La renuncia de Pasqual Maragall a postularse como candidato socialista a la presidencia de la Generalitat representa, entre otras muchas cosas, la finalización de un ensayo: la constitución de una mayoría de izquierdas que, como coalición postelectoral, sustituyera al pujolismo en la dirección política de Catalunya. La suma de los escaños del PSC, ERC e ICV cerró el paso a la formación que había obtenido más parlamentarios en las autonómicas del año 2003 porque aparecía ungida de una determinada fuerza moral: se trataba de realizar el cambio, de impedir la perpetuación de CiU en el poder autonómico catalán. Tres años después, el fracaso del tripartito como fórmula de gobierno obliga al PSC a ganar a CiU tanto en votos como en escaños si quiere mantenerse al frente de la Generalitat. Sólo así podría establecer las alianzas que precise para dar continuidad a aquellos aspectos del ensayo Maragall que desee reivindicar.

La retirada de Maragall abre las puertas a un tiempo nuevo protagonizado por personas que en la etapa de Pujol ocupaban, en todo caso, papeles más secundarios. Pero, al mismo tiempo, sugiere también un cierto retorno al pasado: a la época en que los electores catalanes distinguían el poder autonómico del municipal y concedían el primero a los convergentes y el segundo a los socialistas.

Es precisamente la recuperación de la memoria reciente el factor que constituye el principal obstáculo para las aspiraciones del socialismo catalán. El riesgo de que el restablecimiento del bipartidismo PSC-CiU vaya acompañado de la desigual participación electoral en autonómicas, locales y generales. Sería paradójico que fuese precisamente la renovación de los equipos dirigentes en ambas formaciones la que acabase afianzando una de las características más peculiares del periodo pujolista.

La otra paradoja resulta más patente. Los comicios del próximo otoño se presentan para elegir a aquella formación que mejor podría llenar de contenido y gestionar el nuevo Estatut.

El empeño de Maragall no sólo acabó siendo heredado por Mas gracias a los buenos oficios de Rodríguez Zapatero. Es probable que el protagonismo concedido al líder de CiU para garantizar la aprobación final del Estatut le haya situado ante buena parte del electorado catalán no convergente como el aspirante idóneo para negociar el desarrollo del nuevo Estatut y administrarlo. Una percepción que enlazaría con la memoria reciente de la era Pujol.

En las primeras autonómicas, en el año 1980, los socialistas y los comunistas catalanes se vieron sorprendidos por el ascenso de la formación liderada por Jordi Pujol. La sensación de que habían facilitado el camino a Convergència se convirtió en un reproche amargo, tan estéril como flagelante. Dos décadas después, Maragall se convirtió en la esperanza que la izquierda encontró para rehacerse de aquel revés. La posibilidad de que esa misma izquierda, con Maragall, haya vuelto a facilitarle la tarea a CiU y para un largo periodo resulta hoy incluso más lacerante que entonces. Sobre todo si los compromisos entre el nuevo equipo convergente y Rodríguez Zapatero adquieren un calado más hondo que el entendimiento entre González y Pujol.

Cabría concluir afirmando que el referéndum del 18 de junio sepultó el texto del Estatut aprobado por el Parlamento catalán el 30 de septiembre pasado. Ni el entusiasmo suscitado por la consulta permitiría estimar que la ciudadanía anhela

JOAN CASAS más autogobierno que el aprobado; ni los votos contrarios al Estatut reflejan tal significado. Es lo que hay. Y la aventura ha resultado demasiado costosa y contradictoria como para que a alguien se le ocurra remontar peldaños respecto al texto refrendado. El resultado del referéndum y la renuncia de Maragall son, a la vez, causa y efecto del retorno al posibilismo en Catalunya. Y ello sea quien sea el ganador en las próximas elecciones. La pregunta es si ese retorno al posibilismo, al pacto y a la moderación puede repercutir, y en el mismo sentido, en el debate general sobre el futuro de la España autonómica. Tanto en lo que respecta a la política del Partido Popular como en lo que se refiere al futuro del autogobierno vasco, mediatizado por el aún incierto proceso de paz. Porque sólo si las distancias entre el PP y el Gobierno se reducen y sólo si la revisión del Estatuto de Gernika renuncia a la vía soberanista cuajará la moderación en Catalunya.