Sorpresa entre los abogados que defienden a los afectados por la presunta estafa de Afinsa. El juez Santiago Pedraz decidió ayer la libertad sin fianza de los cuatro directivos y el principal proveedor de sellos de la compañía, que permanecían en prisión desde el pasado 9 de mayo, día en que se decidió la intervención judicial de Afinsa y Fórum Filatélico.

Lo que ha sorprendido es que el juez haya tomado la decisión sin esperar a que su juzgado haya autorizado la personación en las diligencias de los abogados defensores de los afectados, que desde hace semanas llevan pidiendo a los magistrados que instruyen el procedimiento su presencia en las actuaciones judiciales. Algunos de esos letrados llegaron a interponer una queja ante la propia Audiencia Nacional por entender que sus clientes se encontraban en una situación de indefensión.

La decisión del juez Pedraz afecta a Albertino de Figueiredo, su hijo Carlos, Juan Antonio Cano, Vicente Martín Peña y Francisco Guijarro, el proveedor que escondía 10 millones de euros en su lujoso chalé de La Moraleja (Madrid).

El juez Pedraz decretó prisión para los directivos de Afinsa el pasado 12 de mayo, argumentando que había peligro de fuga, toda vez que se habían acreditado “vínculos económicos de los querellados con el exterior” y “la existencia de sociedades patrimoniales” fuera de España. Igualmente, argumentaba que el “riesgo de destrucción de pruebas es todavía alto”. Las penas previstas, decía el juez, para este tipo de delitos, “podrían sobrepasar ampliamente los seis años”, por lo que entendía que, para evitar “la huida de los imputados”, había que internarlos en un centro penitenciario. El auto de prisión recordaba que la Agencia Tributaria había concluido que Afinsa se encuentra en quiebra, al arrastrar un déficit patrimonial de 1.106 millones de euros.

Todos estos argumentos son los que han desaparecido en el auto conocido ayer, en el que el juez no impone ninguna fianza a los acusados. Tan sólo se les obliga a presentarse en al Audiencia Nacional cada tres días, entregar su pasaporte y no salir del país; además de facilitar un número de teléfono móvil para estar permanentemente localizados.

Según algunos abogados defensores de los afectados de Afinsa, lo que ha chocado es el rápido cambio de criterio del magistrado, tratándose además de un asunto extraordinariamente grave que afecta a más de 350.000 personas (incluyendo el caso Fórum). Según esas fuentes, el hecho de que los abogados de los afectados no hayan podido personarse hasta el momento ha evitado que se haya podido reclamar la realización de algunas diligencias en aras de aclarar los presuntos delitos. Hasta ahora, los oficiales del juzgado han prometido de forma verbal a algunas asociaciones de consumidores que podrán personarse como acusación particular, pero no por escrito.

Adicae: “Es un escándalo, una barbaridad”

Tras conocer la decisión del juez, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, calificó de “auténtico escándalo y barbaridad” la puesta en libertad de los acusados. En declaraciones a Efe, Pardos consideró que los cinco deberían permanecer en prisión porque su puesta en libertad va a crear “una alarma social extraordinaria” y va a confundir “completamente” a la opinión pública y, sobre todo, a los afectados. Advirtió de que esta decisión judicial servirá de apoyo a los trabajadores de Afinsa que, desde la intervención policial, mantienen la inocencia de sus directivos y que hay dinero para pagar a todos, aunque jurídicamente “eso no sea así”.

”Aun así, creo que vamos a recurrir porque hemos presentado la personación hace casi 30 días”, aseveró Prados, que recordó a los afectados que, con la querella, el auto de procesamiento y el informe de Hacienda, no cabe duda de que los responsables de ambas compañías cometieron delitos.

Por el contrario, el director de la asesoría jurídica de Afinsa, José Luis Plaza, defendió que la compañía tiene solvencia y que no ha “estafado” a nadie, al tiempo que comentó que hasta ahora los responsables judiciales y policiales “no han encontrado nada en la investigación”.

En una conferencia de prensa -que coincidió en el tiempo con la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad a los cuatro directivos de Afinsa y al proveedor de sellos de la sociedad-, Plaza evaluó en 177,1 millones de euros lo que Afinsa tenía, el pasado 8 de mayo, antes de su intervención, en cuentas corrientes y fondos de inversión. A este dinero había que sumar, según Plaza, otros 43,4 millones de euros en inmuebles (integrados en la sociedad OIKIA).