Votar por internet, votar en pijama, de Josep María Reniu en El Periódico
La expansión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) a todos los ámbitos de la actividad humana parece verse ralentizada --y bastante-- si nos fijamos en su aplicación a los procesos electorales. Si bien la informatización de las etapas de recuento es una realidad consolidada, no sucede así en la primera etapa: la expresión del voto. Pese a que existen múltiples soluciones tecnológicas para el voto electrónico (desde lectores de papeletas ópticas hasta el voto remoto por internet, pasando por las urnas electrónicas de pantalla táctil), lo cierto es que el listado de experiencias vinculantes en nuestro país es aún muy limitado.
De hecho, desde 1995 sólo encontramos pruebas piloto en el ámbito público, sin ninguna validez jurídico-política, mientras que en el ámbito de la empresa privada y de algunas organizaciones profesionales sí se ha optado por su uso vinculante: ha sido el caso de varias juntas de accionistas, de la elección de la junta directiva del Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) o incluso la elección del rector de la Universidad del País Vasco.
En este contexto, podríamos preguntarnos si sería posible utilizarlo en el referendo sobre el nuevo Estatut. La respuesta, paradójicamente, es doble: sí y no. Los argumentos que apoyarían su adopción se centran en la viabilidad real, esto es: los sistemas se encuentran lo suficientemente desarrollados técnicamente para garantizar la seguridad y el anonimato del votante. No obstante, en algunos casos deberían considerarse medidas para evitar coacciones al elector. Así, la opción por el voto remoto por internet --el voto en pijama-- en un entorno no controlado podría provocar situaciones de suplantación de personalidad entre familiares o incluso conductas delictivas en el ámbito laboral.
TAMBIÉN apoyan la utilización del voto electrónico las distintas experiencias llevadas a cabo: existe la suficiente masa crítica para plantearse la realización de una elección política vinculante, si bien inicialmente sería en un reducido número de colegios electorales y de modo complementario a la votación tradicional. Finalmente, hay una serie de argumentos que se centran en las supuestas mejoras en el aspecto cuantitativo de la participación --especialmente la de los residentes ausentes--, así como en su sostenibilidad medioambiental, al reducir el uso de papel, o también en una mejora de la legitimidad democrática, al poder contar con un recuento casi inmediato de los votos emitidos.
Pero, sin embargo, hay un grupo de argumentos que dificultan su adopción. En primer lugar, existen importantes trabas de tipo jurídico vinculadas a la ausencia de una ley electoral propia y, por lo tanto, a la falta de previsión del uso de estos sistemas. En segundo lugar, hay que hacer mención de la dificultad de buena parte de la ciudadanía para el acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Esta división digital implica adoptar el voto electrónico como mecanismo complementario del tradicional y, en una primera etapa, dentro de entornos controlados como, por ejemplo, los colegios electorales.
Finalmente, hay dos factores adicionales que dificultan una migración rápida hacia estos sistemas y que abren interesantes debates. Por un lado, la totalidad de los sistemas presentan como uno de sus activos más relevantes la supresión de los errores. Es decir, el resultado de un proceso electoral en el que se utilice el voto electrónico hará imposible --a estas alturas-- los votos nulos, sean fruto de un error o de un comportamiento voluntario y consciente. Si bien en el primer supuesto puede considerarse acertada la supresión, dado que son prácticamente testimoniales, no podemos afirmar lo mismo de la segunda posibilidad. Como bien recordará el lector, el llamado voto nulo político fue una de las opciones que fueron planteadas por algunos líderes como opción de votación. Sin valorar su contenido, sí cabe defender la exigencia de que estos sistemas de votación incorporen esta opción. Aunque se podrá argumentar sobre su escasa relevancia, no hay que olvidar que son una forma más de participación activa en manos del ciudadano que, en algunos casos (las últimas elecciones locales en Euskadi o las elecciones argentinas), se convirtieron en vehículos de expresión crítica.
EL OTRO factor tiene que ver con la percepción de los ciudadanos, y en cierto modo desmitifica las supuestas bondades de la virtualidad tecnológica, así como la existencia de una cierta apatía en el ejercicio democrático. En distintos estudios hemos podido constatar que, ante la elección de uno u otro tipo de voto, los argumentos a favor del voto tradicional se centran en el aspecto litúrgico de la votación: la presencia en el colegio electoral, la convivencia con otros ciudadanos, la posibilidad de vivir y ver la totalidad del proceso refuerzan los sentimientos de pertenencia a la comunidad política y, a fin de cuentas, nos hacen sentir parte del colectivo. ¿Quién lo iba a decir, no?
JOSEP MARIA Reniu. Profesor de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona.
