Palos de ciego sobre lomo duro.

El torrente de críticas que desencadenó Tabaré Vázquez al acusar a varios medios de comunicación de “operar políticamente”, desinformando y tergiversando las noticias, tuvo al menos una virtud: instalar el debate sobre la democracia informativa y los fundamentos y alcances de una política comunicacional del gobierno.

La reacción de los acusados fue unánime y fulminante: el presidente interfiere en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios, y con sus afirmaciones ejerce una indebida presión sobre las empresas y los periodistas forzando una especie de autocensura. El contraataque es en cierta forma lineal y contribuye a una simplificación interesada al reivindicar el derecho a criticar las conductas de los gobernantes y las medidas de gobierno. ¿Pueden, algunos de los medios involucrados, sostener que no han aceptado en ocasiones, y de buena gana, las presiones que ejerció descaradamente el poder político en épocas recientes? No. ¿Pueden fundamentar que nunca han desinformado y tergiversado, anteponiendo al deber de informar la defensa de los intereses que representan? No. Y por otro lado: ¿está comprometido el presidente en la defensa de la libertad de expresión? Sí. ¿Se ofusca el presidente cuando le señalan contradicciones? Sí. ¿Ha cuestionado, en ocasiones de forma extemporánea, la labor de periodistas? Sí.

En el origen de la polémica hay una cuestión de contenido y otra de forma; la ambigüedad de una y otra entrevera los cables. Inevitablemente habrá que bucear en las intenciones.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. El lunes 26 el presidente Vázquez convocó en la casa presidencial de Suárez y Reyes a sus ministros y a los legisladores de la bancada oficialista para una reunión en la que se informaría sobre los contenidos de la rendición de cuentas. Al abrir la sesión, Vázquez se extendió en consideraciones sobre los problemas de comunicación: comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; comunicación entre el gobierno y el partido político; entre el gobierno y los medios. Al respecto se extendió sobre la conducta de lo que calificó como “medios de derecha” que realizan una “operación política”. Acusó a los diarios El País, Últimas Noticias y El Observador, al semanario Búsqueda, a programas de las radios Carve, El Espectador y Sarandí, y a los canales 4 y 10, de “desinformar, tergiversar la información y atacar al gobierno”. El presidente no mencionó a los periodistas y en cambio subrayó que los medios de derecha “son opositores al gobierno”. Fundamentó sus acusaciones de tergiversación y de “operación política” mostrando un titular de El País que rezaba: “Vázquez cambia rumbo y anuncia suba a jubilados”. Afirmó: “Esto es mentira. Esto estaba previsto desde hace meses. Esto es un típico ejemplo de cómo tergiversan la información”. Señaló también una crónica de El Observador sobre el incremento de la inseguridad en Maldonado, que calificó como “un ataque directo contra el país” porque afectaría al turismo en vísperas de las vacaciones de julio. Analizó al respecto la manera en que se “fabrica” la sensación térmica de inseguridad. Se preguntó: “¿Cómo se miden las cosas cuando hay parámetros para medirlas? Como médico sé que para medir la fiebre hay que usar un termómetro”, argumentó, infiriendo que ciertos medios no miden la inseguridad según las estadísticas sobre delitos.

En lo que calificó como una “catarsis”, Vázquez reclamó de los medios mencionados el deber de diferenciar entre información y opinión, y que “se asuma que la opinión es opositora”. Vázquez opinó que “la oposición se ha desplazado de los partidos políticos a otros intereses y otros poderes que hay en el país”; mencionó, a modo de ejemplo, a la Asociación Rural del Uruguay.

Tras el planteo del presidente, brindó un extenso informe sobre la rendición de cuentas el ministro de Economía, Danilo Astori. Al finalizar la exposición varios legisladores solicitaron la palabra; algunos se refirieron al tema presupuestal, y otros formularon consideraciones sobre el tema de la prensa. El diputado del mpp Luis Rosadilla dejó sentada su discrepancia “sustancial” con los planteos generales respecto de la política comunicacional. En declaraciones posteriores a BRECHA Rosadilla precisó que su discrepancia era de oportunidad y de forma, en especial sobre la generalización respecto de las radios. “Que los medios tienen orientaciones políticas no es nuevo, pero nos corresponde a nosotros, los políticos, ser exactos en nuestras declaraciones para evitar la tergiversación y porque, además, debemos ser conscientes de nuestra relación con los periodistas, porque cumplen un papel de mensajeros, pero también hay mandaderos.” El senador Alberto Couriel compartió las apreciaciones del presidente pero recordó que el gobierno está omiso en el tema de los monopolios de los medios.

LOS ESTILOS. El martes 28, una improvisada conferencia de prensa durante un acto a propósito del Día Internacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas introdujo un enfoque diferente que en gran medida diluyó el impacto de la acusación y aportó argumentos a los denunciados. Allí Vázquez dio carácter público a sus declaraciones, pero atenuó considerablemente el centro del enfoque. Dijo que “hay medios de comunicación que además de informar hacen oposición sistemática al gobierno”; defendió la libertad de expresión y afirmó en varias oportunidades que “está bien que hagan oposición, lo que me parece mal es que no reconozcan que son oposición al gobierno”. Reiteró el concepto, pero sólo en una oportunidad se refirió a ciertas campañas de prensa como “operativos políticos”. Como es ya habitual en sus reflexiones ante la prensa, el presidente matizó constantemente el discurso, de modo que al aflorar las críticas, éstas se centraron en el derecho de los medios a opinar, y que ciertas opiniones, legítimas, contienen una crítica y expresan una oposición. ¿Acaso el presidente pretende satanizar la crítica y abogar por un discurso único? Tal parece que no es esa su intención.

Enfocado desde ese ángulo, el presidente cosechó nuevas críticas, ahora por una intención de presionar a los medios y deteriorar la libertad de prensa, como señalaron expresamente, y en términos duros, los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle; este último comparó la postura de Vázquez respecto de la prensa con la política de censura sistemática de la dictadura militar. Sanguinetti, en cambio, se mostró más preocupado por difundir su opinión sobre el incidente, tanto que llamó a los tres canales de tevé abierta sugiriendo (si ese es el verbo) que lo entrevistaran.

La reacción del periodista Emiliano Cotelo abarcó otro enfoque. En un comentario editorial en su programa En perspectiva, de El Espectador, se planteó diversos interrogantes: ¿a partir de la disconformidad presidencial puede estar en juego la revocación del permiso estatal con el cual opera una radio o un canal ? (...) A un medio que el presidente señala como opositor sistemático, ¿puede llegar a sancionárselo con un trato discriminatorio en la asignación de la publicidad oficial? Y, por último, los medios a los que ha aludido el presidente, ¿pueden ver afectado su acceso a la información y a la posibilidad de entrevistas con jerarcas de gobierno?”. Y concluyó: “después de un pronunciamiento como el que acaba de hacer el doctor Vázquez (...) puede haber periodistas y/o directores de medios que de ahora en adelante se sientan condicionados”.

En el oficialismo, aunque no hubo un debate público sobre las polémicas apreciaciones del presidente, muchos dirigentes confesaron que fueron tomados por sorpresa, y que quizás, aun compartiendo la esencia de la crítica a los medios de derecha, “fue mal asesorado” respecto del enfoque y de la oportunidad. Nunca fue tan estridente el desgarro de vestiduras en empresas periodísticas y medios televisivos que cargan sobre sus espaldas una pesada historia de silencios y sometimientos. A juzgar por las reacciones, nuestros más importantes medios son ejemplo de un periodismo democrático que hace del servicio a la población el norte de sus actividades; un periodismo que reclama para sí la objetividad y la veracidad como atributos absolutos. El Observador, por ejemplo, reclamó su derecho a opinar y oponerse a ciertas medidas del gobierno; “El Observador ha criticado algunas decisiones del actual gobierno y ha elogiado otras. Podemos equivocarnos o podemos acertar, pero siempre hemos apelado a la racionalidad. No tenemos más intencionalidad que la de cumplir la función de la prensa”, sostuvo en su editorial del miércoles 28. Pero en la crónica de la página 3 se afirmaba: “Lejos de negar las críticas a los periodistas que en privado lanzó el lunes 26 durante una reunión con ministros y legisladores del oficialismo, el presidente (...)”, cuando en realidad Vázquez no se refirió expresamente a los periodistas sino a las empresas.

La intención de involucrar a los periodistas como víctimas de las acusaciones sobre “operaciones políticas de los medios” tiene su apoyatura en las reacciones presidenciales ante preguntas de los cronistas y el ofuscamiento por la insistencia de las crónicas y los informes en señalar ambigüedades y contradicciones en el discurso presidencial, como fue el caso notorio de una eventual reelección. Es un problema de estilo que afecta la determinación presidencial de no presionar a la prensa. “Ya no hay más llamaditas”, ha afirmado el presidente, refiriéndose a las presiones y censuras que otros gobiernos instrumentaron desde el Edificio Libertad, y –que se sepa– tales prácticas no son parte del continuismo.

Se ha señalado reiteradamente como práctica habitual de ciertos medios una edición antojadiza de los productos que elaboran los periodistas profesionales, y ese es quizás un punto que podría elaborar el propio gobierno, en una auténtica política comunicacional, para preservar la independencia del periodista respecto del medio en que trabaja y erradicar la manipulación, la censura y la autocensura a que están expuestos en la relación de dependencia laboral.

En una declaración emitida el miércoles, la Asociación de la Prensa del Uruguay afirma que las acusaciones del presidente “afectan indirectamente la labor de los asalariados” y “los empresarios” al “referirise genéricamente a los medios y a supuestas operaciones políticas” sin “deslindar responsabilidades” y “poniéndolos a todos en la misma bolsa”. Y agrega: “el presidente debería referirse a otros temas que hacen a la democratización y pluralidad de visiones de los medios”, como la “legalización de las radios comunitarias o la entrega de la frecuencia televisa disponible a organizaciones de la sociedad civil”, un viejo reclamo del propio sindicato de periodistas y del PIT-CNT.

El trámite que ha tenido la controversia sumergió en un segundo plano los dos elementos centrales de las acusaciones de Vázquez: los operativos políticos y el desplazamiento de la oposición política hacia “otros centros de poder”. Sin duda que la mayoría de los medios aludidos “critican y aplauden”, pero no por un simple movimiento de sístole y diástole del flujo informativo sino porque los elogios o las críticas se refieren al impacto, positivo o negativo, de ciertas medidas de gobierno respecto de los intereses que entrelazan a los dueños de los medios con los “centros de poder”. Tales reacciones no requieren concertación puntual, son casi reflejos condicionados que permiten observar una total coincidencia de enfoques, como ocurre sistemáticamente con la “sensación térmica” en el tema de la inseguridad ciudadana (una bandera fácilmente detectable que despliegan los sectores ultraconservadores de los partidos tradicionales) y en general con el apoyo incondicional a las cámaras empresariales en la confrontación con las políticas laborales del gobierno.

No es coincidencia que sistemáticamente se aplauda una política de inversiones y una cierta orientación del comercio exterior y paralelamente se reclame mano dura con los trabajadores y se cuestione la equidistancia en la administración de las relaciones laborales. El reciente episodio del abortado retiro de maquinarias de la fábrica Dancotex, ¿no instala la sospecha de un “operativo político” de ciertos medios, que seguían reclamando el linchamiento del ministro José Díaz después de quedar claro que no existió la denunciada presión del ministro sobre la justicia?

Si las políticas del gobierno –sobre secreto bancario, reforma impositiva, derecho de huelga y su extensión, ocupaciones de los lugares de trabajo, auditorías y corrupción administrativa–, aun en la cadencia oscilante en que se van perfilando, afectan intereses históricamente acostumbrados a recibir y no dar, es lícito denunciar para abortar “operaciones políticas” de “centros de poder” que históricamente han anudado sus lazos con ciertas empresas de comunicación. El asunto es hacerlo de un modo directo, que no dé lugar a ambigüedades. La estrategia de una de cal y otra de arena no calmará a los leones; de ello hay vasta experiencia histórica, en el país y en el continente.

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