Alemania está a punto de aprobar una reforma constitucional que, a diferencia de lo que estamos presenciando atónitos en España, se dirige a reforzar al Estado y no a reducirlo, destruirlo o desguazarlo. Y ello por la sencilla razón de que en el mundo globalizado en que nos encontramos el Estado, sea unitario o descentralizado, debe redefinir su misión y cumplir unas funciones modernizadoras, que redistribuyan las rentas, que sean solidarias entre los diversos territorios que lo componen, que se dirijan a invertir en la investigación, a garantizar la seguridad, a impedir las deslocalizaciones de las empresas y a anticipar y fomentar las mutaciones, ayudando a la iniciativa privada en la innovación y en la tarea de crear empleos para el mañana.

Todo esto es lo que constituye el Leitmotiv de la reforma de un Estado federal que se encontraba bloqueado por la exigencia de superar el continuo veto del Bundesrat o Senado, en el que están representados los Gobiernos de los diferentes Länder o estados regionales, y que fue la causa de la paralización de los Gobiernos de Kohl y Schröder, el cual se vio obligado a disolver el Bundestag por la presión del Senado. Como es sabido, todo sistema federal o autonómico -como es el nuestro- es siempre el fruto de un «compromiso» entre la reivindicación de una autonomía creciente de los estados y las tendencias a un reforzamiento del Estado central, como consecuencia de factores económicos, financieros o fiscales, militares o de política exterior. Se trata así de encontrar un equilibrio entre las tendencias centrífugas y las centrípetas, que lleven a una racionalización del Estado por medio de la cual se adopte el principio de subsidiariedad o de eficacia, en el sentido de que la distribución de materias se realice respectivamente, en aras del bienestar de los ciudadanos, por los órganos centrales o los descentralizados. En definitiva, la forma de llevar a cabo este principio de compromiso o de equilibrio pasa ineludiblemente por una clara delimitación de las competencias del Estado central y las de los Länder. Pero para comprender mejor lo que sucede hoy en Alemania hay que remontarse a la fundación de la actual República Federal.

El Estado nacionalsocialista rompió con la tradición federal de Alemania, para pasar a la concentración de todos los poderes en un Estado unitario, presidido por la voluntad del Führer, que llevó a Alemania al desastre del III Reich y a su derrota en la II Guerra Mundial. De esta manera, la Ley Fundamental de Bonn de 1949 fue una Constitución tutelada por los aliados, que querían evitar una nueva Alemania con poderes demasiado centralizados y para lo cual propusieron un Estado federal en el que las competencias estuviesen repartidas ambiguamente entre el Estado central y los estados regionales. Por consiguiente, se concibió un Senado, con representación de los gobiernos de los Länder, que evitase esa posible concentración del poder central. Pero la consecuencia fue que durante los últimos 40 años, pese a varias reformas constitucionales para reforzar los poderes del Estado, el poder de veto del Bundesrat alcanzó el 60 % de la legislación federal hasta llegar a la parálisis de los dos últimos gobiernos anteriores. La causa de tal parálisis se debe a la necesidad de que las autoridades federales tengan que negociar la mayor parte de las iniciativas importantes con los representantes de los estados.

Frente a tal situación desastrosa la única posibilidad era evidentemente la revisión de la Ley Fundamental, pero para ello era necesario contar con la voluntad de los dos grandes partidos a efectos de superar la mayoría de dos tercios que se exige para una reforma de tal envergadura. De ahí la Grosse Koalition que encabeza actualmente Angela Merkel, que se ha propuesto llevar a cabo el mayor cambio radical desde la fundación de la República Federal y que comprende cerca de 40 modificaciones de artículos en una primera etapa, puesto que el delicado tema de la financiación y la fiscalidad, se deja para una segunda más adelante. En efecto, la política fiscal descansa en gran parte en las decisiones de los Länder, lo cual significa que ante un inesperado aumento del déficit público, el Gobierno federal no dispone de autonomía para aumentar los impuestos y poder hacer frente al mismo. La reforma constitucional consistiría en la devolución al Gobierno federal de ciertas competencias en esta materia, justo lo contrario de lo que se pretende ahora en nuestro país con la reforma demencial de los Estatutos.

Por consiguiente, de lo que se trata no es tanto de una nueva redacción de la Ley Fundamental, sino sobre todo de una «redefinición» de las competencias respectivas del Estado central y de los estados miembros. De este modo, esta reforma se centra especialmente en tres aspectos: en primer lugar, en una reducción drástica del veto del Bundesrat para aceptarlo sólo en un 30 %, en lugar del más del 60 % actual. En segundo lugar, en una clara delimitación de cuáles son las competencias exclusivas del Estado central, que podrá legislar en materias que se consideran básicas para todo el territorio federal, en sectores como la sanidad, la seguridad social o las pensiones, circunstancia que puede interpretarse como un claro signo de fortalecimiento nacional que refuerza al todo sobre las partes. Y, por último, a cambio de esta «recuperación» de competencias a las que ningún estado puede renunciar en la actualidad para hacer frente a las necesidades económicas y sociales en el seno de un mundo globalizado, se ceden unas competencias plenas a cada estado federado en materias como educación, medio ambiente y sistema penitenciario. Ciertamente, muchos han criticado que se transfiera definitivamente la competencia permanente de la educación a los diferentes estados miembros, en lugar de que existiese un sistema uniforme para toda la República, opinión que yo comparto, en parte, a la vista de la anarquía que existe en España en esta cuestión, que nunca debiera haber sido transferida a las Comunidades Autónomas, pues ya sabemos lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay que reconocer que en Alemania esta cesión no tiene las mismas consecuencias nefastas que en España, porque son diferentes los datos que existen allí.

En Alemania no hay más que una sola lengua, se explica la misma Historia, no existen partidos nacionalistas (salvo el caso atenuado de Baviera) y, en lo que respecta al nivel universitario, a diferencia de nuestro actual y perverso sistema de obtención de cátedras, piedra básica del mismo, existe la cláusula llamada Hausverbot (prohibición de la endogamia), en lugar de prevalecer el contraproducente método nuestro de que únicamente las cátedras de la universidad catalana sean para los catalanes y así sucesivamente en las demás. Un profesor que procede de cualquier universidad alemana, por tanto, debe acceder a una cátedra que no sea de la suya de origen, lo que fortalece la calidad y la competitividad entre las universidades.

En conclusión, lo que se pretende con la reforma que se aprueba ahora es situarse en la línea correcta de todo Estado Federal o descentralizado, al igual que ya ocurrió primero con Estados Unidos en el siglo XIX o en la actual Suiza, después de su Constitución de 1999. Esto es, establecer un reparto necesario de competencias entre el Estado central y los estados miembros, claro y preciso, regido por el principio de subsidiariedad. Lo contrario, por cierto, de lo que está ocurriendo en España, cuando hemos emprendido un camino que nos lleva a la fragmentación del Estado, a la aniquilación de nuestra Constitución y a la inviabilidad de gobernar en el futuro para todos los españoles. No es extraño, así que ante este panorama, cuyo perfil más nítido lo descubrirán los españoles dentro de poco, empiecen ya a reaccionar los sectores más dinámicos de la sociedad, como pude comprobar hace días.

Efectivamente, en un acto presidido por los Reyes, en el que se encontraba gran parte de nuestra clase empresarial, uno de sus más conocidos dirigentes expuso en su discurso las dificultades que conocen cada vez más, los empresarios, preocupado por la selva de normas administrativas y legislativas que se empeñan en aprobar nuestras Comunidades Autónomas o Nacionales. Sin embargo, todo esto corre el peligro de desaparecer si el actual Gobierno persiste en modificar el marco vigente, a través de concesiones absurdas a los nacionalistas de toda laya, olvidando que, como ha ocurrido en Alemania, no se puede transformar las reglas del juego, teniendo en contra al partido de la oposición, el cual es hoy, con titubeos y vacilaciones, el que está defendiendo paradójicamente una amenazada Constitución, aprobada por todos y para todos.

Jorge de Esteban es presidente de Unidad Editorial y catedrático de Derecho Constitucional.

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