Desde el año 2001 venimos convocando anualmente a un centenar de miembros de los Tribunales de Cuentas latinoamericanos, en un simposium que durante una semana permite el conocimiento de los mutuos avances y el intercambio de experiencias e informes de auditoría entre ambos lados del atlántico. Para mí, supone un importante esfuerzo personal y profesional, pero nos permite colaborar con nuestros colegas latinoamericanos y generar en la comunidad de los órganos de control externo multitud de lazos para avanzar en red, tal como aprendí en mi paso por la gestión universitaria.

Iniciado cuando Ramón Muñoz Alvarez ejercía como consejero del Tribunal de Cuentas de España y yo como vicegerente de la Universidad de Salamanca, el Simposium de Fiscalización se celebró durante el año pasado en Oviedo y la actual edición acaba de finalizar en Mérida, organizada por la Universidad de Extremadura y patrocinada por la Intervención General de esa Comunidad. Cuenta entre los principales impulsores con la figura del austriaco Hubert Weber, actual presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, hispanoparlante y, dicho sea de paso, enamorado de Asturias.

La importancia de los Tribunales de Cuentas en Brasil queda patente con su principal competencia: aprobar las cuentas de las Entidades Públicas. Es una aprobación técnica, no política. En España estamos acostumbrados a esta última faceta, por ejemplo, cuando los plenos de los ayuntamientos aprueban (o no) las cuentas municipales. Pero este es un acto político que responde a las mayorías de gobierno y a la aprobación de la gestión. A diferencia de los administradores de las sociedades anónimas, que deben (todos) formular y firmar las cuentas anuales, con la responsabilidad que comporta, los concejales, por ejemplo, solo tienen responsabilidad política ante irregularidades o fraudes en las cuentas que aprueben.

Los Tribunales de Cuentas de nuestro continente emiten una opinión, mediante técnicas de auditoría, sobre la fiabilidad de información financiera que contienen las cuentas públicas. Los Parlamentos (y la opinión pública) valoran políticamente esos informes y salvo que de ellos se concluya malversación o falta de justificación de fondos, no se inician procesos de responsabilidad contable, competencia reservada en España para el Tribunal de Cuentas.

EN BRASIL, las cuentas públicas deben ser aprobadas por los Tribunales de Cuentas de cada Estado (las del Gobierno federal, por el Tribunal de Cuentas de la Unión) y para ello, instruyen un expediente de tipo judicial, con importante intervención del ministerio fiscal, y concluyen con un pronunciamiento expreso, como las sentencias. El gestor que no ve aprobadas sus cuentas por el Tribunal no puede ser candidato en ningún tipo de elecciones, lo que supone un importante acicate para el cumplimiento de la legalidad financiera. Es cierto que los sucesivos recursos jurisdiccionales pueden suspender y retrasar este reproche, pero tarde o temprano adquirirá firmeza. Esta es la verdadera competencia y responsabilidad de los Tribunales de Cuentas en Brasil, aunque también realizan multitud de auditorías operativas y medioambientales.

La Ley de Responsabilidad Fiscal, del 2001, similar a nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su lucha contra el endeudamiento y el déficit público, atribuyó a los Tribunales de Cuentas de los Estados brasileños, la obligatoriedad de elevar un informe trimestral sobre la deuda y los gastos de personal. Téngase en cuenta que en Brasil las administraciones no pueden gastar más del 60% del presupuesto (varía según la entidad) en las retribuciones del personal.

Estos órganos de control se consideran en la vanguardia de la lucha contra la corrupción. El propio Banco Interamericano de Desarrollo lo propicia patrocinando con 64 millones de dólares un plan de modernización para el periodo 2006-2008, con amplios programas de formación para varios miles de funcionarios de los Tribunales.

La conciencia de los problemas existentes llevó a estos órganos de control a fomentar la denuncia, incluso anónima, mediante la divulgación y publicación de libros y revistas, redactadas éstas con un lenguaje sencillo y comprensible, incluso en colecciones infantiles, que trasmiten la importancia del mensaje a todos los niveles de población. Durante el simposium, el consejero del Tribunal de Cuentas de Pernambuco Mauricio Figueiredo mostró el video de un popular cantante local (comparable a nuestro admirado Jerónimo Granda) que explicaba, guitarra en mano, cómo exigir legalmente responsabilidades a los gestores públicos.

PARA GARANTIZAR su independencia, cada uno de los siete consejeros de los 26 Tribunales estatales ostentan un nombramiento vitalicio, es decir, están en el cargo hasta su jubilación a los setenta años. Los europeos les hacemos frecuentes bromas al respecto y ellos responden siempre: "Si los jueces y magistrados lo son, por qué no los consejeros?". Con esa fuerza e independencia, son frecuentes la imposición de multas a los gestores públicos que, por ejemplo, fraccionan contratos o gastan sin crédito presupuestario.

El contrapunto lo pusieron algunos síndicos mexicanos, que son elegidos durante cuatro años por sufragio universal directo. Como ejemplo de la sabiduría popular, cuando los ciudadanos votan al candidato de un partido para gobernar, en la urna de al lado votan para síndico al representante del partido rival. De esta manera el pueblo, cree tener una institución realmente motivada.

Antonio Arias. Síndico de cuentas del Principado de Asturias.