El presidente del Gobierno realizó ayer guiños con los dos ojos al mismo tiempo: invocó la negativa a pagar un precio político por el fin de ETA, pero habló del respeto a las decisiones de los vascos en términos que han gustado a Batasuna; se amparó en la resolución del Congreso de los Diputados para comprobar si la banda deja las armas, pero a la vez abrió el camino a un proceso político que va más allá de la autorización del Parlamento.

José Luis Rodríguez Zapatero quiso presentar su iniciativa como la continuación de los esfuerzos negociadores de Felipe González y José María Aznar, sin tener en cuenta que apelaba a dos experiencias fracasadas y, por tanto, poco dignas de ser repetidas.

El mensaje del presidente incluyó invocaciones a los principios tradicionales - rechazo a pagar un precio político, compromiso con la Constitución, fidelidad a las víctimas-, pero a la vez echó mano de conceptos de significación estrictamente nacionalista, como la idea del "proceso de pacificación y normalización del País Vasco", sobre cuyo significado hasta ahora se han enfrentado los nacionalistas y constitucionalistas de Euskadi. Los primeros lo entienden como más nacionalismo, los segundos como un país sin terrorismo.

La declaración de Rodríguez Zapatero tenía derrotes hacia un lado y hacia otro. Y tenía también silencios: hizo referencia al inicio del diálogo con ETA, pero no mencionó que fuera para comprobar si está dispuesta a dejar las armas, como establece el acuerdo del Congreso de los Diputados del 17 de mayo del 2005, aunque se supone. Al mismo tiempo abrió el camino a poner en marcha un proceso de revisión del marco estatutario vasco que sería realizado por "los representantes legítimos de la voluntad popular", algo que hoy por hoy deja fuera a Batasuna. Aunque tampoco aportó detalles suficientes, parece desprenderse del discurso presidencial que puede ser un proceso paralelo al del diálogo con ETA.

ETA, Batasuna y otros nacionalistas llevan tiempo exigiendo al Gobierno español y a su presidente que haga una declaración como la de Blair en Downing Street, interpretando que ahí se reconocía el derecho de autodeterminación y olvidando que el IRA y el Sinn Fein lo rechazaron. Ayer Zapatero buscó una fórmula para dar satisfacción a esa exigencia: "el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia y coacción".

Y a Batasuna le pareció que el Gobierno se comprometía a respetar la libre decisión de los vascos. Sin matices. Pero el presidente apeló al respeto a los "procedimientos legales", algo que tiene poco que ver con la exigencia planteada por ETA en su último comunicado de que "ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sea obstáculo o límite" en la decisión de los vascos. Puesto que el presidente ha invocado la legalidad y la Constitución, es evidente que Batasuna no escucha lo que le han dicho o se queda con unas palabras e ignora otras. Este desajuste sólo puede ser foco de conflictos en el futuro.