LA lengua es la herramienta de que se vale el nacionalismo para inventar una nación y convertir el particularismo cultural en un discurso de exclusión política. En Cataluña, la «normalización» pujolista dio cuerpo durante más de veinte años a la construcción artificial de una identidad colectiva con vocación diferencialista, pero es el nuevo Estatuto el que consagra el modelo excluyente al convertir el idioma en un instrumento separador destinado a articular el nacionalismo como una verdadera obligación ciudadana.

Esta maniobra de imposición ha quedado desenmascarada, con aplastante brillantez expositiva y meridiana claridad ideológica, en el manifiesto de la plataforma Enmienda 6.1 (www.seispuntouno.org), que lucha por la corrección del artículo estatutario en el que se consuma el atropello destinado a utilizar el catalán como palanca para levantar una insalvable barrera política, un soporte de discriminación que sólo concede la ciudadanía plena a quienes se integran en la nación cultural definida en el texto como sujeto de hipotéticos derechos históricos. La presencia entre los firmantes de importantes personalidades de la izquierda catalana y española destruye el simplismo argumental que identifica -de forma expresa en la campaña del PSC- la oposición al Estatuto con los intereses de la derecha, por otra parte tan legítimos como cualesquiera otros. Lo que la plataforma denuncia es el sutil «silogismo perverso» que, al definir el catalán como la lengua propia, la transforma en la lengua «única» de los catalanes, con lo que el castellano, aun bajo la apariencia teórica de cooficial, pasaría a ser la lengua «de los otros», es decir, de quienes no forman parte de la nación que otorga cohesión simbólica al discurso dominante.

Bajo la coartada de salvar una postergación histórica que ya no existe ni de lejos, el Estatuto otorga al catalán una primacía desproporcionada en la vida pública que de hecho reduce el castellano -y a sus hablantes- a una posición claramente postergada, y viene a crear una «nación interior» de dos millones de habitantes dentro de una comunidad de siete. La nueva catalanidad estatutaria parte de la idea de un pueblo esencial agrupado en torno a una tradición y un idioma, y a través de la lengua efectúa una selección -una limpieza- que empobrece deliberadamente la realidad al borrar de la ciudadanía plena a millones de personas que conforman el verdadero paisaje de la comunidad catalana. Se trata de un gravísimo fenómeno de exclusión inaceptable en una democracia igualitaria, que el Partido Socialista ha promovido y/o aceptado de forma tan sorprendente como inadmisible. En la medida en que este discriminatorio abuso se consume sin enmienda, el socialismo catalán se va a hacer cómplice de una tropelía histórica que afectará principalmente a la población inmigrante que constituye su base social. Contagiado del delirio nacionalista, el PSC está cambiando poder por libertad, y es probable que acabe perdiendo las dos cosas cuando resulte demasiado tarde.