LA MOVILIZACIÓN de la sociedad contra el terror, la infatigable y eficaz persecución policial y judicial de la banda ETA, la ilegalización de su brazo político o la inestimable colaboración de Francia son los factores que han contribuido decisivamente a la asfixia de la organización terrorista. Así pues, el alto el fuego no es una concesión graciosa de ETA, sino una conquista de la democracia española que, sin ninguna ilusión en que las concesiones pudiesen amainar a la jauría, se ha enfrentado con firmeza a ETA hasta conseguir derrotarla.

Si en estas condiciones se inicia el diálogo con la organización terrorista con el fin de lograr su desarme y definitiva disolución, el hecho nada tendrá que ver ni con las conversaciones de Argel en 1989 ni con las de Suiza celebradas diez años después. En efecto, el riesgo de que ETA pueda reforzarse, como sucedió en los años ochenta, como consecuencia de un diálogo con el Estado, es hoy prácticamente nulo. Al declarar el alto el fuego después de tres años sin matar, ETA no puede sacar la conclusión de que es la violencia la que está forzando al Gobierno a negociar. Tampoco parece plausible que ETA piense que podemos renunciar a los principios que hemos defendido contra viento y marea ante la violencia, cediendo ahora ante la verborrea de quienes no tienen más salida que renunciar a ella.

Las circunstancias han cambiado tanto que hoy puede plantearse un diálogo con ETA sobre su final sin temor a que dicho diálogo haga renacer de sus cenizas a la banda terrorista.

En realidad, la esperanza para ETA sólo puede llegar del enfrentamiento entre el PSOE y el PP sobre el llamado proceso de paz, si éste deriva, como parece, en una confrontación vital para los intereses electorales de ambos partidos. Éste es el único río revuelto en el que todavía puede pescar ETA. Por eso es imprescindible que Zapatero y Rajoy, en vez de tirarse los trastos a la cabeza, respondan con claridad a algunos interrogantes. ¿Por qué el PP ha roto con una larga y arraigada tradición de la democracia, según la cual la política antiterrorista se mantenía al margen de la lucha electoral? ¿Es consciente Rajoy de que con su irreductible posición debilita al Gobierno legítimo del país y proporciona un balón de oxígeno a ETA y su entorno? ¿Está dispuesto el presidente del PP a hacer descarrilar el proceso de paz por miserables cálculos electorales? ¿Mantiene el presidente del Gobierno en todos sus términos la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados para la apertura del diálogo con ETA? ¿Contempla el Ejecutivo la posibilidad de una negociación de carácter político al margen de las instituciones democráticas de aquella comunidad autónoma y mientras ETA pueda ejercer algún tipo de tutela sobre el proceso político?

Necesitamos respuestas coherentes a estas preguntas. Todo lo demás, el triunfalismo de unos o el catastrofismo y las insidias de los otros, es, cuando está en juego la vida y la dignidad de las personas, simplemente inaceptable.