El juez Marlaska explica en tres casos prácticos que la política debe someterse a la ley y no al revés, de Antonio Casado en El Confidencial
La semanita se las trae. Semana Marlaska, digamos. La última del sustituto de Garzón al frente del Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional. Por ser la última, Grande-Marlaska la dedica con todo cariño al Gobierno Zapatero. A modo de despedida y en forma de lección magistral sobre la independencia de poderes. Una vez más con casos prácticos nos explica este joven valor de la Judicatura española que el ejercicio de la política debe adaptarse al cumplimiento de la ley y no al revés.
Primer caso práctico: prohibición de una charla de Arnaldo Otegi convocada para hoy en Barcelona. Se aplica un auto judicial sobre suspensión de actividades de Batasuna. El portavoz de dicha organización ilegal e "interlocutor necesario" del Gobierno en el reflotamiento político de "la izquierda abertzale", como diría Zapatero, se proponía hablar del "proceso" (de "paz", para unos, de "solución del conflicto", para otros) a título personal.
A título personal y en uso de su derecho a la libertad de expresión, según doctrina Moncloa y el editorial de ayer de El País contra del auto del juez Marlaska. Sin embargo, la doctrina Moncloa, El País y todos los que reprueban la prohibición no lo lamentan por la persona ofendida sino por el impacto negativo que el cabreo de Batasuna puede tener sobre "el proceso". Pero seamos lógicos: si Otegi iba a hablar hoy en Barcelona a título personal, ¿por qué nos quejamos del impacto de la prohibición? Sólo tiene sentido la queja si acordamos todos que ni Otegi juega por su cuenta ni Fernando Torres marca goles a título personal.
Segundo caso: el de los empresarios navarros, Azpiroz y Saralegui. Acusados de colaboración con banda armada, por supuestos pagos a ETA, han pasado el fin de semana en un calabozo policial de Canillas (Madrid) y hoy declaran ante el juez Marlaska, que ordenó su detención el viernes pasado. El supuesto delictivo está perfectamente tipificado y, en ese sentido, el juez se limita a aplicar el Código Penal. Otra cosa es fijar luego el grado de voluntariedad o de coacción que hubo en dichos pagos, por desgracia habituales durante las últimas décadas. Asunto distinto es también que, precisamente por la extensión de esa práctica mafiosa, los jueces no hayan mantenido siempre el mismo grado de intransigencia.
El tercer y último caso ha dado lugar a un sonoro rasgado de vestiduras del nacionalismo que gobierna. Cita del juez Marlaska a dos dirigentes del PNV, fijada para mañana en la Audiencia Nacional. Por un lado, Gorka Agirre, como imputado por colaboración con banda terrorista (supuesto de participación en la red de extorsión de ETA). Y por otro, el ex presidente, Xavier Arzalluz, como testigo.
En este caso, apliquemos el mismo rasero para todos. ¿Recuerdan las famosas fotos de ministros socialistas en las escalerillas de la Audiencia Nacional? No es la primera vez ni será la última que dirigentes políticos de uno u otro pelaje han estado sometidos a la acción judicial. Unas veces con razón y otras sin ella. Por eso no se acaba el mundo ni un dirigente político es más o menos digno por el hecho de tener una cita con un juez.
