No parece casualidad que el juez Garzón regrese para ocupar el puesto del juez Grande-Marlaska cuando el Gobierno y sus medios de propaganda están acusando al juez de aplicar la Ley (sic) y, en consecuencia, de entorpecer el llamado proceso de paz, según los detractores porque el magistrado busca la notoriedad. Y por ello se reclama o se espera como agua de mayo el regreso de un magistrado tan discreto como Garzón, que es capaz de marcar la “X” en la espalda de González y luego colocarse de número dos del PSOE en las elecciones por Madrid, de perseguir a Pinochet por medio mundo y, a la vez, comprender como nadie la eximente o atenuante del estado de necesidad. Dado que todo apunta a que Garzón no ha vuelto por sí solo, sino que ha sido llamado.

Los empresarios vascos o navarros que pagan el impuesto revolucionario a ETA antes o después de la tregua reclaman ante los tribunales, cuando son descubiertos, el atenuante del “estado de necesidad”, que es en otras circunstancias menos dramáticas pero en algo similar a lo que alude un indigente cuando roba comida en un mercado. Y podría darse el caso, a la vista de la actualidad, que algunos ciclistas de renombre se acojan también a semejante argumento a la hora de justificar el dopaje en cadena que se ha descubierto en España, porque en el Tour de Francia los Alpes o los Pirineos provocan en todos los ciclistas de élite un verdadero estado de necesidad de fuerzas para superar las murallas que les ponen a su paso.

Lo del pago del impuesto revolucionario es, para empezar, ilegal y por tanto un delito, pero además y dentro del dramatismo intolerable que incluye el chantaje de una banda terrorista, esta colaboración con los terroristas acaba teniendo consecuencias mortales para otros ciudadanos también inocentes —fuerzas de seguridad, militares, funcionarios, periodistas, políticos, etc.— que no pueden pagar a cambio de impunidad esos impuestos con los que los etarras financian los comandos de la muerte.

Y sobre los que, acabamos de descubrir, existen extrañas gestiones humanitarias de altos cargos del PNV que en vez de acudir a la Justicia acuden a los cobradores de ETA para interceder, negociar o pactar ciertos extremos, como lo han reconocido sin pudor, a sabiendas que ellos están exentos, por nacionalistas, del impuesto y del riesgo de morir de un tiro en la nuca. Y todo esto se ha sabido al hilo del llamado proceso de paz porque un dirigente del PNV, Gorka Agirre, ha querido hacer la gracia o dar testimonio de que ETA había ordenado a sus comandos cobradores no pasar más facturas y él, que tiene excelentes relaciones con los capos de cobradores de la muerte, podía atestiguar que sus amigos le habían encargado, ¡incluso!, que les avisara a ellos —pero no a la Policía— si alguien de la banda se desmandaba e intentaba hacer “calderilla”, según su propio argot.

El llamado proceso de paz está sacando demasiada suciedad de las alcantarillas de ETA y está dejando en pañales al Estado de derecho frente al estado de necesidad, o frente a la pretendida nueva “realidad social” que los publicistas del poder exhiben, citando el Código Civil, para justificar la ausencia de la Fiscalía del Estado o para pedirles a ciertos jueces que no apliquen la ley, con el mismo descaro con el que se ataca al juez Grande-Marlaska por aplicar la legalidad.

El presidente Zapatero, dicho está, ha tomado la decisión de sentarse con Batasuna y con ETA y no hay quien lo pare. Y muy posiblemente, como también se encuentra con el Tourmalet de la Ley y sufre su particular estado de ansiedad o necesidad, por ello, ¡oh casualidad!, desembarca el inefable juez Garzón en la Audiencia Nacional, a sabiendas de que puede haber de por medio un Premio Nobel de la Paz, o simplemente un nuevo protagonismo estelar, o porque tiene un encargo “de los suyos” o sólo porque se le acababa el visado en Estados Unidos y la excedencia, vaya usted a saber. Pero todo parece indicar que Garzón no ha vuelto sino que lo han llamado por causa de un estado de necesidad que no es otro que el deseo del Gobierno y de ETA de neutralizar la acción de la Justicia durante el proceso de paz que está a punto de comenzar.