la Ley del derecho a la vivienda, de Salvador Milà en El Periódico
Mañana, el Parlament de Catalunya abordará el debate de la ley del derecho a la vivienda que el Govern aprobó el pasado 25 de abril. Convergència i Unió y el Partido Popular han presentado enmiendas a la totalidad, mientras que Esquerra Republicana presenta enmiendas parciales y todavía no ha definido su apoyo a un proyecto que aprobó como miembro del Govern tripartito. Que la oposición pidiera un dictamen al Consell Consultiu sería un acto de obstrucción injustificable.
Es absolutamente necesario que esta ley se apruebe antes de que finalice el actual período de sesiones. El problema del acceso a una vivienda digna a precios razonables y adaptada a las distintas circunstancias económicas, sociales y familiares, muchas de ellas difíciles, es la principal preocupación de nuestros conciudadanos. Esta problemática se está agravando con el encarecimiento de precios, la subida de las hipotecas, la escasez de pisos de alquiler a precios razonables y también por la limitación de las políticas públicas de promoción de viviendas protegidas. Cada vez son más las personas de todas las edades y los núcleos familiares que viven situaciones de exclusión en lo referente a la vivienda, sin que puedan ser calificados de marginados sociales, sino de personas con necesidades especiales que corren el riesgo de engrosar las listas de situaciones inhumanas que ha denunciado el reciente informe de Cáritas.
TODO AQUEL que tenga relación con la promoción, la construcción, la financiación, la rehabilitación y la gestión de las viviendas en Catalunya está reclamando una normativa valiente, clara, con mayores recursos públicos y mayor implicación de las administraciones para abordar el conjunto de problemas que amenazan al sector inmobiliario, tanto el de venta como el de alquiler, tanto el privado como el cooperativo; que limitan las políticas de rehabilitación, ya sea en cascos históricos o en barriadas populares; que atentan a los derechos de los consumidores y usuarios a la hora de comprar, alquilar o financiar una vivienda; o los que provocan las situaciones irregulares y de incumplimiento de la función social de la propiedad en los sectores más débiles de nuestra sociedad: ancianos, jóvenes, inmigrantes, familias monoparentales... como no se cansan de denunciar las entidades sociales y de inserción.
El proyecto de ley por el derecho a la vivienda que empezará a discutir nuestro Parlament aborda por primera vez el conjunto de estos problemas de forma integrada e integradora y ha sido trabajada, durante meses, y consensuada con los principales agentes interesados, para aportar soluciones y propuestas a corto, medio y largo plazo. No es, por lo tanto, ni una ley improvisada ni impuesta por una determinada tendencia política, ni parcial, como tampoco es inconstitucional.
Si esta ley ha provocado discusión y merece un debate de altura es precisamente porque pone sobre la mesa todos los muchos aspectos que inciden en una problemática cuya solución no se puede confiar solo al mercado ni solo a las administraciones públicas, y porque tiene en cuenta los aspectos urbanísticos, constructivos, económicos y sociales asociados a la vivienda. Los pocos temas que puedan mantenerse abiertos, como es el caso de las reservas para construir viviendas protegidas en el suelo urbano consolidado, se pueden resolver con una ponderada combinación de los instrumentos que facilita la legislación urbanística de Catalunya y su próximo reglamento, así como con los instrumentos de planificación --plan sectorial de la vivienda y planes territoriales-- y, muy especialmente, con la concertación entre administraciones, promotores privados y sociales.
LA DEL derecho a la vivienda es la primera ley catalana que se ajusta a las previsiones del nuevo Estatut para hacer efectivo el derecho de los que no tengan recursos para acceder a una vivienda digna, para cumplir el mandato de que los poderes públicos establezcan un sistema de medidas que haga efectivo y exigible este derecho, que se genere el suelo para la promoción de viviendas protegidas y dar prioridad a los jóvenes y los colectivos más necesitados.
Hay que confiar en que todos los partidos comprometidos con el desarrollo del nuevo Estatut demuestren su coherencia. Nadie va a perdonar que, por partidismos, se quiera retrasar casi un año la aprobación de un instrumento tan necesario para resolver un problema que no puede esperar.
Mientras, el Gobierno debería ampliar los recursos asignados al vigente Pla d'Habitatge para que puedan ser atendidas el mayor número de peticiones de ayuda para las distintas actuaciones protegidas de promoción, rehabilitación y alquiler social, reafirmando su compromiso con la efectividad del derecho a la vivienda.
SALVADOR Milà. Miembro del Consell Nacional de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y exconseller de Medi Ambient i Habitatge.
