El prolijo y enojoso debate que ha distraído a Catalunya y dividido a España en los últimos meses parecía cerrado tras conocerse el domingo pasado los resultados del referéndum. De los catalanes que acudieron a las urnas, tres de cada cuatro se pronunciaron a favor de la aprobación del Estatut y uno de cada cinco en contra, tal como había anticipado la última encuesta publicada unos días antes en este diario. No siempre es fácil decir quién ganó unas elecciones porque en ellas se disputan votos y escaños. Y, como bien saben en Catalunya, se puede dar el caso de que un partido gane más votos y el otro consiga más escaños, debido a las peculiaridades del sistema electoral. En el referéndum, las cosas son más simples, porque sólo están en juego los votos. A veces, para que prospere el sí, se exige un mínimo de participación. Cuando eso no ocurre, gana la alternativa que tiene un voto más.

Cuando la diferencia es de 7 a 2, como en este caso, la discusión resulta bizantina, porque los datos son inequívocos y sólo admiten una lectura razonable, sea cual fuere la posición, a favor o en contra, que se mantuvo previamente. Algunos se negaron a aceptarlo aduciendo que el Estatut tan sólo había recibido el respaldo de poco más de un tercio (36%) del censo electoral. Llegaron incluso a contabilizar en un mismo paquete el no, el voto blanco, el nulo y la abstención para decir que dos de cada tres catalanes rechazaron el texto. El año 2000, el PP obtuvo la mayoría absoluta con poco más del 30% del censo y nadie discutió la legitimidad de su victoria. Pero es que, además, ningún partido ha llegado al gobierno de España, salvo el PSOE en 1982, con más de una tercera parte de los votos computados sobre el censo.

La abstención, que superó todas las previsiones, se convirtió así en la cuestión central.

Es obvio que una participación del 50% no puede interpretarse como una prueba de entusiasmo. El texto aprobado es el resultado de un largo proceso de negociación en el que algunos no quisieron participar, otros tuvieron que hacer concesiones y otros se negaron a aceptarlas. Nadie, por tanto, se puede sentir plenamente identificado con él. La mayoría lo ha votado por entender que era mejor que el anterior, beneficiaba a Catalunya y era coherente con los intereses del resto de España. En todo caso, está por inventar el entusiasmómetro y, entre tanto, el peso de los votos no se mide por las emociones con que se expresan, sino por el volumen con que respaldan las distintas opciones.

Si una participación del 50% no implica entusiasmo, por la misma regla de tres un 50% de abstención no implica indiferencia. No hay tampoco noticia documentada de la invención del indiferenciámetro y, por tanto, resulta arriesgado equiparar la falta de entusiasmo con la indiferencia y atribuir a ésta la alta tasa de abstención. Ésta, a primera vista y sin perjuicio de análisis posteriores, se repartió casi por igual y, desde luego, sin diferencias significativas, entre todos los territorios y entre todos los electorados, y resultaría más bien aberrante dar por hecho que los electorados de todos los partidos compartían el mismo grado de interés o desinterés por el resultado del referéndum. Pero, además, es un hecho que en los últimos meses y, de modo especial en el último, ha ido aumentando de forma sistemática la proporción de catalanes que, con independencia de su ideología, señas identitarias o color político, deseaban, según todos los sondeos, el triunfo del sí.

Ni entusiasmo, ni indiferencia: simple pragmatismo. La abstención es uno de los fenómenos políticos más difíciles de estudiar. Sabemos que es mayor, incluso mucho mayor, en los referendos que en otras consultas.

Sabemos que aumenta cuanto menor es la incertidumbre del resultado y la importancia que se le atribuye. En nuestro caso, a medida que se acercaba la consulta no ha dejado de aumentar el número de catalanes convencidos de la importancia del nuevo Estatut, pero ha crecido mucho más el número de los que pensaban que el referéndum no depararía sorpresas, que el sí se impondría de forma muy holgada. Es muy posible que eso último incrementara notablemente la abstención, aunque no fuera su única causa. Lo advertía en estas mismas páginas, una semana antes del referéndum.

Tras la aprobación del Estatut la política catalana ha adquirido una dinámica vertiginosa cuyo primer hito ha sido la renuncia del president Maragall a presentarse como candidato en las elecciones que convocará para el otoño. Lo ha hecho con la elegancia y la sencillez con que se comunican las decisiones largamente meditadas. Su partido, a través de Montilla, le expresó su reconocimiento con menos calor que sobriedad. Los medios catalanes han saludado su gesto y han elogiado su trayectoria, algunos porque sienten que se vaya y otros quizá porque temían que no lo hiciera. Unos y otros han glosado su trayectoria con respeto y admiración, minimizando sus errores y celebrando sus aciertos, que, sin duda, son muy superiores. Tarradellas, Pujol y Maragall son tres nombres para orgullo de Catalunya.

La apuesta se centra ahora sobre la mayor o menor capacidad de Maragall y Montilla para movilizar en elecciones autonómicas al electorado socialista. Al primero se le identifica con el catalanismo de izquierdas, al segundo con el socialismo catalán de mestizaje. Nadie discute a Maragall su condición de líder social ni a Montilla la de gestor político. La pregunta que está en el aire es muy simple: ¿ese relevo de personalidades al frente del PSC lo hará más o menos competitivo en el plano autonómico? Cualquier respuesta es arriesgada, porque no sabemos bien por qué razones una parte de los catalanes que votan socialista en las elecciones generales se abstiene o vota por otro partido en elecciones autonómicas. A mí no me han convencido nunca las explicaciones psicologistas, las que sostienen que a los inmigrantes catalanes del resto de España no les preocupan las políticas autonómicas. ¿Cómo no van a preocuparles las infraestructuras, la sanidad, la seguridad ciudadana o la educación de sus hijos?

Mi impresión es que los socialistas catalanes tienen más claro quién les interesa que gobierne en España que quién les interesa que gobierne en Catalunya. Es difícil saber si la experiencia que ha presidido Maragall se lo ha aclarado. Y más aún si la casi segura alternativa Montilla podrá contribuir a ello de forma más eficaz, manteniendo, a la vez, el respaldo de las clases medias atraídas por el catalanismo de centroizquierda. Las apuestas funcionan en ambas direcciones y, por eso, es fácil comprobar que si el relevo de Maragall por Montilla no ha sido acogido con entusiasmo tampoco deja a nadie indiferente.

Julián Santamaría Ossorio. Catedrático de Ciencia Política de la UCM.