La respuesta del Delegado del Gobierno a la pregunta de Alicia Castro en el Congreso de los Diputados, sobre cuál fue la autoridad ordenante de la carga policial contra los trabajadores de Izar el pasado viernes, en la inauguración del Acuario de Gijón, se produce hoy en el diario La Nueva España, que por cierto no publicó las preguntas de la diputada. Recoje hoy este periódico, en su sección de Gijón, las palabras de Antonio Trevín, que según este diario, evitó valorar las opiniones de los trabajadores que son conocidas fundamentalmente gracias al vídeo "La Asturias oficial y La Asturias real", difundido por El Comentario TV, a través de YouTube, pues esas opiniones, al igual que la pregunta al ministro del Interior de la Diputada, tampoco han sido divulgadas adecuadamente por la prensa que publica las respuestas, sin que hablemos ya de la feroz censura impuesta por el propio gobierno que controla la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), que era la cadena que formalmente hizo la entrevista a los portavoces de los trabajadores, para luego meter la cinta en el cajón del material reservado.

Trevín echa a la policía y a los trabajadores del naval sus propias culpas

Estamos ante toda una curiosísima colección de asimetrías: «No voy a entrar en opiniones; los hechos son que hubo un trabajador herido, que recibió tres puntos, y lo lamento; y un policía, también herido, que recibió ocho puntos», explicó, para encadenar: «La Policía no interviene más que cuando es escrupulosamente necesario». En el encadenamiento de sus declaraciones, el delegado hace trampa, pues la suya es una afirmación muy osada, porque todo el mundo sabe que, cuando se trata de conflictos que entrañan una profunda carga política, lo "escrupulosamente necesario" no es una decisión de la propia policía, como generalmente sucede cuando se trata de cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana, en las que los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Aquí hablamos de otra cosa. No está bien que Trevín pretenda achacar de esta manera a la policía sus propias decisiones.

¡Qué tendrán que ver las intervenciones cotidianas de la policía, obligadas a ajustarse, por pura profesionalidad, con la estricta necesidad de ser realizadas como norma de comportamiento, con la órden política de cargar contra un grupo de trabajadores a los que el propio gobierno ha engañado de manera clamorosa! Dice este periódico que Trevín evitó responder a las acusaciones de representantes del comité de empresa de Izar, que calificaron la carga policial contra los trabajadores del astillero de propia del franquismo, y a continuación coloca el correspondiente contrapeso, con lo que se realiza un trabajo de ingeniería periodística fina, para dejar establecidos los equilibrios de costumbre: Tampoco entró a valorar las críticas del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que han exigido medios para poder detener al trabajador que hirió al agente, aunque Trevín pidió «respeto a la legalidad» y «rigor para cumplir las normas». «La Policía ha hecho bien su trabajo».

El que engañó a los trabajadores es el propio gobierno

Es evidente que la policía "ha hecho bien su trabajo". La que no hizo bien su trabajo es la autoridad gubernativa que ordenó cargar contra los trabajadores, a sabiendas del inmenso cabreo que tienen, por el engaño al que han sido sometidos por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que les dio la seguridad de que los cuatro astilleros que han quedado fuera de Navantia, como son Sestao, Sevilla, la fábrica de motores de Manises e Izar Gijón, no serían vendidos por separado, y ese compromiso ha sido violado de manera flagrante e insultante, pues no sólo se incumple el compromiso dado, sino que además pretenden que la venta de Izar- Gijón (que es el que conocemos) se realice a Astilleros Vulcano de Vigo, una empresa que no sólo está en quiebra, sino que además es uno de los accionistas de un grupo empresarial creado ex profeso por el propio gobierno causante del conflicto, a través de la sociedad PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), para hacerse cargo del otro astillero gijones, Naval Gijón, en manos de esa extraña sociedad de encargo denominada Astilleros Asturianos, que paga una renta por un suelo cuya recalificación urbanística ya ha sido solicitada al ayuntamiento. ¡Más claro el agua!

Una cosa es que se nos trate con demagogia, prepotencia y desmesura, algo a lo que el poder en general nos tiene acostumbrados, y -como decimos casi siempre- otra muy diferente es que se nos llame imbéciles. Para evitar que eso suceda, conviene poner las cosas en su sitio, especialmente cuando se trata de un gobierno que, como el que representa el señor Trevín, tiene muy mal tomada la medida de la legalidad, que se defiende pública y estrictamente cuando se trata de reprimir a unos ciudadanos que pretenden entrevistarse con las autoridades, en un acto en el que se inauguran unas instalaciones para las que se pretende todo el lucimiento, y a la vez, es de lo más laxo, cuando se habla de la paz en el País Vasco, como si allí se hubiese declarado una guerra, cuando nos enteramos de que por las mismas, ese gobierno se sienta con la representación política del independentismo radical vasco, que ha causado la muerte violenta de un número casi indeterminable de agentes de esos mismos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Se niega a los trabajadores el carácter de interlocutores que el gobierno otorga, por ejemplo, a los representantes de ETA

El propio gobierno que presume públicamente de "ser muy progresista", por tener contactos políticos con los interlocutores de ETA para logar el fin de la violencia -cosa que en sí misma no es nada rechazable y todos los gobiernos lo hicieron-, es capaz de negar ese diálogo a unos trabajadores a los que ha engañado a la vista de todo el mundo, y ahí es donde se revela un cinismo realmente sorprendente. El "respeto a la legalidad" y el "rigor para cumplir las normas" que Antonio Trevín exige a los trabajadores de Izar Gijón, no es el que aplica cuando se jalean las reuniones que sistemáticamente mantiene Patxi López con Arnaldo Otegui para tomarse unos txacolis en los caseríos de turismo rural de la nueva Euskalherria. La desproporción de trato es más que evidente.

Los trabajadores de Izar que petendían hablar con los gobernantes en el Acuario, no se sienten adecuadamente representados por sus sindicatos que están hablando con la SEPI, pues han rechazado los acuerdos alcanzados. Es decir, esos trabajadores niegan a sus interlocutores, sus cúpulas sindicales, la validez de su representación, y por eso buscaron un contacto directo con el delegado del Gobierno, que es el que ordenó, mientras no se demuestre lo contrario -estamos a la espera de la respuesta del ministerio del Interior a las preguntas de la Diputada-, una intervención policial que era claramente innecesaria, pues si la autoridad política se hubiese molestado en saber de primera mano lo que piensan los trabajadores de Izar, ahora no tendríamos que lamentar las consecuencias de ese violento encuentro.

La ley del embudo

El caso es que hoy, La Nueva España abre su edición de Gijón, con un titular en el que utilizando como pretexto las palabras de Trevín, se pide responsabilidad a los trabajadores, pero nadie tiene la oportunidad de salir pidiéndole responsabilidad a un gobierno, tan laxo con la legalidad cuando se trata de arrinconar al Partido Popular con una negociación como la que se desarrolla con ETA, que se está llevando de cualquier manera menos con cautela, para conseguir un estado de opinión que le permita conseguir un resultado conveniente para su causa en unas elecciones anticipadas, y ese mismo gobierno se pone estrecho y exigente, cuando el interlocutor es un grupo de trabajadores engañados, ni más ni menos que por el propio presidente del ejecutivo, y que además se sienten traicionados por las direcciones de sus sindicatos. ¿No es és la famosa ley del embudo?