La historia de la euforia financiera está llena de fiascos, de hombres que creían ciegamente las increíbles ofertas de otros, de riquezas esperadas, de enormes tesoros en los Mares del Sur y de botines de tulipanes extraños. Ahora y siempre se ha vendido en España sol embotellado, pero de repente la corrupción y el dinero negro estallan por los costados de la piel de toro.

Uno se pregunta si es que ahora sí se ha puesto la Agencia Tributaria a echar cuentas o si la Fiscalía se ha caído del guindo, pero resulta que llevaban años en el meollo y ahora salta todo. Como un volcán de detritus que emerge relacionado con los entes locales, el sector inmobiliario y el de los tangibles, entre otros.

En Marbella Vice está el embrión del delito que se expande. El escándalo de Marbella ha provocado sonrojo, entre otros sitios, en el sistema de financiación de los entes locales.

Recientemente Jaime Caruana, que desde que se está yendo dice verdades como puños -hay que irse para empezar a decir cosas-, subrayaba la necesidad de una reforma de la financiación de los ayuntamientos.

Que la especulación se convierta en modo habitual de recaudación de los entes locales no es más que una distorsión del sistema que, llevado a sus límites y en manos de desvergonzados, simplemente da lugar a episodios como el de Marbella, imposible sin el patrocinio de muchos y el silencio de otros tantos. Privados y públicos comparten vicios y permiten que se produzcan organizaciones como colonias de virus en las puertas de la democracia.

Hemos sabido que tenemos uno de cada cuatro billetes de 500 que circulan por Europa y empezamos a descubrir dónde se esconden: en bolsas de basura y en zulos que huelen a escayola de casoplones de algunos nuevos ricos sin escrúpulos.

Tras Marbella y Ballena Blanca llegó el zurrón de los sellos. 350.000 afectados y un mínimo de 3.500 millones de euros de agujero, con cuentas en Suiza y en Hong- Kong, con nombres que suenan a Gibraltar y el espectáculo de los políticos emboscados en teflón resbalándose entre sus propias responsabilidades. Porque nadie quiso hacer nada por poner coto a la situación, a la ausencia de normativa. Falló el legislador y dejó una amplia bahía para que los presuntos trabajaran a sus anchas construyendo la pirámide de Keops.

Ya está bien que el ICAC, ni éste ni anteriores, se entere de la misa la media en el ámbito de las auditorias. Ya está bien que las transferencias a las comunidades autónomas provoquen estos vacíos legales.

Una buena parte del caos especulativo en que se ha convertido el mercado de la vivienda se debe a que está transferido y el Estado se deja amilanar por la ambición financiera de los partidos en los ayuntamientos y las comunidades autónomas. De todas clases y colores. Y la nueva normativa sobre el Suelo recuerda a las anteriores, de resultados nulos sobre la especulación.

Está visto que casi todo lo que está transferido relacionado con el consumo, abre miles de posibilidades al fraude.

Ahí está el último movidón de la multipropiedad. 15.000 afectados por lo menos. 18 millones de euros de botín y, por ejemplo, media docena de denuncias por parte de los consumidores -por ejemplo, FACUA-, contra otras tantas empresas que campan a sus anchas, hacen los contratos a su libre albedrío y disfrutan de la ausencia de una legislación clara y concisa, por cierto, transferida a las 17 comunidades autónomas.

Visto el panorama, empieza a resultar extraño que no ocurran muchos más escándalos, estafas piramidales y timos a mansalva. Los últimos dos o tres escándalos se producen en sectores poco o nada regulados, con los gobiernos mirando para otro lado y los consumidores desamparados.

Hacen falta leyes que defiendan los derechos del consumidor ante casos como los descritos. Si no, vamos camino de convertirnos en el país de los escándalos.