La democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Este conocido aforismo puede muy bien ser cierto en lo que atañe a gobernabilidad, pero es sin duda falso en lo que respecta a la previsión y anticipación del futuro. En efecto, es difícil encontrar otras formas de gobierno con una impericia tan profunda para prever, planificar y gestionar adecuadamente las cuestiones a largo plazo.

Hay diversas razones para explicarlo, pero una de las principales tiene que ver con la propia dinámica de los regímenes democráticos. Yes que la democracia es el sistema político más pautado, su pulso bate al ritmo de los ciclos electorales que son su máxima expresión, su razón de ser y su fuente de legitimidad. La centralidad y trascendencia de los comicios es tan grande que oculta la relevancia de sucesos que puedan ocurrir más allá de su fecha; es como si cada ciclo electoral se generara y agotara en sí mismo. Pero en nuestras sociedades la inmensa mayoría de procesos tienen dinámicas que raramente encajan con la de los ciclos electorales y, a menudo, se aprecian discrepancias como, por ejemplo, durante los periodos electorales. Aunque resulta obvio que la vida no se detiene por un comicio, sí que comporta una ralentización de la vida económica y social, un pseudohiato que fuerza el cierre de temas y demora el inicio de nuevos proyectos. Por eso no debe extrañar que en un momento como el actual, en el que además de un referéndum tenemos unas elecciones anticipadas en ciernes, la ralentización devenga parálisis y cualquier cuestión quede en suspenso pendiente de la resolución de la incógnita electoral.

Esta ineptitud de la democracia para gestionar ritmos y plazos superiores a su ciclo electoral es un grave problema en una coyuntura histórica en que los mayores retos de nuestra sociedad, los más trascendentes, son generacionales y requieren una cuidadosa actividad a largo plazo bien planificada y mejor coordinada.

La cuestión sería, pues, cómo conseguir que la democracia sea más sensible al largo plazo. Se han hecho bastantes propuestas que implican, en mayor o menor grado, reformas en su diseño institucional. Algunas comportan la creación de nuevas instancias en alguna de la ramas gubernamentales, otras buscan diseñar instrumentos jurídicos. En el primer supuesto hay dos grandes tipos de iniciativas: en primer lugar, las que definen mecanismos que actúan ex-post para revisar decisiones e iniciativas que pueden afectar negativamente al futuro; en este grupo encontraríamos proyectos para crear instancias judiciales que velen por los intereses y bienestar de nuestros descendientes; pero también hay un segundo tipo que pretende influir proactivamente en el diseño, planificación e implementación de proyectos de futuro. En este grupo se hallaría un amplio abanico de supuestos, desde iniciativas para introducir instancias administrativas hasta propuestas para instaurar órganos legislativos a tal fin. Una segunda línea de trabajo, centrada en el ámbito jurídico, es la que se ha llevado a cabo para desarrollar los derechos de las generaciones futuras; aquí no se buscaría tanto la creación de instrumentos ad hoc para la gestión del futuro como el poder proporcionar a diferentes agentes la capacidad de actuar en nombre e interés de estas generaciones venideras. Todas estas propuestas tienen elementos de interés y potencialidades, pero también platean problemas y dificultades de cara a su implementación efectiva.

Con todo, sería un grave error limitarse a discutir si es posible hacer que la democracia sea más sensible al largo plazo o no; la cuestión fundamental es dirimir si la democracia puede permitirse ceñirse a lo inmediato.