Pesca y derechos humanos, de Anna Tortajada en El Mundo de Cataluña
Durante todo este mes, desde que el día 8 de mayo se le hizo entrega del premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad que concede la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Aminetu Haidar, activista saharaui entregada a la lucha pacífica por los derechos de su pueblo, ha estado en nuestro país, denunciando la realidad que la población sufre en los territorios ocupados de su país, el Sáhara Occidental.
Desde que fue encarcelada y torturada por primera vez, durante cinco años, en 1987, por el régimen marroquí, esta mujer no se ha dejado amilanar y ha perseverado en su actividad, a pesar de las sucesivas detenciones, penas de cárcel y torturas a las que ha seguido sometida desde entonces, en la tristemente famosa Cárcel Negra de El Aaiún.
«Es un milagro que siga con vida, porque soy una mujer agotada físicamente por tantos años de desaparición y encarcelamiento, tanta tortura y tantas vejaciones. Pero aquí estoy y seguiré luchando con todas mis fuerzas, sabiendo que estáis ahí, luchando por nosotros», declaraba con motivo del Día Internacional Contra la Tortura. A esta mujer, cuando regrese, le espera una nueva condena de cárcel por haberse manifestado de nuevo, recientemente, en contra de la ocupación.
Mientras, en nuestro país, las asociaciones de amigos del pueblo saharaui ultiman los preparativos para la llegada de los niños saharauis, procedentes de los campamentos de Tinduf que, como cada verano, serán acogidos por numerosas familias españolas; y en el Principado de Asturias, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo se dispone a promover una campaña mundial para que se otorgue el Premio Nobel de la Paz de este año al Pueblo Saharaui. Dos muestras más de que la ciudadanía española, consciente de la deuda histórica que nuestros gobiernos han contraído con la antigua colonia, no se rinde ni abandona.
Lamentablemente, el gobierno Zapatero, a pesar de sus aires democráticos y de las reiteradas afirmaciones del propio presidente a comprometerse de forma activa en la búsqueda de una solución al conflicto que respete el derecho a la autodeterminación de este pueblo, ha vuelto a dar la espalda a los derechos de los saharauis, al apoyar el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Esos bancos de pesca forman parte de los recursos naturales del Sahara Occidental, sobre los que Marruecos no tiene derecho alguno.
Por lo tanto, dicho acuerdo es ilegal y no hace más que consolidar la política colonial de Rabat, como ha denunciado el gobierno en el exilio de la República Arabe Saharaui Democrática desde los campamentos de Tinduf. El gobierno español, principal beneficiario de este acuerdo de pesca, vulnera así, impunemente, la legalidad internacional, cuando debería ser el primero en reconocer los derechos de este pueblo al que todos los gobiernos de este país han traicionado, de manera reiterada, a lo largo de más de 30 años.
Esta nueva infamia descalifica al gobierno español como mediador en la solución del conflicto y lo coloca del lado de los verdugos.Más vergonzoso resulta todavía que ambos hechos -la firma del acuerdo de pesca y el reconocimiento público a una activista saharaui- coincidan con la publicación del informe de este año de Amnistía Internacional que denuncia los abusos de Marruecos en su permanente represión sobre la población del Sáhara Occidental.
Pero al parecer, a nuestro gobierno, le importan más los beneficios de la pesca que los derechos humanos de aquellos que en un funesto pasado, fueron ciudadanos españoles.
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