Unas 216.00 personas -según cálculos propios llevados a cabo por el diario El Mundo, aunque los organizadores de la concentración multiplican esa cifra por cinco o por más- reprobaron en la calle la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero por cuarta vez desde la formación del Gobierno socialista hace algo más de dos años.

Cuarta manifestación preventiva. Contra una sospecha. O sea, contra algo que no ha ocurrido. Eso no es honesto. Doblemente deshonesto, porque doble es la sospecha endosada este caso: que Zapatero se ha vendido a ETA y que hay una conspiración de gobernantes, jueces y policías para ocultar la verdad de los atentados del 11-M. Aberrante lo segundo y demasiado lo primero, incluso para quienes somos críticos respecto a la extraña gestión del Gobierno y sus tratos con los responsables de cuarenta años de sangre y miseria moral.

El jefe de los organizadores, Francisco José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, califica de traidor a Zapatero. Y eso es una injuria. El aludido se defiende apelando a los deseos de paz que abriga una inmensa mayoría de españoles. Y eso es escurrir es bulto, porque ignora el segundo y fundamental término de la ecuación, el precio.

El discurso de Alcaraz durante la concentración del sábado en la madrileña plaza de Colón desbordó varias veces los límites de la discrepancia para incurrir en el exceso verbal, el insulto y la falta de respeto al presidente del Gobierno. "¿Tendremos que ponernos una capucha para que nos haga caso?", se preguntó con osadía más propia de los predicadores del alba que de una persona que dice hablar en nombre de las víctimas del terrorismo.

De las faltas de respeto cometidas no solo por Alcaraz sino por los asistentes a la marcha, dan fe los reiterados llamamientos de "respeto a todos los asistentes, aunque no se esté de acuerdo con ellos", según se oía por la megafonía del acto. Y también los aludidos. Aparte del mencionado presidente del Gobierno, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega -tratada de "tísica" por una manifestante en una emisora de radio-, o el nada sospechoso alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que acudió a la masiva concentración del sábado junto a los principales líderes de su partido (Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana,…) y que tuvo que escuchar de todo menos propuestas para concederle la medalla del santo Job.

Junto a la extravagante inclusión del 11-M, estas cosas restan fuerza moral a la reprobación de la doctrina Zapatero sobre lo que él llama la "paz". No es éste el mejor formato para preguntar al Gobierno, desde la discrepancia, por qué ha llegado a ser verosímil, al menos para 216.000 españoles, la sospecha de que se prepara a conceder a ETA lo que le pide a cambio de su disolución. O por qué Zapatero o sus ministros no salen al paso del matonismo de Batasuna y nunca le apagan los faroles.