EN una nueva muestra del absurdo desquiciado en que se ha convertido el Estado autonómico, los socialistas catalanes han reclamado al presidente Zapatero la potestad de nombrar al futuro sustituto de Montilla, cuando éste abandone el Gobierno para sustituir a Maragall como candidato a la Presidencia de la Generalitat. Es decir, que el Partido Socialista de Cataluña pretende designar, sin tapujos, al ministro de Industria de España. Toma bilateralidad; a esto no se atrevió ni Carod Rovira en la noche de delirante euforia septembrina en que se redactó el Estatuto.

Hemos llegado a un punto en que el disparate territorial parece carecer de límites racionales. Si los socialistas catalanes se sienten animados a meter la mano en el cuaderno de Zapatero para escribirle el nombre de un ministro es porque el mismo presidente ha propiciado un estado de cosas que permite la confusión sobre los principios elementales de funcionamiento del Estado. Y también porque los dirigentes del PSC saben que la presencia del propio Montilla en el Gobierno se debía de manera indubitable a su condición de líder del partido en Cataluña. O sea, a una cuota a la que no están dispuestos a renunciar, desde la creencia de que las competencias nacionales de Industria constituyen una especie de derecho adquirido por el «lobby» catalán. (Creencia abundada también en época de Aznar, con Piqué y Birulés). Nadie ha desmentido, por el momento, tal presunción.

En realidad, sólo hay una manera de desmentirla, y es nombrar como sustituto de Montilla a alguien que no tenga nada que ver con Cataluña. Decisión que corresponde por completo a un presidente que debe su cargo de responsable del PSOE al apoyo de la poderosa federación catalana, aunque entre sus competencias indelegables está la de formar equipo como considere más conveniente. Pronto veremos, a más tardar al final del verano, el verdadero alcance de su autonomía.

El sistema de cuotas representa la última perversión de la política, que convierte los gobiernos en una especie de coalición interna. Manuel Chaves, por ejemplo, hace tiempo que compone el Gabinete andaluz como si fuera un puzle, en el que debe combinar las piezas atendiendo a criterios de sexo y procedencia provincial. Tiene que haber una mitad de mujeres y además han de estar representadas las ocho provincias en condiciones equitativas. El resultado no es un Gobierno, sino un crucigrama. Horizontales: Consejería de Medio Ambiente, mujer y de Almería. Verticales: Consejería de Turismo, hombre y de Málaga. Y así.

Pero al menos Chaves controla las claves del autodefinido. Lo que quieren hacerle los catalanes a Zapatero es blindarle por las bravas la competencia del Ministerio de Industria, sin necesidad de que la contemple el Estatuto, para poder manejar a conveniencia el sector energético y las localizaciones de inversión. Con las cosas de comer no se juega. Bernard Show escribió, con su lúcida ironía amarga, que la democracia consiste en sustituir el gobierno de una minoría corrupta por el de una mayoría incompetente. Sobre minorías incompetentes no dijo nada, quizá porque no conocía a Zapatero.