Las mismas palabras, dichas en distintos momentos, adquieren significados diferentes. Sirva de ejemplo la resolución que el Congreso de los Diputados aprobó el 17 de mayo del 2005 a instancias del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y en la que se establecían las condiciones para un "final dialogado" del terrorismo. El texto no hacía sino repetir al pie de la letra el punto décimo del acuerdo de Ajuria Enea. Sin embargo, los significados que esas palabras tuvieron entonces y los que han adquirido ahora no parecen de ningún modo coincidentes. Hasta tal punto es así que el Partido Popular cree haber actuado con coherencia cuando apoyó, en 1988, el citado acuerdo y cuando rechazó, hace ahora un año, la resolución que lo repetía.

Ocurre que entre aquel acuerdo de 1988 y esta resolución del 2005 han sucedido muchas cosas en la lucha antiterrorista. La principal de ellas es que lo que en 1988 parecía imposible resultaba perfectamente factible en el 2005. Me refiero a la derrotabilidad del terrorismo etarra. En 1988, la idea misma de una "derrota policial" de ETA no entraba en la cabeza de quienes firmaron el acuerdo de Ajuria Enea.

Por eso, y porque se consideraba menos traumático y, por tanto, más conveniente, solo se pensó en un final en el que el desistimiento y el diálogo jugaran el papel preponderante. En el 2005, en cambio, tras los continuos éxitos policiales y judiciales que habían ido sucediéndose, la posibilidad de una derrota total de la banda terrorista estaba ya en la mente de casi todos. La idea del diálogo como instrumento para terminar con el terrorismo había quedado descartada casi por completo.

Las dificultades por las que en estos momentos está atravesando el proceso de paz tienen que ver con este cambio de perspectiva. El punto de inflexión se produjo cuando en el otoño de 1999 fracasó estrepitosamente la experiencia de Lizarra. Las tesis más intransigentes del entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, prevalecieron en el Gobierno de José María Aznar, y la idea de la "tregua trampa" se impuso como doctrina en la lucha antiterrorista. No valía solo para la que acababa de fracasar, sino que sería aplicable a todas las que en un futuro pudiera declarar la banda. ETA solo terminaría con la derrota. Así, si la perspectiva del acuerdo de Ajuria Enea era la de la solución dialogada, la de la era post-Lizarra sería la de la derrota policial pura y simple.

EN ESTE contexto de total escepticismo respecto de las intenciones de ETA, fueron labrándose las nuevas medidas que serían de aplicación en la lucha antiterrorista durante el segundo mandato de José María Aznar. El pacto por las libertades y contra el terrorismo, la ley de partidos y la ilegalización de Batasuna eran los instrumentos idóneos para la nueva situación. Puesto que con nadie habría que dialogar en el futuro, el brazo político de la izquierda aberzale resultaba prescindible. Y, si ETA volviera a hacer una finta para comprometer al Estado en un nuevo diálogo, el Estado debería resistirse a caer otra vez en la tentación de aceptarlo.

Pues bien, ETA ha vuelto a hacer la finta. La declaración de alto el fuego permanente del 22 del pasado marzo ha puesto de nuevo al Estado frente a la disyuntiva de optar, una vez más, por la estrategia del "final dialogado" o de mantenerse aferrado a la de la "derrota policial". El Gobierno, apoyado por todos los partidos minoritarios de la Cámara, se ha inclinado por la primera. El Partido Popular, por la segunda.

A primera vista, las dos estrategias podrían parecer incompatibles, pero el Gobierno considera que, en el fondo, no son contradictorias y que, manejadas con habilidad, podrían resultar incluso complementarias. Y, así, sin renunciar ni al pacto antiterrorista ni a la ley de partidos ni a la ilegalización de Batasuna, se ha propuesto recorrer el camino que pueda conducir a la solución dialogada según los parámetros establecidos en el acuerdo de Ajuria Enea.

El primer obstáculo se ha hecho ya presente. Procede, como no podía ser menos, de las medidas que se pusieron en práctica tras el fracaso de Lizarra: la ley de partidos y la ilegalización de Batasuna.

El Gobierno está sorteándolo de manera adecuada. Pues, si ninguna legitimación del terrorismo se produce por verificar, mediante el diálogo directo, la voluntad de ETA de abandonar definitivamente su actividad, ninguna legalización fáctica se deduce tampoco del diálogo que un partido entable con el brazo político de aquella para tratar de incorporarlo al acatamiento de la legalidad. Se trata, en ambos casos, de establecer unas bases sólidas sobre las que los futuros diálogos resolutivos puedan asentarse y conducir a buen término.

EL CAMINO no deja de ser, en cualquier caso, incierto. El Gobierno, al anunciar su decisión de reunirse con la banda y avalar el encuentro de los socialistas vascos con su brazo político, ha llegado probablemente al límite de lo que, en este momento del proceso, le es permisible. Solo sendos movimientos de respuesta por parte de ETA y Batasuna, en el sentido, la primera, de confirmar su voluntad de abandonar definitivamente la violencia y, la segunda, de dar los pasos necesarios para incorporarse a la legalidad, podrían lograr que el proceso no descarrile. A ellas les toca ahora garantizar la autenticidad de sus decisiones.

Por si esto no ocurriera, el Partido Popular se mantiene, con un oportunismo incomprensible, al acecho. Ha preferido correr el riesgo de comportarse con el Gobierno como ninguna oposición lo ha hecho en la historia de la democracia española. De ello habrá de dar cuenta, tanto en caso de éxito como de fracaso del proceso.

JOSÉ LUIS Zubizarreta. Escritor.