo en el tema, evidentemente muy relevante, que hace referencia al carácter nacional de Galicia, no existen contradicciones antagónicas, ni obstáculos insalvables, entre las propuestas que realizaron Touriño y Quintana en nombre de la Xunta y las que defendió Núñez Feijoo en representación del partido de la oposición.

Si nos atenemos a lo que dijeron unos y otros sobre la necesidad de alcanzar el máximo techo competencial que permite la Constitución, acerca de la necesidad de superar el solapamiento y duplicidad de competencias así como los abusos intolerables en la utilización de la legislación básica del Estado, sobre el modelo de financiación autonómica, la participación en los foros europeos o la necesidad de solucionar el déficit estructural acumulado (deuda histórica), es evidente que en todas estas decisivas cuestiones hay una base objetiva para el acuerdo, si existe realmente voluntad política de entendimiento.

También sobre el punto que suscita mayor controversia -el carácter nacional de Galicia- están obligados a encontrar fórmulas que, sin rebajar un ápice nuestro estatus político respecto a comunidades como Cataluña, puedan satisfacer a todos.

En los últimos días, como ya sucedió durante el pleno parlamentario, los diferentes líderes políticos han alternado las críticas y los reproches al oponente con constantes apelaciones al diálogo y al consenso. Espero que todo ello no oculte una calculada estrategia de cortos vuelos, destinada a convertir la reforma estatutaria en una simple maniobra política o en un arma arrojadiza contra el adversario político, con el único fin de desgastarlo electoralmente.

En todo caso, si no son capaces de ponerse de acuerdo para defender los intereses vitales de Galicia, y defraudan las expectativas creadas, pagarán un alto precio por ello. Seguramente unos más que otros, pero la resaca del fracaso les alcanzará a todos. Porque con las cosas de comer no se juega.