Fernando Grande-Marlaska fue el primer juez que se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao, para interesarse por la situación de un etarra detenido. Lo hizo hace algunos años, por sorpresa, a las cuatro de la madrugada, acompañado de un forense y de la secretaria del juzgado, para comprobar con sus propios ojos que el arrestado no estaba sufriendo malos tratos. Hasta entonces, ningún magistrado había hecho una cosa parecida. Fue también el juez que durante una época trajo de cabeza a los responsables de Instituciones Penitenciarias por su manga ancha a la hora de admitir a trámite las denuncias de los familiares de los presos de ETA, denuncias que dieron lugar a la apertura de una treintena de procedimientos judiciales.

Hace unos días, el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz apuntaba a la posible sintonía del juez con su propio partido, indicando que había podido ser votante nacionalista. Eso fue antes de que el magistrado considerara necesario citar al propio Arzalluz como testigo en el sumario abierto por la trama de extorsión de ETA, en el que un compañero del ex presidente del PNV, Gorka Agirre, tendrá que declarar mañana como imputado por colaboración con la banda.

Estos días Fernando Grande-Marlaska se encuentra en el ojo del huracán por dos hechos: el primero, porque sus actuaciones judiciales en el campo antiterrorista no coinciden con el interés político del Gobierno; el segundo, porque ha tocado el nervio sensible de un partido, el PNV, y en España cada vez que un juez ha osado meterse con un partido, sea cual sea éste y sea cual sea el motivo, termina a los pies de los caballos.

El resultado es un aluvión de críticas sobre el juez y sus actuaciones, unas mediante un intento de argumentación y otras mediante meras descalificaciones. A Grande-Marlaska se le ha empezado a tachar de juez estrella, se le ha acusado de actuar por la necesidad de adrenalina o se le han asignado afinidades ideológicas. Es lo más fácil: se recurre a los calificativos y uno queda eximido del recurso de justificar la crítica. No hay que razonar, basta con echar mano de un buen sambenito que degrade a aquel contra quien se arroja.

A este juez, desde hace tiempo, hay quien le viene acusando de sabotear el proceso abierto con ETA. Marlaska es presentado como un enemigo de la paz por el mero hecho de seguir adelante con la investigación antiterrorista. No se recuerda a ningún gobierno que haya mostrado menos entusiasmo ante una operación contra ETA como el actual Ejecutivo tras la desarticulación de una red de extorsionadores que venía proporcionando dinero a la banda desde hace muchos años y que ha seguido realizando esas tareas incluso después de la tregua.

A Grande-Marlaska le han llovido toda suerte de acusaciones por ordenar la detención de dos empresarios sospechosos de pagar voluntariamente a ETA y le han criticado sin esperar a conocer las motivaciones del juez, porque parte del sumario esta bajo secreto.

Pero mientras todas las baterías se dirigen contra el magistrado, nadie se acuerda de que la operación estuvo a punto de ser saboteada porque, presuntamente, un policía infiel se fue a informar a los terroristas del estado de las investigaciones. No existe en la historia de la democracia española un precedente tan indigno. Ha habido errores y decisiones torpes que han podido perjudicar la lucha contra ETA, pero nunca se ha dado una traición semejante en España.

Y nadie ha dado explicaciones sobre el comportamiento de ese policía (o lo que sea) corrupto ni sobre las medidas encaminadas a descubrirlo y ponerlo a disposición de la justicia.