Algunas veces, las personas nos quejamos de que las cosas no funcionan bien, y cuando digo las cosas, aparte de las personales, que también, nos quejamos de lo público. La verdad es que queremos facilidades para tener una vida digna, vivienda, trabajo, educación, sanidad, administraciones competentes, buenas carreteras, buenos transportes, etcétera. Por eso es por lo que pagamos impuestos, para que lo necesario funcione y que funcione de la mejor manera posible. Y para que ello sea posible, delegamos la tarea en las organizaciones políticas y en los gobiernos que emergen de las urnas. Eso es la democracia, el menos malo de los sistemas de gobierno.

Una democracia se basa en la representación de la ciudadanía que, con sus votos, le entrega también su confianza. Pero a veces, con demasiada frecuencia, el ciudadano, en su delegar, no se involucra en el proceso que le representa; es decir, ocurre que una parte de la ciudadanía con derecho a voto se borra de esa representación, absteniéndose en las consultas, sean elecciones o referendos; como si aquello no fuera con ellos, cuando es seguro que lo que salga de las votaciones afectará a toda su vida. En otras palabras, no hay paraísos neutrales adonde no lleguen las leyes que se aprobarán mediante consultas. Las leyes son para todos, tanto para los que votan como para los que se abstienen.

Y la excusa esgrimida con frecuencia de que no se cree en la clase política no sirve para nada más en absoluto que para escurrir el bulto de la responsabilidad. Abstenerse también es una decisión política, cierto, y con toda la legitimidad del mundo, pero si luego las cosas no salen como uno esperaba, ya no es tan legítima la queja, porque la representación quedó menguada por la abstención.

Cuando un gobierno hace una consulta a la ciudadanía es porque el asunto, motivo de la consulta, le concierne directamente. La educación le concierne, también la sanidad, así como el transporte y la vivienda; todo ello son las cosas ordinarias de la vida, y también el orden de prioridades de resolución de cada problema. Ése es precisamente el único objeto de la consulta; que la ciudadanía se pronuncie sobre si apoya un cambio o no lo apoya. El nuevo Estatut de Catalunya no es más que eso, una serie de medidas que mejoran en cantidad y calidad el de 1979. Decir no a mejoras sustanciales en financiación y en competencias, como mínimo, resulta contradictorio con el querer mejorar un país. A no ser que ese no quiera decir otra cosa, por ejemplo, por parte de un partido político de la oposición, erosionar al gobierno que lo promueve, con intenciones partidistas para ocupar de nuevo el poder. Ahí, el Estatut no es más que el arma arrojadiza contra quien lo apoya. Y lanzar anatemas contra esas mejoras requiere de un lenguaje pervertido. Resulta difícil argumentar en contra de esas mejoras, y por eso se habla de la disgregación de España cuando lo que ocurre es que se está implantando un modelo de España más federal y cohesionado.

En todas las situaciones de cambio suele haber dos tipos de lectura: una, que el cambio va a aportar una mejora en la calidad de vida; otra, que no se mueva nada porque cualquier cambio significa el riesgo de perder algo de lo que se tiene. Algo hay de cierto en las dos lecturas aunque la diferencia es que sin cambios no se puede avanzar. Todo cambio supone un desequilibrio momentáneo de lo establecido, pero ello es necesario para rectificar el rumbo de la política acorde con lo que los tiempos traen. La vida es dinámica y el cambio es precisamente lo permanente, valga la paradoja.

Ahora, en el referéndum del Estatut de Catalunya, la ciudadanía tiene la palabra. Creo que es importante responder.

R. MARGARIT, psicóloga y escritora.