Las jornadas organizadas el viernes y sábado pasados en Sitges por el Círculo de Economía, el club empresarial catalán al que, no se sabe muy bien por qué, hay que adjetivar obligatoriamente de “influyente”, venga o no a cuento, han supuesto un duro correctivo para ese Gobierno tripartito que vive sus últimos meses con más pena que gloria, tras el fiasco que en términos de gestión democrática de la normalidad ha supuesto la experiencia.

El sábado compareció en la tribuna de Sitges el actual consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, descrito por la poca gente con seny que va quedando en el Principado como “la última esperanza blanca del Partido de los Socialistas catalanes”, es decir, el único político con sentido común que queda en el PSC, después del desvarío en el que vive instalado el señor Maragall y de los groseros errores cometidos en Madrid por José Montilla como Ministro de Industria.

Al hablar de la última esperanza aludimos a la posibilidad de un liderazgo en el PSC cabal, no sectario, no empachado de nacionalismo, no perdido en los vericuetos identitarios, abierto al mundo y, por tanto, radicalmente opuesto a las pautas que han presidido la experiencia Maragall. Tuve la suerte de compartir almuerzo con el señor Castells hace unas semanas, y quedé favorablemente impactado por esa condición de tipo inteligente, sensato y demócrata integral, tan alejado del prototipo del quimérico y aventado Maragall.

Digo esto porque gran parte de la tragedia española, un país perdido en las refriegas territoriales mientras en USA, en India, en China, en Japón y en tantos otros sitios se decide el futuro de un mundo globalizado, tiene mucho que ver con las pobres prestaciones de una clase política intelectual y moralmente depauperada, con un Zapatero que no sólo asombra a Felipe González (“Éste sigue con su idea de que no pasa nada, que no va a pasar nada. Y se nos cae el invento. Está loco...”, (imprescindible ver El Mundo de ayer; imposible estar más de acuerdo con el juicio del sevillano), sino al 90% de los españoles no sectarios, un Rajoy prisionero en Génova, y unos políticos nacionalistas empeñados en hacer añicos la Constitución del 78 por mero afán de medro personal.

Y entonces va el señor Castells a Sitges, va la esperanza blanca del socialismo catalán y dice, pide, reclama a los empresarios catalanes “que se impliquen más en los problemas de la sociedad como han hecho históricamente”, es decir, y en román paladino, que apoyen el Estatuto, que se mojen a fondo en la política del tripartido, obviamente a favor de las tesis del tripartito.

Lo cual se me antoja un error y una nueva prueba de la enfermedad española y catalana del momento. Siempre he dicho que el gran problema de España es de democracia o, si quieren, de ausencia de una verdadera, sólida y acrisolada democracia. Y ese problema es particularmente grave en Cataluña, y no digamos ya en el País Vasco, sometidas ambas al monocultivo nacionalista desde la desaparición de la dictadura de Franco.

En una democracia digna de tal nombre, por ejemplo, en la británica, el líder de un partido político en el Gobierno seguramente diría, aconsejaría, obligaría a los empresarios a hacer empresa y a olvidarse de la política. Porque los empresarios están para hacer negocios y los políticos para hacer política, y cuando ambas esferas se cruzan y entremezclan, cuando no existe una línea de separación clara entre lo público y lo privado, entonces nos hallamos en un sistema que está lejos de haber alcanzado la madurez democrática. Entonces nos hallamos en España. Y no digamos ya en Cataluña.

La tarea de un Gobierno democrático en un Estado de Derecho que se precie consiste en establecer reglas de juego claras, y en obligar a los ciudadanos, desde el más humilde al más poderoso, a cumplirlas. En el campo de la libre empresa, además de hacer cumplir las leyes, los Gobiernos deben asegurar la existencia de una efectiva competencia. Establecido lo anterior, cualquier Gobierno con una pizca de sangre liberal en sus venas está obligado a sacar las manos del sector privado de la economía.

A sensu contrario, señor Castells, invitar a los empresarios a “implicarse más en apoyo al Estatuto” es invitarles a seguir pensando en que los buenos negocios, las concesiones, los chollos de todo tipo, se consiguen no compitiendo en libertad sino al lado del poder político, a la sombra del Gobierno de turno; invitar a los empresarios a hacer política es perpetuar el sistema del 3%, o del 10%, o del 20%, el porcentaje o la mordida al uso que ustedes quieran; es, en definitiva, dar alas a la corrupción, el gran problema español y, por supuesto, catalán.

Es obvio que hay montones de empresarios de todos los tamaños repartidos por la geografía española que hacen progresar sus negocios compitiendo a cara descubierta, pero es igualmente obvio que los grandes apellidos, las grandes fortunas, las mayores empresas del país siguen de una u otra forma operando bajo pautas de comportamiento típicamente franquistas, y eso es así porque han evitado realizar la menor reflexión o autocrítica al respecto, y porque siguen convencidas de que extramuros del poder político es muy difícil prosperar y hacer empresa.

Al final, éste es el problema de fondo que subyace detrás de tantos intentos de códigos de buen Gobierno corporativo, de tanto Código Olivencia, tanto Código Aldama, tanto Código Conthe. No es un problema de códigos, sino de actitud democrática del empresariado español. Desde esta perspectiva, oír a un tipo sensato como Castells animar a los empresarios a seguir chapoteando en la política no puede resultar más descorazonador. El de los empresarios, el de Cataluña, el de España, señor Castells, no es un problema de más o menos nacionalismo, sino de democracia. De falta de comportamientos democráticos.